Cristóbal López ve cada vez más reducido su abanico de posibilidades para avanzar en la venta del Grupo Indalo. La operación está rodeada de sospechas en la Justicia y pese a que los abogados de Oil Combustibles SA (OCSA) que generó una deuda de $ 8.000 millones con la AFIP señalaron que venderían el Grupo Indalo y que saldarían la millonaria deuda, desde la AFIP dijeron a Clarín que no aceptarán que se realice dicha maniobra. La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita -que llevala causa por la deuda millonaria- endureció su postura y deja entrever que como están dadas las condiciones “no se avalará ninguna venta”. A su vez, la Cámara de Casación esta semana podría darle un revés a los planes del empresario K y confirmar al juez Julian Ercolini en el expediente que investiga la deuda con la AFIP. Durante el kirchnerismo López pasó de tener 9 empresas a constituir el Grupo Indalo integrado por 170 sociedades y se estima, que sus activos rondan los 1.000 millones de dólares. Pero hace más de 40 días el “zar del juego” acordó con Fabián De Sousa su socio, avanzar con la venta del Grupo. “No hay posibilidades de seguir con el managment del grupo, sin acceso a líneas de créditos por los procesos judiciales y las medidas cautelares impuestas”, señaló el abogado de López, Carlos Beraldi. Tal como contó Clarín, la operación ya tuvo el rechazo de la AFIP como querellante en la causa en la que se investiga a López por adeudar $ 8.000 millones al fisco al no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). López tiene un escenario judicial que lo empieza a cercar. También está procesado en la causa Los Sauces, es investigado en otro expediente por lavado de activos y la venta de su Grupo cada vez tiene más trabas. La semana pasada tras el rechazo de los veedores judiciales a la venta, un pedido de documentación fue cursado al empresario K, por parte del juez Julián Ercolini que lo investiga por la presunta defraudación al Estado por su deuda con la AFIP, hasta tanto la Cámara de Casación se expida sobre el fuero en el que debe seguir la causa. Los abogados de OP Investment que se adjudicaron el 100% del paquete accionario de Indalo, preparan la información pedida: asunción de compromisos que puedan afectar el patrimonio o la marcha de las empresas, la “conformación de nuevos directorios, actas de asambleas que registren modificaciones, saldos de créditos y débitos, contratos futuros, y otras formas de financiamiento”. La Justicia busca determinar si hubo movimientos de fondos estos meses “sabiendo que cuentan con una inhibición de bienes que lo prohíbe”, señalaron fuentes de la causa. El juez Ercolini no avalará en estos términos ninguna venta, es él quien puede autorizar el levantamiento de la inhibición y por ahora, no es una opción según pudo saber Clarín. En este escenario, el representante legal de Oil Sebastián Maggio, presentó un escrito en un juzgado comercial donde le pidieron explicaciones sobre la venta. “El objetivo del grupo inversor”, en alusión a OP, “es implementar un plan de reestructuración atendiendo a las obligaciones fiscales y previsionales con la AFIP y demás deudas existentes a la fecha”. Los argumentos fueron rechazados por la AFIP. “Como están dadas las condiciones a la fecha, seguiremos oponiéndonos a cualquier operación ya que no está claro de cuánto dinero se habla ni cómo se hará el negocio”, indicaron a Clarín fuentes oficiales. Otro punto determinante para el ente recaudador es la posible existencia de una “insolvencia fraudulenta” por parte de los dueños de Indalo. Buscarían deshacerse de sus empresas para no pagar la deuda con la AFIP. Sumando dificultades, el fiscal Pollicita que debe expedirse ante el juez Ercolini sobre la venta de las acciones, señaló que hasta que no esté clarificada la operación y las sumas de dinero que implica “no se avalará”. Pollicita iba a pedir que López sea procesado por asociación ilícita antes de que el juez Ercolini se declare incompetente en la causa. Sin embargo, esta semana la Cámara de Casación podría darle malas noticias a Cristóbal: la investigación podría regresar al juzgado federal y quedar en manos de Ercolini definitivamente lo que derivaría en un procesamiento por defraudación al Estado cerrándole cualquier puerta de acceso al crédito como el ingreso a planes de pagos fiscales. Sería la última puerta que se le cerraría a López en sus planes para de venta.
