Asentado por el triunfo electoral, el Gobierno decidió despojar de nombres políticos a las represas del río Santa Cruz. Ya no se llamarán "Presidente Néstor Kirchner" ni "Gobernador Jorge Cepernic". El ministerio de Energía volverá a denominarlas "Cóndor Cliff" y "La Barrancosa", como sucedió hasta 2010, cuando se licitaron. Las "centrales de aprovechamiento hidroeléctrico" adoptaron los nombres de los políticos patagónicos por una decisión tomada en una ley provincial de Santa Cruz. Pero el Poder Ejecutivo posee las concesiones nacionales para estas represas y destinará los US$ 4.700 millones necesarios para construirlas. La obra está bajo la órbita del ministerio de Energía. Las denominaciones anteriores reflejaban “objetivos políticos”, algo que no gustó en la actual administración que prefiere los nombres técnicos. En el oficialismo esgrimen que ninguna obra de infraestructura debiera haber llevado un mote propagandístico. A través del Decreto 882/2017, publicado hoy en el Boletín Oficial, el ministerio de Energía realizará una profunda reforma en el sistema eléctrico. A través de la licitación de participaciones en otras empresas eléctricas, en el Gobierno creen que recaudarán un mínimo de US$ 1.000 millones, y hasta podrían conseguir más dinero. Las represas de Santa Cruz fueron un legado del kirchnerismo, con un costo de US$ 6.000 millones. La actual gestión, del ministro Juan José Aranguren, la modificó para bajarle el costo a US$ 4.700 millones. De ese dinero, el 85% será aportado por un préstamo chino y el resto tendrá que salir de las arcas estatales. Con lo que ingrese por la venta de otras empresas se cubrirá la parte del Estado, que sería alrededor de US$ 650 millones. La licitación para construir las represas la ganó un consorcio encabezado por Electroingeniería, una de las empresas cuya facturación se disparó durante el kirchnerismo. Está asociada con la china Gezhouba. A través de los orientales llegará el préstamo al Estado argentino. En el Gobierno confían en renegociar la tasa de interés por ese desembolso, confiado en la mejora del riesgo país y otros indicadores crediticios sobre las cuentas del país. A fines de 2016, la Corte Suprema de Justicia suspendió la construcción de las represas y convocó a una serie de audiencias públicas, que ya se realizaron. Después apareció otro pedido de organizaciones ambientalistas para detenerlas. El constitucionalista Daniel Sabsay planteó que nuevamente debe ser el máximo tribunal el que decida al respecto.
