"Desde el primer momento se aceptó la realización de la inspección ocular, porque la primera preocupación es el esclarecimiento del asesinato de Rafael Nahuel", dejaron en claro los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu en el acta de acuerdo que firmaron tras un nuevo día de la mesa de diálogo en la que está presente el Gobierno nacional, a través del INAI, el Obispado de Bariloche, entre otros representantes multisectoriales. Ante la expectativa de la orden de inspección, que debe dar el juez Gustavo Villanueva, se acordó que representantes de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y de la Universidad del Comahue, se presentarán como amicus curae. En el acta firmada por todos, las comunidades reflejaron la "preocupación por los rumores que circulan sobre la posibilidad de otra acción de desalojo en la comunidad" y se volvió a exigir la presencia en la mesa de diálogo de un actor fundamental frente a la posibilidad de una solución alternativa: Parques Nacionales. Ese punto parece estar demorado por el Gobierno nacional, que a través de su representante, la titular del INAI, Jimena Psathakis, insistió en la postura de la Casa Rosada para que la comunidad se retire del territorio. En el primer punto del acta, sin embargo, se reconoce el respeto de "las instancia de deliberación del pueblo mapuche". A pesar de que varios medios informaron que la comunidad aceptó recién esta tarde una inspección ocular en la zona donde fue asesinado Rafael Nahuel, en el acta la Lof Lafken Winkul Mapu y los representantes de las comunidades mapuches dejaron en claro que "desde el primer momento aceptaron la realización de la inspección ocular", mientras que también se dejó constancia de que la primera indagatoria de la causa por el asesinato del joven descartó la presencia de armas de fuego en la Lof en Villa Mascardi. La realización de la inspección ocular depende del juez Villanueva y es algo que desde el lunes pasado, la abogada de la APDH, Natalia Araya, que representa a la comunidad está exigiendo que se realiza de manera "inmediata". En el mismo tono, ayer, el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, aseguró “no hubo ningún intento de inspección” por parte del juez y desmintió las versiones de que la comunidad haya atacado con piedras a personal judicial, que se acercó al lugar para realizar esa diligencia. "Las comunidades expresan su preocupación por los rumores que circulan sobre la posibilidad de otra acción de desalojo en la comunidad. Se plantea la necesidad de que la mesa establezca modos de acción ante la posibilidad de que suceda una emergencia que comprometa la vida de las personas", quedó expresó en el acta de hoy. Ante esa amenaza, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro informó que realizó un pedido para que el juez garantice el derecho a la vida y el cumplimiento de la prórroga de la ley 26.160, que suspende los desalojos sobre comunidades originarias y campesinas.
