La convocatoria que algunos ciudadanos hemos hecho para mañana en el Congreso se inscribe, necesariamente, en la necesidad de una respuesta cívica al desquicio jurídico que hoy impera en la República Argentina. Denunciado reiteradamente por periodistas y personalidades, lo cierto es que no sólo se ha deteriorado la calidad de la Democracia que tanto dolor y tanta sangre costó hace 40 años, sino que –peor aún– es la democracia misma la que peligra. Anteayer, en un vuelo desde el Sur, escuché a un joven que era obviamente abogado comentar, con su compañero de asiento, que se ha eliminado de las ternas para concursos de jueces a colegas de su generación que firmaron la última declaración de Justicia Legítima. Y el viernes, al terminar una conferencia en San Martín de los Andes, amigos que militan en el MPN (Movimiento Popular Neuquino, que gobierna la provincia) me explicaron la resistencia (ignorada en Buenos Aires y en los grandes medios) al atropello “de Nación” que quiere quedarse con los fondos jubilatorios provinciales. Los cuales están sanos, son importante factor de equilibrio local, incluyen el 82 por ciento móvil y tienen rango constitucional de la Carta Magna neuquina. Sólo hace una semana un joven viajero contaba, en un café resistenciano, que regresando en coche desde Formosa y en un retén de Gendarmería Nacional en uno de los 6 controles que ahora hay en los 160 kilómetros de distancia entre Formosa y Resistencia (sí, 6 entre los de GN y las policías de ambas provincias) dos gendarmes comentaron mirándolo fijo y con sorna amenazante: “Mirá qué cara de Maldonado tiene éste”. En la misma última semana una colega jujeña me escribe, adolorida, que ya empezaron a cerrar Institutos de Profesorado. A la vez que compañeros tucumanos escriben, escandalizados, que sigue adelante pero silenciada la privatización de la Salud Pública, aceptada por el gobierno de Tucumán. Y asunto que por sí mismo denuncia el asombroso, increíble silencio nacional de sindicalistas del ramo. Desde ya que también hay afrentas desde el llamado “campo”, ese fantasma del que se habla casi nada, mal y al cuete. Que asuma como ministro de agroindustria un hombre denunciado por trabajo esclavo, por evasión y desvío de dineros, con cuentas offshore y denunciado incluso por familiares directos que repudian su falta de principios y decencia, es toda una definición. Y que se nombre embajador en los Estados Unidos a un empresario frutero que es directivo de una empresa belga que el año pasado cerró dos plantas en la Patagonia despidiendo a más de 1.300 trabajadores, completa el cuadro. Son sólo botones de muestra, de los miles (miles, sí) de diarios atropellos políticos y jurídicos en un país desquiciado, cuya Justicia ya no es tal pues ha sido copada y desvirtuada por una banda corporativa que merecería la cárcel si la Argentina fuera hoy -como les gusta decir a los contentos de la república- “un país normal”. Por eso fue tan lamentable la renuncia de Gils Carbo a la Procuraduría General de la República: porque más allá de su comprensible agotamiento, y como algunos reflexionan, quizás no debió renunciar porque así le evitó al gobierno el escándalo de echarla. “Ahora en un par de meses tendrán procurador friendly, y gratis”, lamentó en privado uno de los juristas más notables del país. Hay miles de episodios de abuso judicial en todo el país. Los cuales en Buenos Aires ni interesan ni se sospechan, gracias al silencio macizo de un periodismo que ha perdido vergüenza y profesionalismo, y a un sistema comunicacional avorazado y corrupto. Pero lo más grave –en términos del incendio social que parecen impulsar el gobierno y algunas figuras políticas entre megalómanas y psicopáticas– es que con esos miles de abusos y violaciones cotidianas, y al destruir el Estado de Derecho, estos tipos lo que en verdad están haciendo –es mi opinión– es crear a conciencia una situación límite para que se desborde. O sea, un cuadro de destrucción institucional que acabe con violencia, que es lo que –es mi opinión– en el fondo desean. Para “meter palos”, para “liquidar a los negros” y “a los indios”, para acabar de una vez con el “maldito peronismo” y para eliminar todas las conquistas y legislaciones sociales. Todo eso que tanto costó al pueblo argentino desde las batallas legislativas de Alfredo Palacios durante décadas, y claro, desde 1945 hasta 2015, o sea 70 años de populares intentos de frenar, limitar y acotar los privilegios de una oligarquía que acaso sea la más miserable de todas las oligarquías del mundo. Porque ésta, encima, es bastarda y más poblada de hijos y nietos de inmigrantes cretinos y mafiosos que de familias dizque patricias. En ese contexto –si sucediera y mucho temo– la violencia que están estimulando será reprimida por las fuerzas bestiales que ellos mismos vienen creando a la par de liquidar a la Justicia, remilitarizar el país y reinstalar el miedo. Para eso tienen, en primera fila de combate (así lo han definido ellos mismos), a un ejército de servidores de la concentración mediática. Que entre sus cotidianas pérdidas de vergüenza, por ejemplo, callan cuando el Presidente de la Nación pronuncia otra de sus habituales frases desafortunadas, ésta sobre la Biblioteca del Congreso, que es una de las más competentes, mejor equipadas y más consultadas bibliotecas de toda Nuestra América. En realidad fue un ataque infantil, cabe decirlo, o sea por pura ignorancia. Y el monstruo mediático llamado TN lo protegió una vez más. Acaso eso explica, de paso, el asombroso silencio de los ricos, e incluso de gente que se supone es de derecha pero uno creía decente y con ciertos principios. Pero que ahora callan y hasta las parece bien –¡y les encanta!– cuando se encarcela a opositores sin condenas, sin juicio siquiera y de manera absolutamente inconstitucional. Y ésa es la cuestión. Una vez más, la esencia del drama argentino es la invisibilización de la Constitución Nacional. En ningún contexto familiar, escolar, laboral, sindical, hay conciencia de ello. Y ése es el gran triunfo ideológico del neoliberalismo: han logrado que la sociedad argentina, casi unánimemente, ignore y ni se dé cuenta de la importancia de tener, respetar y hacer respetar la CN. Lo cual compromete a resistir y hacer docencia. Como planteamos desde El Manifiesto Argentino, que ya genera conciencia en muchas provincias: es urgente darnos una nueva CN. No una reforma. Hace falta otra CN. De origen popular, participativo, que reformule todo y acabe con un Poder Judicial espurio y establezca un nuevo, transparente y verdadero Servicio de Justicia.
