El plan del gobierno de modificar la fórmula de movilidad no sólo reducirá en 900 pesos el haber mensual de los jubilados. El ajuste a la baja incluirá el monto de la Asignación Universal por Hijo que reciben 3, 9 millones de personas. La pérdida nominal alcanzaría a fin del año próximo los 153 pesos mensuales, casi 9 por ciento menos que el dinero que recibirían si se mantuviera el actual sistema de actualización. El Centro de Economía Política Argentina calculó que con ese recorte habrá un “ahorro” en las cuentas públicas de 5500 millones de pesos en el año. El monto de la AUH es de 1243 pesos que pasaría a 1731 pesos con la movilidad vigente en el segundo aumento en 2018, pero con la indexación por inflación que propone el gobierno subiría a 1578 pesos. Esa diferencia (153 pesos) es el aporte que el presidente Mauricio Macri espera que realice este sector vulnerable a su proyecto político, según expresó en la convocatoria a “ceder algo” realizada en el CCK, un par de días después de las recientes elecciones legislativas. Con la alteración de la fórmula de movilidad, del mismo modo que le sucederá a los jubilados, el golpe al poder adquisitivo de los titulares de la AUH será doble: la indexación por el IPC-Indec será menor a la actual y, además, la inflación de los sectores que perciben la AUH es más elevada que la general. El poder de compra del dinero que reciben esas familias se devaluaría paulatinamente en los próximos años. Si la nueva fórmula de indexación por inflación empieza a correr partir de enero de 2018, el gobierno no aplicaría en marzo el actual índice de actualización que será más elevado porque están subiendo los recursos tributarios. La pérdida acumulada en términos reales de 8, 6 por ciento desde diciembre de 2015, según precisa el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, ya no podrá recuperarse. En total, con la poda de jubilaciones y asignaciones familiares, el gobierno aspira a “ahorrar” más de 112 mil millones de pesos, estimó el CEPA. Para obtener respaldo a semejante reforma regresiva mantiene bien sujetada la soga en el cuello de los gobernadores. El acuerdo fiscal que presentó está condicionado al respaldo a la reforma previsional. Es un pacto que privilegia a la Provincia de Buenos Aires con un criterio político-electoral con horizonte inmediato en el 2019 más que un esquema de reordenamiento del régimen de coparticipación federal de impuestos. Las provincias están subordinadas a la billetera de la Casa Rosada por debilidades fiscales propias y por una deliberada estrategia de asfixia financiera impulsada por el gobierno nacional. La presión a los gobernadores fue explícita: sus legisladores tienen que aprobar la reforma previsional que recorta jubilaciones y AUH a cambio de la promesa de girar recursos fiscales. Las cuentas de la Anses no eran deficitarias en una magnitud inmanejable en términos actuariales y tenían una posición holgada en un análisis inter temporal considerando los activos crecientes que se fueron acumulando en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sin embargo, desde hace dos años, el gobierno las ha debilitado con la denominada “Reparación Histórica”, manteniendo en un cono de sombra el manejo financiero de los activos y el flujo de fondos del FGS y proyectando una reforma tributaria y fiscal que desfinanciará aún más a la Anses. Es el camino planificado para justificar más adelante la privatización parcial de las jubilaciones. Los economistas del CEPA estimaron la pérdida por el cambio de la fórmula de movilidad teniendo en cuenta la evolución de los recursos tributarios, la variación de salarios (según RIPTE) y manteniendo estable la cantidad de beneficiarios de SIPA. Este cálculo entrega el posible recorrido del actual índice de indexación para 2018, que sería 13, 53 por ciento para marzo y 8, 0 por ciento para septiembre. Y la inflación estimada es del 11, 8 por ciento, en línea con la pauta del Presupuesto 2018. La propuesta oficial es aplicar la movilidad cada tres meses, y si bien la inflación probablemente sea más elevada que la de ese supuesto mínimo, un alza mayor a esa estimación también se reflejaría en una suba de los recursos tributarios, por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo de la AUH, como la de las jubilaciones, sería igual como mínimo de 9 por ciento. En la canasta de consumo de los sectores sociales de ingresos más bajos tiene una muy elevada incidencia los rubros Servicios Públicos y Alimentos y Bebidas. El ajuste de la Asignación Universal por Hijo por el IPC-Indec provocaría entonces un deterioro mayor en la capacidad de compra puesto que la inflación es más alta para las familias titulares de ese derecho. El Instituto Estadístico de los Trabajadores-UMET calcula la inflación para cada uno de los deciles (10 por ciento) en los que se distribuye el universo de trabajadores. El rector de la UMET, Nicolás Trotta, precisó en la presentación del índice octubre que “la inflación interanual sigue siendo más intensa en los deciles de bajos ingresos relativos. En lo que va del año, el costo de vida aumentó 22, 7 por ciento para los trabajadores que mejores salarios tienen en la actividad económica, mientras que para los de la base de la pirámide –los que menos ganan– el encarecimiento resultó del 27 por ciento”. Desde noviembre de 2015, la inflación acumulada del decil 1 (los que menos ganan) de los