El oficialismo tiene en la mira a 1.500 designaciones que la Procuradora Alejandra Gils Carbó hizo en el Ministerio Público Fiscal, que se tratarían en su mayoría de nombramientos irregulares y partidarios. Todos estos cargos serán revisados por el Gobierno después de la sanción de la reforma del Ministerio Público Fiscal, que entre sus disposiciones permite analizar las designaciones que hizo la jefa de los fiscales, que renunció pero que dejará su cargo recién a fin de año. Serían al menos 1.000 los puestos cubiertos con irregularidades. De acuerdo a un informe encargado por el jefe de Gabinete Marcos Peña la Procuración aumentó su personal en los últimos cinco años "sin justificación y con un amplio objetivo político". Más allá del fuerte aumento de empleados y del presupuesto para costear los sueldos las irregularidades que se detectaron son que la mayoría tienen puestos jerárquicos pero carecen de los requisitos exigidos para ocupar los puestos. La funcionaria designó a unos 600 jerárquicos. Solo en el caso de los secretarios del organismo Gils Carbó elevó esa cifra de 10 a 40, con sueldos brutos de más de $ 120.000. Se prevé que sean desafectados en el futuro al menos estos 600 empleados de alta jerarquía junto a otros 400, consigna Clarín. Entre otras medidas el proyecto elimina la duración vitalicia, tanto del titular de la Procuración como el de la Defensoría General de la Nación, que podían mantenerse en el cargo hasta el límite de edad establecido por la Corte Suprema de la Nación, de 75 años. Establece un límite de cinco años para ejercer el cargo con la posibilidad de una reelección, por única vez, para seguir por dos años más. Además, en el artículo 23, determina: "Déjense sin efecto las designaciones de funcionarios efectuadas a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.861, de Ingreso democrático e Igualitario a la Justicia". Esta norma fue promulgada por Cristina Kirchner el 3 de junio de 2013, a menos de un año de la asunción de Gils Carbó, que renunció en medio de las presiones del Gobierno por sus acusaciones de estar vinculada con el gobierno K y de causas judiciales en su contra.
