La firma del juez contencioso administrativo federal Pablo Cayssials en una sentencia que anula la exigencia de un juicio político para remover a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, equivale al impacto de un misil atómico en el corroído pero aún vigoroso dispositivo judicial de impunidad construido por el kirchnerismo para cubrir su retirada. Si tras la segura apelación de la sentencia la cámara confirmara el punto de vista del juez respecto a que la silla del procurador no goza de la misma inmunidad funcional que la de los jueces de la Corte Suprema, porque la Constitución no la menciona en las enumeraciones de los artículos 53, 59 y 99, la jefa de los fiscales y principal espada del ejército K en tribunales vería recortada la altísima muralla detrás de la cual permanece refugiada. La institución del juicio político -inspirada en el impeachment inglés- implica un mecanismo de excepción para la remoción de funcionarios públicos, bajo la exigencia de que el Congreso debe aprobarla con los dos tercios de la Cámara de Diputados para su inicio, y una mayoría calificada similar en el Senado para obtener una sentencia. Semejante exigencia -pensada para situaciones extremas y con la condición de un amplio consenso legislativo- hizo que los sucesivos constituyentes de 1853, 1860 y 1994 fueran recortando la cantidad de funcionarios que gozarían de ese privilegio. Según la última versión, sólo alcanza al Presidente de la Nación, el vice, el jefe de Gabinete, los ministros y los jueces de la Corte. Punto. Pero una de las reformas a la ley del Ministerio Público, en los años 90, que sumó al procurador general a aquella exigua lista que la Constitución no incluía. Esa martingala fue declarada inconstitucional esta mañana. El efecto de la sentencia será inmediato, sobre todo en la política. Tras su fracaso para que renuncie voluntariamente el gobierno ensayó varias vías para apartar a Gils Carbó, cuyo despliegue para entorpecer causas judiciales por corrupción con protagonistas kirchneristas, sembrar de fiscales adictos al credo K cada espacio posible, o a crear nuevas fiscalías y mañas para hacerlo, la convirtió en la herramienta más eficaz de aquel dispositivo de protección kirchnerista. La trabajosa construcción de los dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados fue y sigue siendo materia de peleas, negociaciones -no siempre transparentes- y extorsiones entre el oficialismo y la oposición, donde el bloque kirchnerista mantiene un vital poder de veto. La creación de la comisión bicameral que preside la massista Graciela Camaño -y que trabajó con seriedad y profundidad para construir un caso potable para el juicio político- vio frustrado su primer intento de cortar el mandato -hoy vitalicio- y las funciones de la procuradora. Elisa Carrió pulverizó aquel prototipo bajo la consigna de que una salida prolija de Gils Carbó sólo ocurriría a través de la puerta del juicio político- Ese argumento se acabó hoy. A sola firma, la sentencia del juez Cayssials, le desató las manos al gobierno para gestar otra variante y le bajó el precio a los opositores que soñaban con elegir al sucesor de la procuradora a cambio de aportar los imprescindibles votos. Pero la euforia no debería confundir al oficialismo. Si la ley que gatopardeaba el juicio político para echar a Gils Carbó es inconstitucional, ahora hay que cambiarla por otra que no lo sea. Aunque ya sin el requisito de los inalcanzables dos tercios, el Congreso mantiene la pelota frente a sus pies.
