El ministro de Defensa, Oscar Aguad, viene trabajando en un ambicioso plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas, que promete quebrar la rutina de los cuarteles. Por un lado, analiza la posible reubicación geográfica de bases y unidades militares, algunas de las cuales podrían cerrarse; por otro, evalúa autorizar la participación de las tres fuerzas ante agresiones externas, incluidos eventuales ataques terroristas. Esta posibilidad se encuentra hoy vedada por el decreto reglamentario de la ley de defensa nacional, promulgado en 2006 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que limitó el empleo de las Fuerzas Armadas únicamente ante "agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados". No encuadraría en ese esquema un eventual ataque de organizaciones terroristas como Estado Islámico (EI). La proximidad de la reunión del G-20 en Buenos Aires, que convocará a los principales jefes de Estado del planeta en noviembre de 2018, aceleraría la decisión, según pudo saber LA NACION de fuentes castrenses. La reforma que prepara Aguad, quien hace tres semanas anticipó en Córdoba que elabora un proyecto de reestructuración que "redefinirá el rol de las fuerzas militares", sería dada a conocer en breve, tras el espaldarazo que recibió el Gobierno en las elecciones. El ministro, que mantiene un estricto hermetismo sobre la reforma, prometió también mejoras salariales y novedades en el equipamiento de las tres fuerzas. Al recibir en su Córdoba natal los cuatro aviones Texan II que serán destinados al entrenamiento de pilotos de la Fuerza Aérea, Aguad aclaró que las Fuerzas Armadas no serán empleadas en la lucha contra el narcotráfico, limitándose su participación, como ocurre en la actualidad, a las tareas de apoyo logístico, como las que se desarrollan en la frontera norte mediante la intercepción de vuelos ilegales. Pero eso no cierra la puerta a que puedan ser autorizadas a intervenir en operaciones de lucha contra el terrorismo, una iniciativa que, según advierten en las propias fuerzas, sería bien recibida por el gobierno de Estados Unidos, en momentos en que se evalúa la realización de ejercicios militares conjuntos entre ambos países. Hubo, incluso, visitas recientes de personal militar a Washington por ese motivo. En las FF.AA. aguardan con expectativa el anunciado recambio de sus misiones y objetivos. Se espera que tenga más protagonismo el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo jefe es el teniente general Bari del Valle Sosa. Es el organismo encargado de planificar y llevar adelante las operaciones militares, mientras que cada fuerza tiene la responsabilidad del alistamiento y adiestramiento de los efectivos. "La definición del rol de los militares es un planeamiento más político que de estrategia. La guerra moderna ha cambiado y el enemigo es distinto. Pero eso no lo determina el Ejército ni las FF.AA. sino el poder político", explicó una fuente castrense. "La estructura de las fuerzas siempre dependerá del objetivo que se fije", confió a LA NACION un oficial en actividad. Uno de los principales objetivos del Gobierno es modificar el decreto que limitó la actuación de los militares a la respuesta ante agresiones de otros Estados, impulsado durante la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa. Para justificar el cambio se argumenta que esa reglamentación excedió lo dispuesto en la ley de defensa nacional, de 1988, que reservaba el instrumento militar a los ataques externos, no sólo de una fuerza estatal. Como informó LA NACION hace dos meses, existe preocupación en las propias Fuerzas Armadas por la capacidad militar para garantizar el control del espacio aéreo y la seguridad de los jefes de Estado y delegaciones extranjeras durante la cumbre del G-20. Frente a las exigencias que demanda la cumbre, el Gobierno analiza la adquisición de lanzadores de misiles de corto alcance, en negociaciones con Suecia, que llegarían en calidad de préstamo con compromiso de compra. También hubo gestiones con Francia para evaluar la incorporación de cinco cazabombarderos Super Étendard, además de la provisión de materiales. Es un sistema de defensa que fue desprogramado en Francia, utilizado en la Guerra de Malvinas, y cuya cesión sería considerada un gesto político del presidente Emmanuel Macron. Fuentes castrenses indicaron que la negociación estaba encaminada, en torno de los 12 millones de euros, pero quedó empantanada por las presiones de Francia para frenar las exportaciones de biodiésel argentino a la Unión Europea. Eso también frenó las gestiones para la compra de cuatro patrulleros oceánicos destinados a la Armada. Una preocupación de Aguad es la ciberdefensa, lo que definió como la necesidad de "cuidar las fuentes de nuestras informaciones, datos y archivos". Con esa premisa ya viene trabajando en el Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. el Comando Conjunto de Ciberdefensa, que también podría tener participación en el combate del terrorismo, a través de una acción coordinada con la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad. A partir de enero, además, se conformará un Comando Conjunto de Fuerzas Especiales, que coordinará distintas operaciones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
