Promulgadas bajo los gobiernos de Roca, Sáenz Peña, Yrigoyen, Alvear o Uriburu, estas leyes de regulación y protección del trabajo son atribuidas sin embargo en el imaginario colectivo al primer gobierno peronista. La ley 4661 de descanso dominical, redactada en base a un proyecto del diputado socialista Alfredo Palacios, fue sancionada en septiembre de 1905, durante la segunda presidencia de Julio A. Roca. La jornada laboral de 8 horas fue establecida por una ley de 1929, es decir, en el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen. La prohibición de que las mujeres realizaran trabajos peligrosos y el otorgamiento de beneficios tales como pausas para amamantar, además de la protección del trabajo infantil, surgen de la ley 5291 de 1907. La ley de accidentes de trabajo fue sancionada en 1915 durante la gestión de Roque Sáenz Peña – Victorino de la Plaza, también en base a un proyecto de Palacios. ¿De dónde surge entonces la creencia de que la gestión de Perón marcó un momento fundacional en la materia en la Argentina? "En la etapa de acercamiento de Perón a los obreros, que es la de la dictadura, del 43 al 45, hubo sí un favorecimiento a los sindicatos -dice Ariel Kocik, coautor, junto a Hugo Gambini del libro Crímenes y mentiras. Las prácticas oscuras de Perón (Sudamericana, 2017)-. Pero una vez que asume la presidencia y hasta el 55, la aplicación efectiva de esos logros y de esas leyes hay que ponerla entre comillas. En la primera etapa, él favorecía la resolución de los conflictos y trataba de fallar a favor de los obreros, sobre todo de los que estaban menos organizados; eso fue así podemos decir que hasta el 48. Pero ya en el segundo gobierno de Perón, la propia CGT llamaba a trabajar el sábado para ayudar al gobierno. Con la crisis económica, se empieza a borrar con el codo lo que se había hecho. Hay una etapa inicial que se presenta como de fiesta o de bonanza social y de otorgamientos, de conquistas, pero muy rápido empieza la represión. Ahí comienza a hacer agua el goiberno entre la metodología y la realidad. De hecho se produce una enorme represión contra las huelgas a partir del 48". La réplica habitual peronista al señalamiento de que no fue Perón quien convirtió en leyes los derechos de los trabajadores es que toda esa legislación era papel mojado hasta 1943; no se cumplía. "Con la creación de esta Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la era de la política social argentina", había dicho el propio Juan Domingo Perón a fines de 1943 cuando logra convertir lo que hasta entonces había sido el Departamento Nacional del Trabajo -creado en 1904- en Secretaría. Hasta la llegada de Perón en octubre de 1943, la principal función de ese departamento era estadística. Una tarea nada desdeñable, sobre todo gracias a la labor de José Figuerola, un catalán que había sido funcionario en la cartera de Trabajo en España bajo José Antonio Primo de Rivera, y que se había exiliado en Argentina tras la caída de éste. Figuerola traía una concepción corporativista de las relaciones entre capital y trabajo, con arbitraje del Estado, y había sido testigo de la experiencia del establecimiento de comisiones paritarias entre patrones y obreros para negociar condiciones de trabajo. Figuerola llevaba diez años reuniendo valiosa información sobre niveles de ocupación, de salarios, sobre leyes laborales, etcétera, cuando Perón, que había observado en Italia el modelo mussoliniano de organización sindical, es nombrado titular del Departamento. Sobre la base de esa información, Perón elaboró un plan de captación de la dirigencia sindical y de organización de la "masa" obrera, condición necesaria, decía, para poderla conducir. El primer paso fue elevar el Departamento al rango de Secretaría de Trabajo y Previsión, para disponer de mayores medios. Según cifras del propio Departamento de Trabajo la canasta básica de una familia en la capital era de 147 pesos mientras que el salario medio era de 128 pesos promedio y el obrero de 78. La conclusión del organismo era que en 1943 la situación de los obreros había empeorado pese a estar recuperándose la industria. El proceso industrial entre 1930 y 1943 había volcado a una masa de trabajadores del interior hacia los suburbios de Buenos Aires. A diferencia del proletariado anterior, por lo general de origen europeo, estos que serán llamados "cabecitas negras", carecen de formación ideológica y de experiencia