El gobierno nacional eligió la estrategia de Bart Simpson: decir “Yo no fui”. En una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, con senadores y diputados de Cambiemos, además de otros funcionarios del Gobierno, se consensuó la postura oficial ante el pedido de detención de Cristina Fernández de Kirchner: tomar distancia, mantener cautela en las declaraciones y plantear que será un tema analizado en el Senado (allí el bloque de Cambiemos anunció que no será un “obstáculo para la Justicia”). Peña dijo luego que “los argentinos conocen al presidente Mauricio Macri y saben que no vino a manipular la Justicia”. Sólo algunos funcionarios guiados por el antikirchnerismo furibundo, como la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, o la diputada Graciela Ocaña, se pronunciaron sobre el pedido de desafuero. Macri evitó el tema en un acto público. La posición oficial no estuvo exenta de fisuras: antes de que el equipo de comunicación hiciera el trabajo de fijar una postura común, el jefe del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot, salió a celebrar la decisión del juez Claudio Bonadio. “Celebro que después de años la Justicia esté tomando el toro por las astas y asumiendo su rol”, sostuvo Massot, quien convalidó el criterio de detener a CFK. “Me resulta muy verosímil que la ex presidenta pueda obstruir el proceso judicial”, destacó. “El juez no está apartándose de la ley ni un centímetro, el juez está obligado a hacer lo que hizo”, indicó. También se adelantó a decir que el oficialismo votará a favor el desafuero, cuando luego el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, sostuvo que lo iban a estudiar (el pedido tiene no menos de 490 páginas). Lo mismo hizo el bloque de Cambiemos en el Senado. La opinión de Massot contrastó con el silencio y la cautela que se vivieron en Casa Rosada. “Está bien demostrado que fue una negociación muy irregular (la del Memorándum con Irán), pero de ahí a traición a la patria y prisión preventiva me parece un exceso”, opinó ante este diario un ministro. Una de las espadas del Gobierno en el Poder Judicial, en tanto, señaló a este diario que la decisión de Bonadio le pareció “un disparate antijurídico”. “Comodoro Py cree que se salva encarcelando K. Y de paso nos jode la agenda parlamentaria a nosotros”, se quejó un hombre del Gobierno sobre la catarata de prisiones preventivas que se vienen sucediendo desde las elecciones. La posición oficial se fijó en una reunión que tuvo el jefe de Gabinete con senadores y diputados. “Era una reunión ya prevista por otros temas”, sostuvieron en la Rosada. Estaba originalmente convocada para discutir el cronograma de tratamiento de las reformas que el Gobierno busca que se aprueben en el Congreso. Como es obvio, el pedido de detención de CFK terminó siendo el tema central de la reunión. Allí, Peña bajó una línea de “prudencia y cautela”. “Esto es una interna peronista sanguinaria. Nos acusan a nosotros, pero eso se lo deberían plantear al PJ y al Frente Renovador. Nosotros no tenemos nada que ver. ¡Lo puedo asegurar!”, juraba un funcionario ante este diario. En el encuentro se analizó qué posibilidades existen de concretar el desafuero y cuál sería la posición del bloque peronista que conduce Miguel Pichetto, indispensable para conseguir los votos que permitirían quitarle a la senadora la inmunidad de arresto: los análisis indicaron que las posibilidades no son buenas. “Esto lo tendrá que resolver el Poder Judicial (la Cámara Federal) y eventualmente el Senado. El Gobierno no interviene”, fue la postura que se fijó en ese encuentro y que quedó plasmada en un post de Facebook del jefe de Gabinete, tras la reunión con funcionarios y legisladores. “El procesamiento de la ex presidente es un tema estrictamente judicial”, sostuvo. “Dada la particularidad de la causa, por el tipo de denuncia y las acusaciones, creemos que es necesaria una investigación muy bien hecha y esperamos que se pueda desarrollar en la normalidad que requiere un tema institucional”, indicó, despegándose de la decisión de Bonadio. También le contestó a la ex mandataria, quien responsabilizó al Gobierno por el pedido de detención. “Más allá de las acusaciones, los argentinos conocen al presidente Mauricio Macri, saben que no vino a manipular la Justicia, sino que vino para ayudar a que crezca nuestro país y fortalecer nuestro marco institucional”, aseguró Peña. “Tenemos que acostumbrarnos a vivir en un país en que todos somos iguales bajo la ley y curar la desconfianza con las instituciones”, recomendó Peña. Macri evitó referirse al tema cuando participó de un acto para inaugurar el “Paseo de la República”, un paseo verde en la Quinta de Olivos. Quien no pudo con su genio fue Laura Alonso: “Cuántas imágenes, mentiras y difamaciones pasan por mi cabeza en este momento”, se solazó. La diputada Graciela Ocaña fue más directa: “Que el Senado no sea un aguantadero de corrupción. Es urgente el tratamiento del Congreso para que se le quiten los fueros a Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo la legisladora oficialista. “Es imperativo que todos los argentinos sepamos qué participación tuvo la ex presidente en el encubrimiento del atentado a la AMIA”, remarcó la ex ministra de Salud de CFK. Por su parte, Paula Oliveto –referente porteña de Elisa Carrió– consideró que el pedido de detención “es una señal para los que tienen la tentación del atajo, la soberbia y el vamos por todo”. Fueron solo algunos los que esquivaron el dispositivo de comunicación del oficialismo. La mayoría se cuadró. Claro que todavía no dijo nada Lilita.
