Burocracia, nulidades, apelaciones, manipulación política o, simplemente, el cajoneo de las causas: casi la mitad de los casos de corrupción en los juzgados de Comodoro Py están en punto muerto. Así se desprende de un análisis realizado por LN Data sobre la base de la información recolectada por el Consejo de la Magistratura para llevar a cabo una auditoría sobre el estado de las causas de corrupción en manos de la justicia federal. Sobre más de 1000 casos de corrupción que están en trámite, el 46%, que involucran a funcionarios públicos y empresarios que ya fueron acusados e indagados por distintos delitos, están pendientes de resolución. Es decir, el juez ya interrogó a los imputados, pero aún no tomó una decisión para avanzar. El número alcanza el 77% cuando se trata de causas en trámite (con distintos imputados), en las que los magistrados no dispusieron siquiera la citación a declaración indagatoria. Se transforman en expedientes que navegan así en un limbo jurídico y político. A la espera quedaron cientos de funcionarios, empresarios y otros personajes públicos como "rehenes" de una resolución judicial que probablemente atraviese varias décadas de su vida. Los datos relevados hasta ahora por distintas ONG calcularon, en promedio, que el largo trámite de los grandes casos de corrupción demora unos 15 años. Los expedientes, al momento en que el Consejo tomó la muestra -noviembre de 2016-, llevaban un trámite, en promedio, de cinco años en Comodoro Py, según los cálculos realizados por LA NACION. La especulación política, el protagonismo mediático y la falta de voluntad para investigar a los poderosos son sólo algunos de los motivos que alimentan el incumplimiento de los tiempos procesales, coincidieron jueces, fiscales y abogados que caminan a diario Comodoro Py que fueron consultados por LA NACION. Pero las deudas no son exclusivas de los jueces, que tienen pocos controles y menos sanciones por incumplir los tiempos establecidos por el Código Procesal Penal para resolver las causas. "La Justicia es tolerante con el poder de turno y es feroz cuando esa gente deja el poder. En lugar de funcionar como una instancia de control del poder, la Justicia funciona como parte del juego al que debería controlar", sostuvo el fiscal federal Federico Delgado, el más crítico del sistema. Coautor del libro La cara injusta de la Justicia junto con la periodista Catalina D'Elía, el fiscal cuestionó la burocracia que impera en Comodoro Py: "Se privilegia confeccionar un expediente prolijo por sobre solucionar el conflicto. Es una cuestión cultural: separan la ley de la Justicia". Sólo los "agujeros negros" de Comodoro Py son capaces de hacer coincidir en su defensa a jueces y fiscales, ya que generalmente suelen dispararse acusaciones cruzadas por la demora de los expedientes. "Sin dudas, hay jueces peores que otros. Pero aun así el mejor juez tendría malos resultados con este sistema. Es imposible ser eficaz en Comodoro Py. Es un sistema obsoleto", sentenció uno de los magistrados que manejaron algunos de los expedientes más mediáticos y voluminosos del fuero federal porteño. Los tiempos del Código Procesal Penal son bastante más acotados de lo que expresan las estadísticas analizadas por LA NACION. Después de tomar una declaración indagatoria, los jueces tienen 10 días hábiles para expedirse sobre la situación de los imputados. Y una vez que se toma la decisión de procesar a una persona los magistrados tienen que elevar el expediente a juicio en un máximo de cuatro meses. Pero esos plazos, en la práctica, nunca se cumplen. Comodoro Py se convirtió en los últimos años en otro de los centros de poder político. Los tribunales federales porteños tramitan 1114 causas de corrupción, que involucran a funcionarios públicos de todos los colores políticos. Todos están atentos a los movimientos de esos expedientes. En especial los jueces, que miden cada decisión con la agudeza de un ajedrecista. Los números publicados por LA NACION se desprenden de una amplia muestra analizada de unos 6000 registros, que incluye más de la mitad de los juzgados de instrucción de Comodoro Py. La auditoría, que analizará datos de los últimos 20 años, intentará evaluar la performance de la justicia federal en materia de corrupción. El informe final será publicado en un sitio web especialmente diseñado por el Consejo de la Magistratura que estará disponible a partir de marzo de 2018. "Es fácil echarle la culpa siempre al juez. Para ser sinceros, gran parte de la culpa la tenemos los abogados, que metemos recurso tras recurso porque esperás que en el medio cambie el juez o pase algo que pueda mejorarle la situación a tu cliente. Acá en la Argentina siempre es mejor patearlo todo para adelante", reconoció un abogado que visita diariamente a jueces y fiscales. "Tenemos un gran problema: la sobrecarga de trabajo. Es imposible cumplir con los plazos porque el sistema quedó totalmente vetusto. En los últimos 20 años no hubo prácticamente cambios en la forma de trabajar ni en la cantidad de recursos que manejamos, pero la cantidad de causas se multiplicó", se quejó otro juez. La Justicia, sin embargo, prácticamente no ensaya autocríticas. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, señaló hace un mes en una conferencia que la transformación de la Justicia requiere "cooperación" de todos los poderes del Estado, en referencia -entre otras cosas- a los recursos para, por ejemplo, cubrir el 30% de las vacantes de los juzgados federales. "¿Con qué juez hablaste?", pregunta, irónico, otro abogado que los conoce de memoria. ¿El político o el jurista?, vuelve a preguntar, después de que este cronista le repite el apellido del magistrado. Y agregó: "Cuando hay un funcionario en el medio, el juez que habitualmente es rapidísimo se toma siempre más tiempo del que le corresponde". La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, cuestionó ayer que la causa Ciccone continúe bajo secreto de sumario porque le impide a ese organismo acceder a la declaración de Alejandro Vandenbroele, detenido y acogido al programa de protección a testigos. "Nos preocupa que se dilate este estado mientras aparece información en los medios que no podemos corroborar aún", escribió hoy Alonso en su cuenta de Twitter. Además, Alonso recordó que "sigue pendiente el pedido de procesamiento de Ricardo Echegaray que la OA hizo hace unas semanas". La funcionaria también cuestionó la "inesperada declaración" del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a quien "le abrieron el juzgado especialmente".
