El fiscal Federico Delgado pidió la indagatoria del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en la causa donde se investigan los presuntos sobreprecios pagados a Odebrecht para la ampliación de gasoductos. El dictamen incluye a otros ex funcionarios como el ex secretario de Energía Daniel Cameron, imputado en esta investigación, y a directivos de Odebrecht, la firma brasileña investigada por el pago de sobornos por 35 millones de dólares, en nuestro país para obtener obras. Las acusaciones del fiscal recaen sobre varios ex funcionarios, pero con principal énfasis en Julio De Vido como cabeza de Planificación Federal. Según Delgado, hubo una "defraudación, negocios incompatibles y probablemente cohecho". Además, se pidió la indagatoria de directores de Obebrecht. "El Ministerio de Planificación se ocupó de crear una normativa compleja y llena de excepciones, apartada de esas leyes existentes que regulaban las contrataciones del Estado" para la construcción del gasoducto que, como contó hoy Clarín, podría tener un sobreprecio de 800 millones de dólares. Una vez más las sospechas recaen sobre el ex ministro De Vido, quien según el fiscal Delgado fue responsable de elaborar "una ingeniería institucional para a través de cierta delegación administrativa deslindar la responsabilidad ministerial de control", bajo la premisa de que se corría el "riesgo de desabastecimiento de gas a lo largo de todo el territorio del país" y para paliar la situación, "se ideó un proyecto de obra pública de dimensiones difíciles de mensurar desde la perspectiva espacial y temporal". Para que se concrete "la defraudación al Estado, los negocios incompatibles y el presunto cohecho", señala el dictamen "se armó una estructura legal de la obra pública: toda la ingeniería normativa que se creó para suspender las leyes preexistentes y así disponer del dinero sin mecanismos de control". Durante el proceso licitatorio y antes de la adjudicación de la obra, los costos fueron variando de 827.960.000 dólares a 1.182,270.000 dólares, en pocos meses y sólo a través de unas cuantas actuaciones administrativas. Para el 7 de diciembre de 2006, un día posterior a la fecha en la que Odebrecht ingresó a la obra, el valor ya era superior a los 2.300 millones de dólares. Hubo además contrataciones privadas "donde se produjeron los sobreprecios (privadas a medias porque estaba Cammesa y porque la Secretaría de Energía y el Enargas “acompañaron” las decisiones de las firmas privadas)" y en tercer lugar el fiscal indicó que existieron "posibles sobornos que incentivaron la elección de empresas, el ingreso de nuevos actores y los costos mayores sin justificación aparente que nos llevan a la defraudación". Por estos motivos realiza el pedido de indagatorias al juez Daniel Rafecas, quien lleva la causa bajo la premisa de que hubo "una manipulación del proceso licitatorio" para "favorecer a Odebrecht" y presuntos sobreprecios millonarios.
