El proyecto de ley de reforma previsional que ingresó al Congreso por la Cámara de Senadores el viernes a la noche dispone que las jubilaciones y otras prestaciones de la seguridad social suban cada tres meses por el índice de precios al consumidor y sólo en el segundo trimestre de cada año serán incrementadas con apenas el 5 por ciento de la variación porcentual real del PIB. Es un alza insignificante para presentarla en forma exagerada que las jubilaciones subirán por “encima de la evolución de la inflación”, como se menciona en el pacto firmado por la Nación y los gobernadores menos el de San Luis. Es una fórmula que perjudica claramente a los jubilados y a los titulares de asignaciones familiares y AUH en relación a la indexación vigente. La iniciativa oficial además ignora explícitamente que está corriendo el período de ajuste de la actual fórmula, a cobrar en marzo próximo. La intención es aplicar la nueva con rezago de seis meses, que arrojaría un alza de apenas un poquito más del 5, 0 por ciento (IPC Indec de julio, agosto y septiembre) cuando el ajuste debería ser de no menos del 12 por ciento (evolución del salario y la recaudación de julio a diciembre). La reforma también instala la suba de la edad de jubilación, para hombres y mujeres, en los 70 años (ver nota aparte). Estos cambios del sistema previsional colocan a los jubilados y los beneficiarios del sistema de seguridad social, un total de 17 millones de personas, como la principal variable de ajuste de la deliberada política de desfinanciamiento de la Anses desplegada por el gobierno desde diciembre de 2015 y que se acelerará con la reforma tributaria y la reducción de las contribuciones patronales. El cambio de clima político está naturalizando medidas que deterioran la calidad de vida de los jubilados, desde la reducción de la cobertura del PAMI hasta el recorte de los ingresos mensuales. Hasta hace poco postular la reducción de jubilaciones hubiera provocado un rechazo mayoritario. Ahora lo están vociferando economistas no estigmatizados con la letra M. No se inhiben en decir que la clave del pacto con los gobernadores y la reforma impositiva es reducir el haber previsional. Carlos Melconian afirmó, en un seminario organizado por la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, que “de todas las medidas propuestas, la reforma previsional es la más importante; si no sale eso, lo demás no sirve y yo creo que va a salir”. Miguel Angel Broda también señaló, en la reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política, en Bariloche, que “lo más importante es que salga la ley de cambio de la fórmula de movilidad. En vez de 10, 5 por ciento sobre PIB de jubilaciones, tendríamos 2, 5 puntos menos y el déficit primario de 4, 0 bajaría a 1, 5 por ciento”. La evaluación oficial para decidir el asalto a la caja de la Anses esta basada en el convencimiento de que el monto de las jubilaciones es elevado y que muchos no merecen recibir ese dinero porque ingresaron al sistema previsional a través de una moratoria. Casi todos los gobernadores acompañaron esa definición en el pacto fiscal rubricado con la presencia del presidente Mauricio Macri. Es tan brutal poner a los jubilados como principal variable de ajuste que el secretario de Hacienda con cargo de ministro, Nicolás Dujovne, salió a confundir falseando el impacto de la actual movilidad jubilatoria. Afirmó sin ruborizarse que es una fórmula que no les conviene a los jubilados porque es “procíclica” y en situaciones de crisis pierden en relación a la inflación. En esa definición aparecen dos cuestiones que deberían incomodar a Dujovne: 1. Macri asegura que la economía argentina tiene un horizonte de 20 años de crecimiento y, por lo tanto, la actual indexación, acompañando ese eventual ciclo positivo, sería más favorable para los jubilados que el ajuste por inflación y “un poco más” insignificante. 2. Desde el 2009, cuando comenzó a aplicarse la fórmula vigente, las jubilaciones subieron 950 por ciento hasta septiembre pasado, mientras que en ese mismo período la inflación fue de 692 por ciento, tomando indicadores de consultoras, el promedio de los institutos provinciales y desde 2016 el IPC-CABA e IPC-Indec. El predominio discursivo del oficialismo con su inmensa red de propaganda pública y privada exhibió, al otro día de la capitulación de los gobernadores, titulares que aseguraban que las jubilaciones subirán por encima de la inflación. La fórmula que se conoció con el proyecto de ley rebela el sentido del humor amarillo: si el PIB sube 3, 0 por ciento, el único adicional en el año será 0, 15 por ciento a la inflación del segundo trimestre. No es necesario hacer muchos malabarismos con las cifras para revelar que, si la Anses contabilizará un “ahorro” previsional, los jubilados y los titulares de asignaciones (familiares y AUH) recibirán un aumento bastante más bajo con el cambio de la fórmula de actualización. En marzo de 2018, menos que la mitad. Para hacer frente a los crecientes desequilibrios de las cuenta públicas provocados por la política económica, el gobierno ha decidido asaltar la caja de los jubilados y la seguridad social. La Anses perderá recursos, como mínimo, por 68 mil millones de pesos el año próximo, hasta un máximo de 220 mil millones de pesos por los cambios impositivos. Es la estimación realizada por los economistas del Instituto de Trabajo y Economía. Este monto inmenso no es todo. El desfinanciamiento de la Anses será más pronunciado. El nuevo esquema de contribuciones patronales restará recursos adicionales por unos 43 mil millones de pesos el año próximo, hasta 200 mil millones de pesos al final del cronograma previsto en el 2022. Es el cálculo del Centro de Economía Política Argentina. Estos dos guadañazos a las cuentas de la Anses se suman al que el gobierno previamente había realizado con la devolución del 15 por ciento a las provincias (cinco cuotas de 3 por ciento por año) por la retención de la masa coparticipable con destino a financiar las jubilaciones y el sistema de