Está al caer el procesamiento de la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Lo va a resolver el juez federal Julián Ercolini, quien pondera las últimas pruebas antes de redactar el fallo. Es una causa por el pago de coimas para la compra de la actual sede de la Procuración. El Estado desembolsó en total 43.850.000 pesos por el inmueble, de los cuales casi 8 millones correspondieron a una comisión abusiva, alrededor del 20% del precio. Gils Carbó está acusada de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, coimas, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Suena grave y son delitos graves. Pero quizás le cabrían las figuras penales más atenuadas, como mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pequeño detalle: esas son las causales centrales de cualquier juicio político. Sería el principio del fin de la parábola de la Procuradora, quien hace cinco años asumió el cargo, le fueron dados plenos poderes durante la gestión de Cristina y terminó armando y comandando el aguerrido equipo de defensa y demora judicial cuya misión es proteger a la ex Presidenta fuera del poder y hostilizar al gobierno de Macri. En la hipótesis de Gils Carbó procesada, quedaría abierto el camino hacia su juicio político en un Congreso donde el oficialismo tendrá un peso político claramente mayor, como previsible resultado de las elecciones del 22 de este mes. Fuentes del Gobierno suponen que la remoción de la Procuradora podría producirse no antes de seis meses, entre marzo y abril del año próximo. Esto, siempre que no haya una renuncia anticipada de Gils Carbó, variante a la que ella hasta hoy se negó rotundamente desde que Macri llegó a la Casa Rosada, resistiendo las presiones oficiales en ese sentido. En el diseño político que ya se está conversando entre funcionarios y legisladores de Cambiemos por un lado, y la jefatura parlamentaria del peronismo no kirchnerista por el otro, asoma la posibilidad de abrir un espacio de transición para “recuperar institucionalidad” en un organismo que quedaría descabezado por procesamiento y juicio político de su titular. Hay dos factores básicos a tomar en cuenta. El primero de ellos, que la transición a la vez supondrá una limpieza de los cuadros políticos que sembró Gils Carbó en fiscalías estratégicas ya existentes o creadas por ella. Sería una tarea puntual, precisa y a desarrollar en un período que podría acordarse en los dos años. Concluiría de modo contemporáneo al actual mandato presidencial de Macri. El segundo, que esa tarea de restauración profesional debería ser encarada por alguien capaz de concitar a la vez el apoyo y respeto de Cambiemos –eludiendo sobre todo el eventual veto de Elisa Carrió- y del peronismo, que aún perdiendo bancas seguirá teniendo la llave de los dos tercios del Senado, necesarios para nombrar y remover al Procurador. Según fuentes oficiales, de los varios postulantes al cargo quien mejor completaría ese formulario breve y exigente podría ser Alberto García Lema, jurista del peronismo de larga trayectoria, Procurador del Tesoro en los años ’90 y una de las piezas clave en la reforma constitucional de 1994. El poderoso senador Miguel Pichetto ya argumentó a favor de García Lema ante Macri, cuando un primer intento bipartito de desplazar a Gils Carbó fracasó por la exigencia de Lilita Carrió de apegarse a los procedimientos de remoción que indica la ley vigente. En el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano afirman que una transición con alguien del perfil de García Lema dejaría en carrera, para encarar luego una nueva etapa más profesional de la Procuración, a postulantes más jóvenes como los fiscales Ricardo Sáenz, Raúl Plee, Guillermo Marijuan y José María Campagnoli, y también al camarista de Casación Gustavo Hornos. A ninguno de ellos les faltan patrocinantes en el mundo de la política y de la Justicia. Todo este armado, desde ya, es precario y está sujeto al cumplimiento de pasos previos necesarios. Esto saldrá a la superficie una vez que se concrete el procesamiento del juez Ercolini. Por cierto, y conviene aclararlo puntualmente, no hay constancias de que Gils Carbó haya cobrado aquella coima de casi 8 millones de pesos por la compra de la sede de la Procuración, según afirman fuentes directas de los tribunales y del Gobierno. En cambio están muy comprometidos funcionarios de su máxima confianza. Ella misma, en la declaración indagatoria de hace cinco semanas, admitió haber visitado el edificio de la calle Perón al 600 antes de que se formalizara la licitación que terminó en su compra por parte de la Procuración. Esa declaración habría terminado de hundirla en el expediente. Tanto como la comprobación de que hubo 32 llamadas hechas desde su teléfono celular al de Guillermo Bellingi en los días de la operación cuestionada. Bellingi era subdirector de la Procuración. En la indagatoria, Gils Carbó acusó a “funcionarios infieles” por ese acto de corrupción, que admitió abiertamente. En aquellas tres horas de declaración ante el juez Ercolini y el fiscal Taiano, la Procuradora alegó que “nos sentimos defraudados” ante el “negocio oculto” de Bellingi y su medio hermano Juan Carlos Thill, un agente de seguros sin experiencia en el rubro inmobiliario que cobró 3 millones de la comisión. La misma Procuradora, a poco de su llegada en agosto de 2012, había volteado por razones administrativas la licitación para la compra de un edificio en la calle Alsina. Después surgió el inmueble de Perón 675, donde hoy funciona la Procuración. La comisión quedó incluida en el precio total de la operación. Los que actuaron, cercanos a Gils Carbó, tenían relación también con Aníbal Fernández. La investigación del fiscal Carlos Rívolo, continuada luego por su colega Taiano, no logró precisar cuáles fueron los destinatarios finales del dinero ilegal. Si se respetan las formas ordenadas en la ley, la movida para desplazar a la Procuradora contará con el apoyo de la mayoría de los fiscales, que no están comprometidos con el emprendimiento político kirchnerista de Justicia Legítima. Pero incluso desde la Asociación de Fiscales, que preside Rívolo, se reclaman cambios en la legislación para fijar un mandato para el Procurador, que podría ser de 4 ó 5 años, en cambio del carácter vitalicio que hoy tiene el cargo. Y que también se elimine la posibilidad discrecional de crear fiscalías de distrito, que fue el modo usado por Gils Carbó para colocar militantes por encima de los fiscales de carrera. La idea, dicen en el Gobierno, es “pacificar” el Ministerio Público después de la gestión de Gils Carbó, y “volver a la institucionalidad”. Ponen como ejemplo incluso el período en que Esteban Righi fue procurador general, desde 2004, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, hasta que Cristina lo empujó a la renuncia en 2012. Fue por no haber impedido el avance de la causa contra el vicepresidente Amado Boudou en el escándalo Ciccone, que hoy lo tiene afrontando el juicio oral. Gils Carbó sorprendió a comienzos de esta semana, cuando anunció que su nuevo abogado en la causa en la que estaría a punto de ser procesada será Carlos Arslanian. Hasta el momento la defendía Alejandro Rúa, quien también es abogado de Cristina Kirchner. Arslanian fue presidente de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes de la dictadura en los ’80. Después ministro de Carlos Menem en los ’90. Y de Eduardo Duhalde y Felipe Solá en las gobernaciones bonaerenses. Es un abogado de sólido prestigio, reconocida eficacia y honorarios altísimos. En medios políticos se estima que aceptó este trabajo por pedido de Cristina. En fuentes oficiales suponen que la designación de Arslanian puede incluir un gesto negociador. Quizás se busque una salida elegante para Gils Carbó, cierta garantía de alivio en el destino final de la causa penal que la involucra y un puente abierto para negociar todo eso con el peronismo. De eso, Arslanian también sabe bastante.
