"Si a (Guido) Otranto lo hubieran dejado trabajar, a Maldonado se lo habría encontrado antes". La reflexión pertenece a un alto funcionario de Gobierno y sintetiza el contenido de la reunión de ayer en la Casa Rosada en la que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, terminó de trazar la estrategia a seguir públicamente, en paralelo a la investigación por la muerte de Rafael Nahuel en un presunto tiroteo con Prefectura en Villa Mascardi. Más que una evaluación del accionar de las fuerzas de seguridad, en la cumbre se volcaron fuertes críticas al juez Federal Gustavo Villanueva, quien ordenó el operativo de desalojo, pero a la vez negoció con la comunidad Lafken Winkul Mapu condiciones especiales para actuar, lo que despertó el enojo cerca del Presidente. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich había llegado a la reunión alarmada por la instancia de mediación abierta por Villanueva con los 20 mapuches que se refugiaron en la montaña. Pero, a su vez, fortalecida porque el tiempo, según entiende, le dio la razón: no cumplieron con la promesa de entregarse para ser imputados por el delito de usurpación, ni permitieron el ingreso de las fuerzas para preservar la escena del hecho. Ayer los mapuches resistieron a piedrazos cuando los peritos buscaban ingresar para juntar evidencias sobre el supuesto enfrentamiento que terminó con la muerte de Rafael Nahuel. Villanueva es el mismo juez que debe definir la extradición a Chile de Facundo Jones Huala, el líder de Resistencia Ancestral Mapuche acusado de terrorismo en ese país. En la conferencia que Bullrich dio ayer con el ministro de Justicia, Germán Garavano, insistió con las trabas que tuvo la fuerza y la Justicia para entrar al territorio: "Las armas aún están ahí, o ya las sacaron, porque no se pudo entrar y la patrulla de Prefectura, cuando quiso entrar al lugar, fue desarmada", dijo. El resabio que se vibra en un sector del Gobierno por haberle dado demasiado crédito inicialmente a Otranto en el caso Maldonado fue el espaldarazo al que recurrió la ministra para salir a advertirle al magistrado que las fuerzas a su cargo "no van a aceptar ninguna orden ilegal ni anti jurídica". En aquella ocasión, desde el Gobierno nadie habló, al menos durante las primeras semanas, de las demoras de Otranto en garantizar el predio donde había desaparecido el tatuador. En cambio, la pasividad de Villanueva en las últimas horas, esta vez generó preocupación inmediatamente. "Para investigar es necesario que se preserven todo el lugar", señalan en Balcarce 50. Así, luego de escuchar de boca del gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck el detalle de todos los episodios de violencia que se vivieron en esa provincia en los últimos tiempos, el Gobierno decidió endurecer su posición y no ceder más ante los concesiones que, eventualmente, dispusiera el magistrado. "Esto grupos violentos le mintieron al juez porque le dijeron que ayer se entregaban y no se entregaron. Si hay alguien que dice que no se puede entrar a una parte del territorio, nosotros entraremos a todas las partes del territorio argentino. No tenemos ningún límite más que los límites de la Constitución", reforzó Bullrich ayer en la conferencia de prensa. Weretilneck fue el único "ajeno" al Gobierno en una reunión en la que confluyeron funcionarios variopintos: además de Peña y Bullrich, estuvieron el vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui, quien se acopló junto a Garavano luego de una reunión de seguimiento; y el ministro del Interior Rogelio Frigerio. Pese a la diversidad, hubo uniformidad de criterio respecto a la necesidad de visibilizar el malestar por -lo que entienden fue- la conducta zigzagueante del magistrado. "Nos ordenó desalojar porque dijo que en el verano se iba a complicar. Y ahora arrugó. Hay que ver qué es lo que está esperando y a quién está escuchando", fue el duro mensaje que salió de uno de los protagonistas del encuentro. En la mesa de "diálogo" a la que convocó Villanueva está el obispo de Bariloche monseñor Juan José Chaparro. Y también se anotaron representantes de la APDH y el dirigente Juan Grabois, de CTEP. Por el momento, se trata de un malestar por el amague del juez y no se analiza puertas adentro del Gobierno avanzar contra Villanueva. Pero el aviso de que esta vez el Ministerio de Seguridad no acatará órdenes, como en su momento sí se le permitió a Otranto a habilitar a los mapuches a "palpar" de armas a efectivos, y la referencia de Bullrich de que "cada vez van a quedar menos pruebas porque en el lugar todavía están los violentos" representan todo un mensaje por elevación al juez. Una curiosidad: aunque volvió a recibir un fuerte respaldo del Gobierno, a Bullrich la volvió a flanquear Garavano en la conferencia de prensa, como a lo largo de todo el caso Maldonado. Dicen que fue por un pedido especial de Peña, para aportar "equilibrio".
