La falta de evidencias ya pulverizó el invento oficial de que un pequeño grupo de mapuches radicalizados es el ISIS de la Patagonia. La propia ministra de Seguridad debió admitir que “RAM es un nombre genérico”, o sea que el Estado no tiene ninguna prueba de su existencia. Pero igual siguen las operaciones de inteligencia que crean fantasmas y predisponen el terreno para que las fuerzas federales puedan reprimir de modo ilegal y matar. La acción psicológica busca ocultar el único conflicto verdadero, que es la disputa de tierras con las grandes corporaciones. También obtura el único modo de solucionarlo: la negociación para cumplir con el artículo 75 de la Constitución y otorgar tierras comunitarias a los mapuches y otros pueblos originarios. La maquinaria oficial fue echada a andar en julio, antes de que desapareciera Santiago Maldonado. Y tiene la fuerza de una tromba. La potencia hizo que la tromba todavía no se haya detenido ni siquiera tras unas declaraciones públicas de Patricia Bullrich. Dijo la ministra de Seguridad el lunes 27 de noviembre en conferencia de prensa: “La RAM es un nombre genérico de grupos que actúan violentamente”. Y agregó: “Los queremos separar total y absolutamente de la comunidad mapuche y de cualquier comunidad originaria de la Argentina”. Más opiniones: “RAM es como un nombre pero puede haber otro grupo que se llame de otra manera”. “Se pone en el RAM a todo aquel grupo que no respeta la ley”, afirmó Bullrich. Es decir: La situación parece esquizofrénica. Este viernes primero de diciembre el fiscal general de Neuquén, José Gerez, se reunió con Patricia Bullrich. Luego emitió un comunicado: “El objetivo del encuentro fue poner en conocimiento de la ministra y su equipo de colaboradores el trabajo conjunto que hemos realizado desde el Ministerio Público Fiscal y la policía provincial en los casos en los que se investiga la posible vinculación del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”. Añadió que “han ocurrido hechos en los últimos meses, principalmente en la ciudad de Neuquén, donde aparecieron elementos que en principio permiten sospechar de la participación de personas vinculadas a esta organización y por lo que hemos tomado diversas medidas de investigación”. Entonces, ¿RAM sí o RAM no? Gerez es la misma persona que el 20 de noviembre anunció: “Dimos con la conexión local de la RAM”. El periodista Santiago Rey, director de la web patagónica “En estos días”, preguntó a Gerez si daba por hecha la existencia de RAM como tal. “Me encantaría hablar más cosas, pero no puedo decirte más nada”, respondió Gerez. Informó que en un operativo había secuestrado cinco “armas de guerra, tres largas y dos cortas”, 100 gramos de marihuana en una casa de Cipoletti y 800 gramos más en Balsa Las Perlas. La peligrosidad se completaría con el hallazgo de folletería con “simbología mapuche”. Uno de los demorados por orden de Gerez, el ex detenido y torturado durante la dictadura Eduardo Paris, explicó que sus armas son viejas y sin uso reciente. Una de ellas pertenecía a su padre y otra a su abuelo. Otra escopeta la compró Paris al salir de la cárcel para cazar y vender los animales. Calificó a Gerez de “sicario al servicio de los intereses internacionales que quieren quedarse con la Patagonia”. Antes de llegar a la jefatura de los fiscales Gerez fue asesor legal penal de la Secretaría de Seguridad de Neuquén, organismo del que depende una de las policías bravas más bravas de la Argentina. Bien leídas, tanto las palabras de Bullrich ante la prensa como las de Gerez en su comunicado introducen una novedad: empiezan a tomar distancia de las aseveraciones iniciales sobre la existencia de RAM. ¿Por qué lo hicieron? Una chance es que las fuerzas de seguridad estén integradas por una manga de tontos que cuatro meses después no logró conseguir ninguna evidencia. Que la tontería sea extensiva a las policías provinciales y a la Justicia en todas sus instancias. Que los poderosísimos Carabineros de Chile no hayan aportado un solo dato real. Otra chance es que, cuatro meses, después la ficción empiece a ser insostenible incluso para sus creadores. Todo invento tiene un límite. Más aún cuando queda manchado de sangre. Los funcionarios del Gobierno empiezan a girar, quizás, hacia una apreciación más realista del tablero. El problema es que no pusieron el guiño. Entonces una maratón de operadores y algunos periodistas que creyeron en la fábula por desidia o ignorancia siguieron de largo. Y repiten. Y repiten. Y repiten. La verdad es que una sola vez alguien dijo que pertenecía a RAM. Fue Facundo Jones Huala, el dirigente mapuche radicalizado que fue detenido una vez, liberado más tarde y vuelto a detener luego de un seguimiento de inteligencia realizado por la Gendarmería. La última detención es la que desató las protestas de la comunidad sobre la ruta 40 y provocó el operativo ilegal de la Gendarmería en Cushamen. En ese marco murió por inmersión e hipotermia de Santiago Maldonado. A principios de agosto Jones Huala dijo al programa televisivo de Jorge Lanata que pertenecía a RAM. Al diario La Nación le dijo que había pertenecido pero que “ahora estoy afuera”. No dudó en compararse nada menos que con el Fidel Castro de “La historia me absolverá”, su famosa defensa luego de ser apresado en 1953. “La cárcel y este proceso son parte de mi tribuna, como también lo fue para Fidel el asalto al cuartel Moncada en Cuba. ” Más allá de su mesianismo, Jones Huala se definió partidario de la “destrucción del