Al menos 20 personas fueron detenidas por integrar una banda dedicada a tramitar jubilaciones falsas en varios puntos de la provincia de Buenos Aires y por las que logró una estafa al Estado por más de 40 millones de pesos. Entre los arrestados hay un empleado del Instituto de Previsión Social (IPS) bonarense y un abogado. De acuerdo con la investigación, la banda está acusada de adulterar y tramitar jubilaciones durante los años 2013 y 2014 y obtener millones de pesos del Estado. Fue desbaratada por la Policía de la Provincia tras múltiples allanamientos en Necochea, La Plata, Mar del Plata, Balcarce y Quequén. En total fueron 24 los procedimientos, que estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Operaciones Contra el Crimen Organizado, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado. "Los detenidos están acusados de cometer un fraude en perjuicio de la administración pública a través de una asociación ilícita integrada por varias personas que, por medio de presuntas jubilaciones adulteradas, causaron un perjuicio económico al Estado provincial en más de 40 millones de pesos", dijo uno de los jefes policiales a cargo del procedimiento. "La estafa consistía en tramitar jubilaciones falsas, siendo beneficiarios individuos de condición humilde, cuya función sería la de prestar nombres y apellidos, utilizando personas de distintos puntos geográficos de la provincia, que cobraban haberes como si fueran supuestos miembros del Poder Judicial", explicó el uniformado, quien aclaró que "se cobraban hasta $800.000 de retroactivo y un haber mensual de unos $46.000, que se repartían entre los imputados". Los investigadores determinaron que "los funcionarios involucrados del IPS habrían hecho maniobras mediante las cuales vulneraban los sistemas informáticos para crear beneficios apócrifos jubilatorios otorgados a sujetos que no tenían derechos, puesto que nunca habían trabajado ni habían efectuado aportes, tramitando las jubilaciones de manera irregular". "Muchas de las personas buscadas cambiaban de domicilio de manera reiterada para evitar ser atrapados", explicó otro de los jefes policiales, quien advirtió que "tras la investigación se pudo verificar el rol de cada uno en la organización ilícita". Entre los 20 detenidos se destacan un empleado que trabajaba en mesa de entradas del IPS en La Plata y un abogado que tenía su estudio en Necochea, ciudad donde se detuvo a la mayor cantidad de acusados. En los allanamientos, donde participaron también efectivos de Policía Científica y móviles de Traslado y Custodia de Detenidos, se secuestró documentación referida a la causa, además de una máquina de contar billetes, dos armas de fuego, celulares y varias computadoras. Para el éxito de la investigación resultó clave una profunda reunión de información de diferentes organismos públicos y privados y otras dependencias policiales, como el Departamento de Inteligencia Criminal a través de la Base de Datos Unificada sobre el Crimen Organizado de la Provincia, verificación de identidad mediante el Departamento de Enlace Interpol y la Dirección de Antecedentes Personales, junto con informes de las empresas de telefonía fija y telefonía móvil, cable, internet, luz, gas, etc. Intervino la UFI Nº 8 a cargo de Néstor Hugo Tesón y el Juzgado de Garantías N° 1 a cargo de Guillermo Federico.
