Lo que empezó siendo una causa judicial que investigaba a un vicepresidente en ejercicio por la presunta compra ilegal de una imprenta para hacer billetes, el caso Ciccone, se transformó en las últimos días en una red de pesquisas judiciales aun más extraordinaria de lo que ya era. Y, por ende, más grave desde el punto de vista institucional. El protagonista de diferentes tramas posiblemente ilegales no es sólo un ex vicepresidente de la República, ex ministro de Economía de la Nación, ex titular de la ANSES. Hoy fueron imputados y llamados a declarar en indagatoria en expedientes “conexos” al de Ciccone diferentes protagonistas del poder político y económico que hasta ahora eran “intocables” en la Justicia. El juez que instruye esos “expedientes Boudou”, Ariel Lijo, imputó y citó al banquero más rico del país, Jorge Brito, acusado de ser el financista de Amado Boudou en negocios presuntamente ilegales, sobre todo en la compra y puesta en marcha de la fábrica de hacer dinero Ciccone Calcográfica. Lijo también imputó y llamó a indagatoria al dirigente peronista que más tiempo lleva gobernando una provincia de forma ininterrumpida (22 años), el formoseño Gildo Insfrán. El mandatario quedó bajo una situación procesal delicada debido a las pruebas que existen en su contra en una causa en la que se investiga si usó dinero público para pagar una coima a Boudou cuando era ministro de Economía. Es un delito curioso, si finalmente se llega a una condena en este caso: Insfrán, siendo gobernador, y no un empresario privado, habría “sobornado” a Boudou pagándole a una sociedad que la Justicia atribuye como propiedad del ex vice, para que éste firmara la reestructuración de la deuda pública de Formosa. Fue en 2010. Boudou era ministro de Economía. En esa causa, además, se investiga si el ex funcionario no le devolvió parte de “soborno” al propio Insfrán, vía la transferencia de 500 mil dólares que fueron a una cuenta de uno de sus principales asesores financieros, el hoy director del banco de Formosa, Martin Cortés. Lijo también pidió la ampliación de la indagatoria del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien está acusado de haber ayudado de forma ilegal para que Ciccone Calcográfica, ya en manos de Boudou, pudiera conseguir una moratoria excepcional para pagar su deuda millonaria al Estado. El listado de imputados y de pedidos de indagatoria que presentó Lijo incluye aun a más personas relevantes de la política K. Este nuevo escenario es un giro total en causas en las que se investiga la presunta corrupción cometida por Boudou, siempre direccionando de modo presuntamente ilegal fondos estatales a las cuentas privadas de la sociedad comercial The Old Fund. El desencadenante de estas medidas se produjo tras la declaración como “arrepentido” de quien fue el ideólogo del armado de empresas ligadas al ex vice, Alejandro Paul Vandenbroele. El viernes, Lijo había homologado el acuerdo que Vandenbroele le había pedido al fiscal de las “causas Boudou”, Jorge Di Lello. Eso significó, en los hechos, que aceptó que uno de sus principales investigados pase a ser oficialmente un “delator” en las causas de corrupción en las que este abogado con ciudadanía belga está imputado. Lijo le creyó a Vandenbroele. Escuchó su declaración. Leyó la documentación que llevó a su juzgado para probar sus dichos buscando así una reducción de su condena. Vandenbroele ya había declarado frente a Di Lello, a quien le solicitó entrar en el programa de protección de testigos. El magistrado consideró que los dichos de Vandenbroele pueden ayudar a dilucidar los casos de corrupción vinculados a Boudou. El mismo viernes pasado, ordenó que esos expedientes empiecen a tramitarse bajo secreto de sumario. Hoy, el magistrado empezó a tomar las primeras medidas de prueba que nacieron de la “guía” oral y escrita de Vandenbroele. La imputación de Brito y la de Insfrán, igual que la ampliación de la indagatoria de Echegaray, tiene un impacto de consecuencias impredecibles en la Justicia, y en la política. Boudou arrastró así a los infortunios judiciales al banquero con más poder financiero de todo el país. También a un gobernador que administra una provincia desde 1995 en forma ininterrumpida, y que jamás había tenido problemas con la Justicia federal de Buenos Aires. Y lo mismo con uno de sus enemigos en el Gobierno K, que podría igualmente complicarlo a él mismo en las causas judiciales en las que ahora ambos son rehenes de sí mismos: Echegaray. Lijo y Di Lello habían procesado a Boudou en ejercicio de su cargo de vicepresidente. Y luego elevaron a juicio el caso Ciccone, donde lo acusaron de cometer dos delitos de corrupción, a juicio oral y público. Lijo ordenó a principios de este mes que Boudou fuera a prisión, igual que su socio y mejor amigo desde los siete años, el millonario súbito José María Núñez Carmona. Consideró que integraban en calidad de jefes una asociación ilícita que había cometido un “número indeterminado de delitos”. Tras un peritaje de la Corte Suprema sobre los bienes de ambos, y de sus empresas, el magistrado determinó que estando en libertad los dos socios que se enriquecieron en la gestión kirchnerista podían entorpecer el accionar de la Justicia para detectar sus negocios ocultos y, sobre todo, para poder recuperar activos que posiblemente se habían comprado con dinero de la corrupción. Mucho dinero. En octubre del año pasado, el Congreso, por impulso del oficialismo, había modificado una ley para que los involucrados en casos de corrupción pudieran confesar y delatar a sus ex cómplices o jefes delictuales, en busca de una rebaja de su condena penal. Alejandro Paul Vandenbroele es, desde el viernes pasado, el primer arrepentido en una caso de corrupción en la Historia de la República Argentina. Las citaciones