capitalismo”, tarea ardua sin duda, pero no delictiva, dijo buscar “la recuperación de tierras productivas y sagradas en manos de latifundistas” y manifestó que no quiere “que se instalen mineras, petroleras e hidroeléctricas en nuestro territorio”. De ahí en adelante ni Jones Huala ni otros dirigentes mapuches volvieron a mencionar al RAM, una sigla que se mantuvo viva en los grandes medios de comunicación gracias a la publicación de supuestos informes de inteligencia que parecían manuales de intoxicación y a declaraciones de altos funcionarios. O más bien funcionarias. Este diario fue informando al detalle no solo los vaivenes del caso Maldonado sino el trasfondo sobre el que alertó, antes de la crisis pública, la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez. Cuando habla de las atribuciones del Congreso, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución de 1994 cita: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, la “personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan”, que no serán enajenables ni embargables. El Congreso debe “asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan”. Aclara que “las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. La comisión que redactó ese artículo en la Convención de 1994, aprobado por unanimidad, fue presidida por la radical Elva Roulet. La integró, entre otros, el actual senador Fernando Pino Solanas. El último jueves Solanas impulsó una Mesa por la Paz y Contra la Violencia hacia el Pueblo Mapuche. La integran, entre otros, el Nobel Adolfo Pérez Esquivel, el internacionalista Juan Gabriel Tokatlian y el especialista en derechos humanos Víctor Abramovich. “Los conflictos de la tierra no se pueden resolver a balazos”, dijo Solanas después del asesinato de Rafael Nahuel el sábado 25 de noviembre. El viernes Solanas retomó el tema en el programa “Te quiero” de la 750. “Cuando patean los problemas para adelante hacen que el conflicto crezca y finalmente estalle con el antipático corte de rutas, hacen que se enrarezcan los humores”, dijo. “No hay en la sociedad conciencia de lo grave que es este globo de ensayo. Después de más de un mes de haber votado por unanimidad la ley que impide los desalojos de las comunidades indígenas, la 26.160, no se puede admitir que el conflicto social, que es complejo y obliga a que participen distintos sectores, que necesita contribuciones desde afuera como la Iglesia o un grupo de personas, se resuelva a balazos. ” “Están totalmente del tomate”, dijo Solanas. Sobre la muerte de Nahuel explicó: “Encima que una funcionaria de primer rango como la ministra de Seguridad mienta descaradamente y hable de tiroteo, y que la vicepresidenta diga que el Estado puede tener beneficio de la duda, obligan a empezar de vuelta, porque no han leído ni la Constitución”. Añadió que “el Estado tiene el monopolio de la fuerza pero no el beneficio de la duda: lo que no está expresamente permitido no lo puede hacer el Estado”. El obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, no tuvo dudas al comentar la muerte de Nahuel. “Yo no conozco la existencia del RAM y veo que se está armando un enemigo”, dijo. “Si hay un grupo que actúa en forma violenta tiene que actuar la ley”. Al recordar los conflictos que Solanas definió como complejos, el obispo dijo: “Acá hubo desalojos históricos que se hicieron muy violentos. Y cada tanto aparecen incendios de refugios, aparece la palabra RAM, pero yo no los conozco”. Chaparro tomó protagonismo después de la represión del Grupo Albatros de la Prefectura que participó en la muerte, con un balazo desde atrás, de Nahuel, de 22 años, a quien sus amigos y sus maestros salesianos llamaban “Rafita”. El obispo describió que “hay quienes están organizados, luchando por sus derechos, algo natural como cualquiera de los colectivos que tenemos en nuestra patria, pero la mayor parte de las comunidades no están en la violencia”. “Buscamos canales de diálogo y caminos racionales dentro del marco de la ley”, dijo Chaparro. “Tengo esperanza de que se abran caminos para que no sumemos muertos. ” En Bariloche comenzó a funcionar otra mesa como la de Solanas. De las conversaciones participó Jimena Psathakis, directora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Justicia. Psathakis nunca repitió la ficción RAM y definió a la ley 26.160, que obliga a terminar con el relevamiento de las tierras en conflicto, como “el único instrumento legal que aunque no resuelve la cuestión de fondo sobre la propiedad comunitaria indígena, intenta avanzar sobre un primer reconocimiento del Estado sobre la ocupación territorial de los pueblos originarios”. En otras palabras, que la ocupación no es un acto ilícito como pregona la red de repetidoras y repetidores de Bullrich. Es una realidad que precisa reconocimiento y avances. ¿Hay enfoques distintos dentro del Gobierno, ahora que todos saben que los Reyes Magos son los padres y RAM los servicios de inteligencia? Por cualquier cosa la ministra cuida su territorio y no abandona el lenguaje agresivo. “Se acabó el mundo del revés”, dijo Bullrich. “Vamos a cuidar a los argentinos que viven en el sur. ” No aclaró a quiénes se refería. El Estado no vela por la seguridad de los argentinos solamente sino por todos los que habitan suelo argentino. Además, el Presidente podría enojarse con la ministra si deja desprotegido a su amigo Joe Lewis, el magnate inglés listado por Forbes que mantiene cerrado el acceso al Lago Escondido contra un fallo de la Justicia. (email protected)