de lucha gremial. "Menos de la tercera parte del total de la fuerza laboral de la Argentina estaba organizada -dice Joseph Page, en su biografía sobre el líder justicialista- El genio de Perón reconocería el potencial político que ofrecía un movimiento obrero en desorden con una composición variable". La CGT, hoy tan inseparable del peronismo, también era preexistente. Pero se trataba de una organización de índole muy distinta. "La CGT, que se forma en 1930, no tenía identificación partidaria", señala Kocik. Había surgido en forma independiente de todos los partidos, aunque hacia 1935 los socialistas logran hegemonizar su conducción. Cuando los militares toman el poder en marzo de 1943, la CGT ya se había dividido en dos por disidencias de algunos gremios con las posiciones internacionalistas del socialismo. De todos modos, no era un organismo que representara a la totalidad de los trabajadores. Entre la minoría organizada, varias corrientes se disputaban la supremacía: sindicalistas (que intentaban mantener a los gremios alejados de ideología y política partidarias), socialistas, comunistas y, en menor medida, anarquistas. "En el seno de la clase obrera sólo una minoría de dirigentes y cuadros estaba agremiada e intervenía en política. Las grandes masas provenientes del campo, malviviendo en barracones y sin presente estable, carecían de una ideología", dice el investigador catalán Joan Benavent en un muy detallado libro sobre el ascenso de Perón (Perón. Luz y sombras, 2004), para el que contó con los testimonios, entre otros, del sindicalista Andeés Framini (ya fallecido) y de Alfredo Domingo Mercante, hijo del coronel Domingo Mercante, estrecho colaborador de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Perón se lanza entonces a la captación de esa masa, utilizando diferentes tácticas. Había ordenado a sus funcionarios mediar en favor de los obreros en los conflictos, buscando asegurarles mayor poder adquisitivo y concediendo beneficios sociales, a veces mínimos. "Perón ayuda especialmente a los gremios más desprotegidos como el de la carne, los portuarios o los azucareros. Eso significaba más que nada, ganar puntos, por ejemplo, las pausas de descanso, la provisión de guantes, cosas que parecen muy elementales pero que para ellos eran importantes. Esto en el marco de leyes que ya existían pero no se cumplían", ejemplifica Ariel Kocik. Hubo también, agrega, varios decretos ley del gobierno de facto de Farrell, del que Perón llega a ser vicepresidente, y más de 300 gestiones conciliatorias y convenios colectivos, a cargo de la Secretaría de Trabajo, antes de 1946. "Todo esto sumó una muy importante popularidad, aunque es discutible el aprovechamiento del poder del Estado para gestar una candidatura", dice. Desacostumbrados a que el Estado les dé la razón, poco a poco, muchos referentes gremiales fueron abandonando sus antiguas lealtades ideológico-partidarias para seguir a Perón cuyo despacho estaba siempre abierto para cualquier sindicalista que quisiera hablar con él, independientemente del peso de sus afiliados. Perón entendió que en la gran mayoría de trabajadores no afiliados y por lo tanto carentes de representación y de protección había un terreno fértil. Promovió por lo tanto la agremiación de todos los sectores. Con los gremios más tradicionales, ya consolidados (ferroviarios, comercio…. ), intentó la cooptación mediante concesiones, pero cuando ésta no funcionaba apelaba a la creación de sindicatos paralelos o a la promoción de dirigentes de segunda línea con ambiciones a los que respaldaba en su lucha interna por la jefatura del gremio. Fue el caso del propio Cipriano Reyes, del sindicato de la carne, a quien promovió para desplazar a los comunistas de la dirección, pero que luego se le enfrentó, entre otras cosas, por la decisión de Perón de liquidar el Partido Laborista. Dos factores limitaban o volvían ineficaces a las leyes existentes: la falta de un Estado activo con órganos de aplicación y la escasa cobertura de la organización gremial. "La CGT tenía alrededor de 331.000 afiliados sobre un total de 547.000 trabajadores agremiados", dice Page. Pero esos trabajadores sindicalizados representaban a su vez apenas "la décima parte del total de la fuerza laboral de la Argentina". Perón se abocará a resolver ambas cuestiones: creará tribunales laborales y promoverá la agremiación de los trabajadores de todas las ramas de