seguridad social. Medida que fue impulsada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en las últimas semanas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Para compensar parte de esa pérdida de fondos de la Anses a favor de empresas y de las finanzas de la Provincia de Buenos Aires, el gobierno modificará la fórmula de actualización de las jubilaciones y asignaciones familiares (incluida la AUH) para “ahorrar” unos 100 mil millones de pesos. El esquema básico de redistribución regresiva de recursos públicos que define la reforma tributaria y la previsional es el siguiente: Este reordenamiento de fondos públicos tiene como saldo el desfinanciamiento de la caja de la seguridad social. Es la preparación del escenario para justificar una privatización parcial del régimen de jubilaciones. En un artículo que publiqué el 26 de noviembre de 2015 (“El puntapie inicial”) advertí acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia que iniciaba el sendero para desfinanciar a la Anses, camino que el gobierno de Macri continúa con entusiasmo. Esa sentencia prohibió al Estado Nacional continuar con la deducción del 15 por ciento de la masa coparticipable entre las provincias con destino a la Anses. De ese modo, la caja de la seguridad social perdió unos 13 mil millones de pesos anuales por la no retención del 15 por ciento de los impuestos coparticipables a partir del fallo que benefició a Córdoba, Santa Fe y San Luis. Para el resto de las provincias, el gobierno dispuso la restitución del 3 por ciento de la coparticipación por año, primera cuota anual de un total de 15 por ciento, que suma otros 12.400 millones de pesos. Ahora la Anses debe restar 130 mil millones anuales por la resignación del 20 por ciento de Ganancias (que pasa a financiar el acuerdo del gobierno con las provincias) y otros 40 mil millones anuales por la reducción de las contribuciones patronales. El gobierno asegura que la Anses será “resarcida” con la recepción del ciento por ciento del Impuesto al Cheque (contra el 70 por ciento en la actualidad). Eso significa un ingreso extra de casi 60 mil millones de pesos. Pero es poco probable que reciba ese dinero, puesto que la reforma tributaria propone que los contribuyentes podrán aplicar el ciento por ciento del pago del Impuesto al Cheque como anticipo de Ganancias. El gobierno impulsa de ese modo que los jubilados y titulares de AUH y asignaciones familiares financien las cuentas provinciales, privilegiando a Buenos Aires, y las de las empresas. Economistas y analistas preocupados por el creciente déficit de las cuentas públicas no mencionan que el desequilibrio heredado y manejable fue ampliado por la eliminación de retenciones, disminución de impuestos a sectores concentrados y por el inmenso aumento de la carga de intereses de la deuda. Sólo la disminución de subsidios a servicios públicos con una sucesión de tarifazos que no se detiene (gas, luz, agua y transporte), que castiga el ingreso disponible de la mayoría de la población, compensa un poco el sendero explosivo del déficit fiscal. Esas medidas significaron una inmensa transferencia regresiva del ingreso. Para abordar el desequilibrio provocado por esas medidas el gobierno avanza en profundizar la regresividad, asaltando el ingreso de los jubilados y titulares de derechos económicos y sociales, como la AUH. El déficit fiscal de la Nación aumentará con la reforma tributaria y el acuerdo con las provincias, estimó la consultora Economía & Regiones, precisando que sólo Buenos Aires “es la gran y única ganadora de ese combo”. Con un evidente sesgo político-electoral con vista a las elecciones presidenciales del 2019, la gobernadora María Eugenia Vidal recibirá recursos adicionales por 40.959 millones de pesos en 2018, monto que subirá a 65.000 millones en el próximo. El resto de los gobernadores que rubricaron el acuerdo seguirán con cuentas asfixiadas. Además el gobierno les hizo firmar el “Consenso Fiscal” con un capítulo de reforma previsional de carácter regresivo, que el proyecto de ley ratifica subiendo a 70 años la posibilidad de jubilarse, con un engañoso 82 por ciento móvil sobre el salario mínimo -porcentaje que ya se alcanzó- y diseñando una fórmula de movilidad atada a la inflación con una irrisoria alza adicional en un solo trimestre del año. Los economistas del Instituto de Trabajo y Economía hicieron una oportuna observación respecto a la obsesión de los gobiernos neoliberales con el ajuste fiscal. Señalan que los conservadores piensan la política fiscal como el resultado del comportamiento de políticos que quieren perpetuarse en el poder y, para ello, hacen cualquier cosa para lograrlo. Esto se traduce en aumentar el gasto público y, por lo tanto, el déficit fiscal y también en incrementar el tamaño del Estado. Ante esa situación, los gobiernos conservadores proponen establecer reglas fiscales que disciplinen a esos políticos. Esto es lo que postula el gobierno de Cambiemos con el argumento de que así se envían señales al mercado para atraer inversiones y para garantizar que el mundo de las finanzas continúe prestando. Los investigadores del ITE indican que, bajo esa premisa, la administración Macri propuso un esquema de metas fiscales que apuntan a una reducción paulatina del déficit primario hasta llegar al 2, 2 por ciento del PIB en 2019. “Un aspecto a destacar de este programa de metas es que, al no incorporar en su proyección el resultado financiero, barre bajo la alfombra la carga de los intereses de la deuda pública”, apuntan. La preocupación acerca de la magnitud del déficit, en realidad es la excusa para redistribuir ingresos en forma regresiva, mejorando el cuadro de costos de las empresas afectando la caja de los jubilados y de la seguridad social. El desfinanciamiento de la Anses enciende una mecha que termina en las cuentas públicas. El endeudamiento interno y externo desaforado va alargando ese cordón encendido pero existen antecedentes recientes que indican que no se puede estirarlo en forma indefinida. (email protected)
