El gobierno de Mauricio Macri presionó al juez federal Gustavo Villanueva para que ingrese cuanto antes al territorio ocupado de la Villa Mascardi, en Río Negro, para hacer las pericias y obtener pruebas sobre la muerte de un activista mapuche. Quiere que el magistrado ordene el desalojo del Parque Nacional usurpado para poder sacar a esa comunidad con la fuerza pública. Luego de la reunión de gabinete, que presidió Macri, el jefe del Gabinete, Marcos Peña, criticó al juez Villanueva por no haber podido ingresar a los terrenos ocupados para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento que terminó con la muerte de Rafael Nahuel, tras un choque con una patrulla del grupo Albatros de Prefectura Naval. "Da la sensación de que no es lo ideal que en una circunstancia así no se pueda ir al lugar y consolidar las pruebas", dijo Peña luego de la reunión de ministros en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Insistió además en que ese grupo radicalizado indigenista, vinculado con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), "se ha caracterizado por su violencia". De ese modo, Peña le dio un fuerte respaldo a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, que habían criticado al juez y al grupo de reivindicación mapuche. Por otra parte, fuentes de la Casa Rosada aseguraron a LA NACION que el Gobierno espera que Villanueva pueda dictar una orden de desalojo de los grupos usurpadores de la Villa Mascardi. De ese modo, la orden de Patricia Bullrich sería desalojar el parque nacional y, si el juez lo dispone, detenerlos por el delito de usurpación. Peña planteó la "preocupación" del Gobierno porque "no se pudieron asegurar las pruebas y el lugar para saber qué pasó" el sábado último en la zona del Lago Mascardi, donde murió de un balazo Nahuel, de 22 años. En el Gobierno existe malestar con el juez Villanueva porque está negociando con el grupo que usurpó la Villa Mascardi y recibió tres promesas de permitir los peritajes pero no cumplieron y agredieron a las fuerzas de seguridad a piedrazos. "No puede haber peritajes sin desalojo del predio", aseguran en la Casa Rosada. Por otra parte, Bullrich y Garavano sospechan que detrás de la toma de tierras esta la mano de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), de Chile, que es un grupo vinculado estrechamente con la RAM y la comunidad de Lafken Winkul Mapu, que tomó Villa Mascardi. En ese sentido, Garavano, dijo que se investiga el "posible ingreso de unas 40 personas desde Chile" a través de un cruce fronterizo ilegal. En una rueda de prensa en la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, Peña señaló que Villanueva debería forzar el ingreso a los territorios usurpados. "Estamos hablando de un operativo judicial ocurrido el fin de semana y ordenado por un juez (Villanueva) y una fiscal y en el que las fuerzas de seguridad actuaron de auxiliar de la justicia, y da la sensación de que no es lo ideal que en una circunstancia así no se pueda ir al lugar y consolidar las pruebas y la información para poder completar el objetivo de la manda judicial", señaló Peña luego de reunirse con Macri. "Es muy importante el no haber podido asegurar las pruebas y el lugar como para saber qué paso", dijo, al tiempo que ratificó: "Nos genera una preocupación". Precisó en ese sentido que se está hablando de un desalojo "en un parque nacional" y "de un grupo que se ha caracterizado por su violencia y que no tiene nada que ver el accionar de la inmensa comunidad de mapuches que no han tenido esta actitud".
El Gobierno presiona al juez para que desaloje la ocupación mapuche y teme que se alteren las pruebas
Marcos Peña advirtió sobre los riesgos de no poder ingresar a la zona para hacer las pericias y determinar las circunstancias del enfrentamiento que terminó con la muerte de un joven mapuche