Desde Bariloche La actuación de ocho integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval quedó bajo análisis del juez Gustavo Villanueva para determinar las responsabilidades en el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel. Según pudo determinar PáginaI12, seis de los prefectos investigados por el juez son Francisco Antonio Lezcano, Guillermo Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Juan Ramón Obregón y Sergio Damián García. A pesar de estar identificados, no están imputados formalmente en la causa, por ahora caratulada “NN s/ muerte dudosa”. Es más, mientras Fausto Jones Huala y Lautaro González –los dos jóvenes que bajaron hasta la ruta el cuerpo de Rafael, luego de la balacera de los uniformados– pasaron cuatro días detenidos, el magistrado autorizó el regreso de los integrantes del grupo Albatros –20 en total–, a la localidad de San Fernando en la provincia de Buenos Aires, desde donde habían viajado a Bariloche. De acuerdo a los testimonios recogidos, los ocho prefectos investigados habrían sido los que avanzaron por la montaña y comenzaron a disparar al divisar al grupo de integrantes de la comunidad que se encontraban en el lugar, el pasado sábado 25 de noviembre. Uno de esos balazos ingresó en el cuerpo de Rafael por su glúteo izquierda y se alojó finalmente en el tórax, causándole la muerte. Otros dos jóvenes sufrieron heridas leves durante el operativo. Las armas de Lezcano, Cavia, Pintos, Sosa, Obregón, García y otros dos integrantes del grupo Albatros fueron secuestrados por Villanueva, quien ya ordenó que se periten para determinar si de alguna de ellas provino el disparo que acabó con la vida del joven Rafael Nahuel. También las ropas de los uniformados están en poder de la Justicia. Tal como informó este diario, al finalizar la represión se tomaron muestras con cintas de carbono a cada uno de los prefectos inicialmente implicados, para intentar determinar la presencia de pólvora en las manos. Pero las muestras se realizaron en un número menor al aconsejado por los estándares técnicos. La falta de las cintas de carbono en Bariloche fue la explicación. Ahora el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche deberá realizar por orden del magistrado un barrido electrónico de restos nitrados sobre las cintas de carbono identificadas como NIR BH1402, NIR BH1405, NIR BH1408, NIR BH1412, NIR BH1413, NIR BH1416, NIR BH1419, NIR BH1422, NIR BH1425, NIR BH1428 y NIR BH1466. Esta última muestra corresponde a Rafael Nahuel y fue tomada en la morgue del Hospital Zonal. Las abogadas de la querella de la familia de Rafael, Natalia Araya y Julieta Wallace, solicitaron formalmente este lunes el cambio de carátula en la causa, para que se tramite como “homicidio agravado”, en lugar de “NN s/ muerte dudosa”. Basaron el pedido en la identificación de los ochos prefectos que actuaron violentamente durante el operativo, así como en los testimonios que se sumaron en las últimas horas. Entre los testimonios más importantes, PáginaI12 pudo saber que testificaron los médicos que llegaron con las ambulancias al lugar de la represión el mismo día sábado 25, y que ratificaron que entre los miembros de Prefectura no había heridos ni de bala ni de arma blanca. Ante las preguntas del juez, los profesionales médicos dijeron no haber visto integrantes de la comunidad mapuche armados y dieron cuenta del enorme despliegue de fuerzas de seguridad en la zona. También declararon policías rionegrinos del área de Criminalísitica que participaron de la toma de la muestra con cintas de carbono, para la posterior detección de pólvora en las manos de los efectivos de Prefectura. Mientras la Mesa de Negociación insiste ante la Justicia sobre la necesidad de acordar el momento y la forma de la inspección ocular en el territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu, el juez Villanueva se muestra inflexible a cualquier negociación. En cambio, volvió a solicitar a la Policía Federal que informe si “están dadas las condiciones” para realizar la pericia en el territorio. En el proveído, solicitó que una urgente respuesta para intentar concretar la inspección durante esta semana. PáginaI12 reveló que el magistrado suspendió oportunamente la medida dispuesta para el pasado lunes, debido a rumores en las redes sociales. Según dejó registrado en el documento de aceptación del padre de Rafael como querellante, “tomó conocimiento por medio de las redes sociales” que “no todos los ocupantes del predio permitirían el ingreso” y por ese motivo postergó sin fecha la realización de la medida. El dato contrasta con la información que daba cuenta sobre un supuesto enfrentamiento entre uniformados e integrantes de la comunidad al momento de concretarse la inspección. Mientras el juez rechaza participar del espacio de diálogo abierto por las comunidades, el obispado, universidades y organizaciones, se espera para los próximos días el desembarco en Bariloche de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, que sesionará esta semana en la ciudad para escuchar todos los testimonios relacionados con el caso.