asalariados formales fue del 87, 2 por ciento, 20 puntos porcentuales más alta que la del decil 10 (los que más ganan). El presupuesto del hogar de las familias con AUH es similar al grupo de trabajadores registrados que menos ganan, incluso puede tener una variación de precios todavía más elevada de su canasta de consumo. La reforma previsional es el capítulo más importante de la política del gobierno de desarticular el sistema amplio de seguridad social que tenía hasta ahora a la Anses como articulador. En la primera mitad del gobierno de Mauricio Macri se empezó a desarmarlo al transferir programas de un sistema que reconocía derechos sociales y económicos. El Conectar Igualdad y el Progresar fueron derivados al Ministerio de Educación y el Procrear al Ministerio de Interior. Desde entonces se entregaron muchas menos computadoras a los alumnos, se desarmó el plan de formación docente y se eliminaron los equipos territoriales que sostenía Conectar Igualdad desde lo pedagógico y lo operativo. Especialistas del área explican que más que un programa de inclusión digital, el gobierno lo transformó en un reparto de computadoras como si fueran electrodomésticos. En tanto, el Procrear cambió su esencia y se convirtió en un sistema de créditos indexados por inflación (UVA), con subsidio estatal, manejado por bancos públicos y privados. No fueron sólo modificaciones funcionales, sino que el objetivo perseguido es el de alterar la propia lógica de esos programas para los que fueron creados. Fueron lanzados como parte de un proyecto político que los planteaba dentro de un modelo de crecimiento con inclusión social. Esos programas integraban el camino iniciado con el Plan de Inclusión Previsional (moratorias), la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo. Esa política fue archivada por la Alianza macrismo-radicalismo. La habilidad política del oficialismo fue no haber eliminado esos programas, sino la de emprender una estrategia de debilitamiento al desfinanciarlos y al mismo tiempo deteriorar su operatividad, además de dejar de fomentarlos. El recorrido del Progresar es ilustrativo de ese vaciamiento deliberado, que sin eliminarlo para evitar protestas sociales y críticas públicas, van perdiendo su razón de ser. El objetivo inicial del Progresar era generar oportunidades de inclusión social y laboral capacitando a jóvenes de 18 a 24 años, con el fin de completar la escolaridad obligatoria, iniciar o facilitar la continuidad de una educación superior y realizar experiencias de formación y/o prácticas en ambientes de trabajo. Los requisitos para acceder al Progresar son aprobar como mínimo dos materias al año y demostrar condiciones socioeconómicas que requieran esa ayuda. El gobierno de Macri no consideró relevante este programa de ampliación de derechos a un sector vulnerable y redujo su presupuesto en 30 por ciento en este año. Congeló el monto mensual de 900 pesos que reciben los jóvenes y demoró su transferencia en algunos meses. De esa suma, el 20 por ciento (120 pesos) se entrega en forma retroactiva en julio y diciembre para los alumnos que durante el año mantengan la regularidad. Del máximo de un millón de jóvenes alcanzados en 2015, la cantidad fue descendiendo hasta la mitad. La desarticulación del sistema amplio de seguridad social está en línea con la concepción de políticas sociales planteada por el Banco Mundial. La edición 2014 del World Development Report afirma que el Estado debe tenerun rol subsidiario, limitado, focalizado y complementario de la iniciativa privada. No considera conveniente la universalización de derechos sociales y económicos. El investigador Horacio Javier Etchichury explica en “Riesgo y derechos sociales: la visión del Banco Mundial y su impacto en Argentina”, publicado en Lex Social (enero-junio 2016) que “en lugar de un compromiso para respetar, proteger y cumplir un derecho, el informe (del Banco Mundial) propone que el Estado se encargue de administrar el riesgo sistémico a nivel regional y nacional, proveyendo bienes públicos”, lo que diluye las responsabilidades estatales, quedando como un recurso subsidiario y limitando la “asistencia directa” a las personas vulnerables. “No aparece aquí una obligación estatal, ni hay reconocimiento de un derecho a tal asistencia”, apunta Etchichury. El Banco Mundial no sólo propone una función subsidiaria y limitada para el Estado, también aconseja que las redes de protección social deben ser focalizadas en los más vulnerables: solo quienes están en la máxima precariedad deben acceder a estos programas, cuyo diseño debe incentivar el esfuerzo laboral, esto es, alentar la búsqueda de trabajo. Y el resto de las necesidades tienen que ser cubiertas mediante mecanismo de mercado. La modificación de la fórmula de movilidad, la devaluación de las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo y la licuación del sistema de seguridad social está motivada por la necesidad de realizar un ajuste de las cuentas públicas. La liberación de esos recursos servirá para el pago de los intereses de la deuda y para continuar con la política de disciplinamiento de los gobernadores opositores y de privilegiar a los de color amarillo. Pero también forma parte de un cambio de paradigma acerca de la seguridad social, abandonando la universalización y reconocimiento de derechos, para regresar a las fuentes limitadas del Banco Mundial. (email protected)
