La frase es alarmante: “Hay guerrilleros en la Patagonia”. Hay más, dichas por la misma voz: “Son células terroristas”. Hablan de comunidades aborígenes radicalizadas en el sur austral, dedicadas a la violencia política. Más frases: “No hay dudas de que estas organizaciones clandestinas operan a ambos lados de la cordillera con apoyo logístico en nuestra región”. ¿Quiénes lo dijeron? ¿La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? ¿La Sociedad Rural Argentina? ¿Los Benetton? ¿Voceros de las policías de Río Negro, Chubut, Nequén? ¿Sebastián Piñera, candidato a Presidente de Chile? ¿Mauricio Macri? ¿Aldo Rico? Quienes hicieron esas declaraciones, hace ya un lustro, en el 2012, son los miembros de una familia de San Martín de los Andes, los Aigo. Son mapuches. Sangre originaria del Sur. Uno de ellos, José Aigo, trabajaba de policía. En un control en una ruta en el que estaba chequeando los vehículos junto a un compañero, a la altura de Paraje Pilo Lil, a 50 kilómetros de Junín de los Andes, paró a una camioneta para revisarla. Buscaban cazadores furtivos. Trabajos de policías en la Patagonia. Diferentes a los de conurbano bonaerense, paradójicamente más salvaje. Aigo no lo sabía, pero a medida que se acercaba a esa camioneta Mitsubishi L 200, su vida iba terminándose. La camioneta era manejada por Juan Marcos Fernández, hijo del entonces intendente de San Martín de los Andes, Juan Carlos Fernández, del Frente para la Victoria. Lo acompañaban dos personas hacia un destino aún desconocido. Esos dos pasajeros furtivos fueron los que acribillaron a balazos a Aigo. Su compañero policía, de apellido Guerrero, logró resistir. E intentó ayudar a Aigo, que manchaba la ruta, la camioneta, desangrándose. Sangre mapuche. Aigo murió en el Hospital de San Martín de los Andes. El hijo del intendente fue demorado e imputado en una causa como partícipe del crimen. Los asesinos, dos, huyeron. Eran chilenos. "Guerrilleros". Así se identificaron una vez que llegaron a su país por un pase fronterizo clandestino. Hasta emitieron un comunicado admitiendo su crimen. Reivindicándolo. El 12 de junio del 2012, Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres difundieron sus creencias escribiendo así: “Ni hubo reacción precipitada o antojadiza, ni menos premeditada, sino un incidente enmarcado en el histórico conflicto social y de clases del cual somos parte. Intentamos una reducción de ambos policías y conminarlos a tirar sus armas y rendirse… todo se frustró porque el sargento Aigo se resistió y se produjo un enfrentamiento prolongado con las consecuencias conocidas”. Ambos eran buscados en Chile por acciones similares, vinculadas a una ideología basada en la no creencia del Estado de Derecho. Ellos, que firmaron ese comunicado atroz reivindicándose como guerrilleros, narraron cómo fue que escaparon de la búsqueda de las fuerzas de seguridad argentina. La vinculan con su lucha por la restauración del dominio total de la Patagonia por parte de la comunidad mapuche, algo que sólo se llevará a cabo, consideran, mediante el uso de la violencia armada. Esto dijeron los todavía prófugos de la Justicia Salazar Oporto y Cortés Torres: “La primera noche la caminamos hasta el amanecer, cuando decidimos escondernos en un acantilado, donde nos atrincheramos. Nunca llegaron a ese lugar, a pesar de que veíamos el gigantesco despliegue policial por tierra y aire, cómo rastrillaban la zona y revisaban con binoculares”. Y agregan, explicando lo que piensan y lo que pensaban en esa noche clandestina y sangrienta: “Aún no sospechábamos lo que nos tocaría vivir en todo ese tiempo: una odisea y a la vez un verdadero viaje místico por nuestro wallmapu (nación mapuche)”. El juicio por el asesinato de Aigo quedó impune. Los dos guerrilleros chilenos nunca fueron capturados. El asistente irreductible de la senadora electa Cristina Fernández, el neuquino Oscar Parrilli, apoyó políticamente al intendente Fernández y a su hijo. Y después avaló la entrega de tierras a mapuches radicalizados de San Martín de los Andes. Los Aigo hoy siguen desolados. Y ven y sufren por la violencia aborigen, mínima entre las comunidades originarias de la zona, identificada con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y cada vez más violenta, con más muertos recientes, con su muerto ya olvidado y que jamás tuvo mucho eco mediático en Buenos Aires. Los mapuches radicalizados que no creen en el Estado Nacional son la minoría total, pero sus acciones van creciendo en cuanto a relevancia, aunque no representan a quienes dicen representar. La mayoría de las grandes comunidades mapuches de Río Negro, Neuquén y Chubut rechazan los métodos de la RAM para replicar sus reclamos a los centros urbanos, a la Capital Federal, a los medios, al mundo. Uno de los referentes de esa rama violenta es el preso con espera de pedido de extradición a Chile, Facundo Jones Huala, quien está acusado en ese país de incendiar una casa con sus habitantes adentro. Murieron. Jones Huala, desde su encierro carcelario, dio una entrevista a canal 13 y habló del policía mapuche Aigo. “Uno hace elecciones en la vida, es muy triste que la mayoría de los mapuches sean policías. El eligió defender los intereses de los capitalistas, es triste, evidentemente una persona pobre que no tiene comprensión, no tienen análisis y tampoco tiene ganas de trabajar, porque para mí los policías son vagos, no son capaces de agarrar una pala y se meten de policías, nosotros hemos vivido mucha pobreza y yo prefiero hacer cualquier cosa antes que meterme de uniformado”. Es coherente, el señor Jones. “Cualquier cosa”, para él, es “cualquier cosa”. En otro reportaje aseguró que Nicolás Maduro había dicho que sería un “honor ser sancionado por el capitalismo”, y que para él, entonces, “sería un honor ser considerado terrorista por el capitalismo”. Esa supuesta valentía no se traduce en hechos. Desde la cárcel, manda a sus seguidores de la RAM a protestar en forma violenta por su libertad, pelea judicialmente para no ser extraditado a Chile, donde se lo juzgará, si es que llega a ocurrir esa instancia judicial, como terrorista. El problema de la RAM en el Sur argentino no es nuevo. No son nuevos los muertos que produce ese fenómeno complejo. Y el Gobierno nacional deberá intentar usar la política, y no las armas, para comprenderlo e intentar negociar con miembros de una agrupación, la RAM, que no tiene interés en negociar con ninguna autoridad política porque directamente no cree que existan las leyes argentinas. Sea quien fuere el responsable de matar en medio de esta situación, algo debería cambiar para que la violencia en esos parajes de paraíso natural no sean más escenas de homicidios evitables. La Prefectura Naval, acepta de forma informal el Gobierno Nacional, podría haber matado de un balazo de una 9 milímetros al joven Rafael Nahuel durante un desalojo de tierras en el parque nacional de Villa Mascardi, Bariloche. La familia de Nahuel busca Justicia. Pero el juez que debe intervenir para dilucidar si fueron las fuerzas policiales las que lo mataron, no puede llegar al lugar del crimen porque la RAM se lo impide. Paradojas patagónicas. Los Aigo siguen esperando que el asesinato de su hijo no sea olvidado tras la impunidad del juicio sobre el caso, que quedó en la nada. Facundo Jones Huala, de la Justicia, intenta escapar.
