Permeable a las presiones ejercidas desde la Casa Rosada, el juez federal Ariel Lijo ordenó ayer a la mañana la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. La grotesca movida estuvo acompañada por un impresionante despliegue de filmaciones y fotografías de Boudou, esposado, con chaleco, e incluso dentro de su departamento, incluso con transmisión casi en vivo de parte del Ministerio de Seguridad, show del que en el juzgado aseguraban no tener nada que ver. En las once páginas con las que justificó la detención de Boudou y de su amigo y socio, José María Núñez Carmona, Lijo argumentó que Boudou tiene “relaciones residuales con actores que podrían ser una vía de colaboración para eludir la actividad judicial y cuenta con poder económico para la elusión u obstaculizaron del proceso”. No explica cuáles son las relaciones que le permitirían obstaculizar la causa ni la existencia real, mínimamente probada, de alguna maniobra y menos todavía por qué no pidió su detención cuando ya tenía la causa, en 2012, y Boudou era vicepresidente, o sea en tiempos en que tenía mucho más poder que ahora. En Comodoro Py resultaba evidente que Lijo reaccionó ante la presión ejercida por los dos organizaciones que suele utilizar la Casa Rosada para sus movidas judiciales, el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y la ONG Será Justicia, en la que revistan varios integrantes del gobierno. Ambas organizaciones, que ya ejercieron enorme presión sobre la procuradora Alejandra Gils Carbó y provocaron su renuncia, esta semana denunciaron a Lijo y a su colega Daniel Rafecas por un supuesto –y falso– retraso en los expedientes de sus juzgados. En Tribunales opinan en forma unánime que Lijo, ante la ofensiva, huyó hacia adelante con la detención de Boudou. –No tenía otra alternativa. Las cosas cambiaron a partir del fallo de la Sala II –le explicó con aires de culpa Lijo a Boudou cuando se encontraron cara a cara. –Mire, tratemos de evitar los comentarios –le contestó el ex vicepresidente, que estaba acompañado por su abogado, Eduardo Durañona. El tenso diálogo ocurrió en los cinco minutos en que el juez estuvo presente en la indagatoria que se le tomó ayer a Boudou, después del mediodía, horas después de la detención del ex funcionario. El mensaje es que la Cámara Federal, manejada por el gran operador de Cambiemos y de Ricardo Lorenzetti en Comodoro Py, Martín Irurzun, sentó las bases para encarcelar a Boudou y a cualquier otro funcionario del gobierno anterior sin que exista un juicio previo y, como ayer, sin pedido del fiscal ni indagatoria ni maniobra alguna acreditada. Con el pedido de la Casa Rosada alcanzó. Es que el argumento que alguien fue poderoso y continúa con contactos que le puedan ayudar a evadir el accionar de la justicia es ideal para orientar la persecución en función de las necesidades políticas. Se le podría incluso preguntar a los magistrados por qué no ordenan la detención de Mauricio Macri, imputado en la causa del Correo, que es muy poderoso y tiene todos los contactos para obstaculizar ese expediente. La cuestión es política y, como señaló el ex juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, se trata de procedimientos mafiosos. Desde el punto de vista judicial hay dos aspectos muy distintos. Lo que rompió ayer todos los moldes fue la decisión de mandar a Boudou al penal de Ezeiza. Y lo que hizo Lijo fue transcribir la frase acuñada por Irurzun en la resolución de la Sala II sobre Julio De Vido, con la que se impuso la detención del ex ministro en voto dividido: “a la hora de examinar riesgos procesales no corresponde limitar el análisis a la forma en la que los imputados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta relevante determinar si existen datos reales y concretos que permiten presumir que mantienen lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal, se encuentran aún vigentes y si pueden ser usados para en perjuicio de la investigación penal”. El clima de aprietes de Comodoro Py abarcó ayer al fiscal Jorge Di Lello quien se despachó con un dictamen asombroso ante el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Boudou. Di Lello, que no había pedido la detención del ex vicepresidente, señaló que acompañaba al juez en cualquier decisión que tomara. En otras palabras, se excusó de opinar en un caso de evidente violación de las garantías constitucionales. Todo lo que había pedido Di Lello respecto de Boudou es que justifique algunos aspectos puntuales de su incremento patrimonial, pero no mencionó ninguno de los peligros señalados por Lijo. La causa judicial por la que fue detenido ayer Boudou se originó en una denuncia del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten. La imputación es por enriquecimiento ilícito. En su escrito de ayer, Lijo señala que Boudou fue jefe de una asociación ilícita integrada por Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele y Juan Carlos López. La acusación se centra en tres casos de lavado de dinero: Como se ve, se trata de imputaciones que hasta ahora ni siquiera merecieron una convocatoria a indagatoria. La causa se originó en 2012, es decir que lleva cinco años, parte de los cuales Boudou fue vicepresidente. En 2015, Lijo ordenó una pericia contable y ese trabajo se terminó en octubre. Todo lo que ocurrió desde entonces fue que el fiscal Di Lello pidió explicaciones. Y nada más. Pero esta semana llegó la presión de la Casa Rosada, combinada con el apriete mediático y del aparato judicial, cuya punta de lanza fue Irurzun. El manejo político ayer quedó claro: filmaron a Boudou en su departamento mientras le leían la orden del juez, en jogging y descalzo, y le sacaron fotos de cada movimiento posterior. No se trató de videos ni fotos sacadas por los medios, sino por miembros de las fuerzas de seguridad. Al instante, las imágenes salieron hacia los medios amigos desde las cuentas de WhatsApp utilizadas habitualmente por los funcionarios del Gobierno. El resumen es sencillo: otro opositor preso sin juicio ni condena. Con videos, fotos y todo el show. Justito en la semana en que presentaron el nuevo plan de ajuste.