actividad. Pero el precio que pagarán por esto será la pérdida total de autonomía de sus organizaciones. No todos lo aceptarán, y allí radica el detonante de muchos conflictos con líderes y con agrupaciones sindicales. El caso de Cipriano Reyes es el más emblemático pero no el único. Ariel Kocik se ha dedicado a rescatar las historias de estos cuadros gremiales que, incluso en algunos casos mirando con simpatía inicial la obra de Perón, no deseaban subordinarse. Todavía en 1945, la CGT era autónoma, como lo demuestra el debate en el confederal para decidir si se lanzaba o no un paro general en protesta por la destitución y arresto de Perón. La huelga es votada por 16 sindicatos contra 11 pero en el comunicado no se menciona al coronel preso en la isla Martín García, sino genéricamente a "los civiles detenidos por defender la causa obrera". Más aún, el diario sindical del día siguiente destaca el éxito del paro general pero no menciona la movilización a Plaza de Mayo del día 17 que obtiene la liberación de Perón y convertida luego en efeméride popular por excelencia. El otro factor promovido por Perón fue la redistribución del ingreso que, como señala Kocik, operó con fuerza mientras la situación económica fue de bonanza. Para el año 1948, el salario real había aumentado considerablemente (27% para el obrero industrial respecto de 1943 y 37% para la mano de obra no especializada). "Una medida que sí fue iniciativa de Perón -acota Kocik- fue la creación del Instituto Nacional de Remuneraciones, que estableció el salario vital para obreros, ajustable por alza del costo de vida y por la situación específica de la empresa. También el aguinaldo anual a partir de 1945, sin embargo su cobro no siempre estuvo garantizado y eso fue una de las causas del conflicto con el gremio de la carne". "Además, dice Benavent, (Perón) buscó revertir la lógica de sueldos bajos y altas ganancias para los industriales y capitalistas, por una mejor distribución del ingreso destinada entre otras cosa a crear un mercado interno". La contrapartida, explica Page, fue la estatización de los gremios y de la CGT. "El precio que tuvieron que pagar los gremios por estos beneficios fue la pérdida de independencia". El movimiento obrero se convierte en "una estructura monolítica, jerárquica, burocrática y totalmente rígida". En palabras de Benavente: "Tras aquella batalla por la justicia social desarrollada contr tirios y troyanos, se escondía una batalla importante por el control de las organizaciones obreras, facilitando el inminente liderazgo social y político de Perón". El mecanismo de este sometimiento fue la Ley de Asociaciones Profesionales. Perón había hecho revocar la Ley ultra represiva dictada poco antes por el régimen del que formaba parte, pero el 2 de octubre de 1945 la reemplazó por un decreto nuevo -que más adelante sería ratificado por el Congreso-. "La Ley de Asociaciones Profesionales, cuyas claves eran el sindicato único por rama de actividad y la CGT como central obrera única, fortalece mucho a la CGT. Los sindicalistas peronistas dicen que de eso depende la unidad y la fuerza para los reclamos. Sí, pero por otro lado, eso sometió a la central obrera al poder peronista, le dio poder a la CGT, pero por otro lado dejó sin independencia al conjunto del movimiento obrero. Después de Perón, el grueso de los sindicatos se convirtieron en corporaciones con muchísimo peso". La clave del control que se ejerció desde el Estado fue que las organizaciones laborales reconocidas como gremios por la Secretaría de Trabajo y Previsión eran las únicas que podían negociar convenios, representar a los trabajadores ante el gobierno y participar en actividades políticas. Como la Secretaría podía reconocer a un solo gremio por sector de actividad, salta a la vista el impresionante poder que eso otorgaba al titular del organismo que pronto se convertiría en Ministerio de Trabajo. El paso siguiente fue reconocer a una sola CGT y poco a poco adocenarla y someterla completamente al poder del Estado. "Todo aquel que aceptaba ponerse bajo el registro de la Secretaria de Trabajo podía ser beneficiado. La contracara era que se dictaban leyes represivas, por ejemplo una que permitía romper una huelga inmediatamente si no estaba autorizada por el Estado, por el órgano competente, que era la Secretaría de Trabajo. O sea, hay una ayuda concreta pero al mismo tiempo hay un sometimiento claro", concluye Kocik.
