Los cinco supremos dejaron de lado sus notorias diferencias para plantar una ficha en el tablero de la política. Con la decisión unánime de hacer lugar a un per saltum y congelar la situación de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli hasta definir el fondo de la cuestión el máximo tribunal se coloca en una posición supraconstitucional de árbitros institucionales, pasando por encima de los procedimientos previstos y la voluntad de los tres poderes del Estado sin haber acreditado una urgencia para hacerlo. Incluso si la sentencia definitiva resuelve que los magistrados deben regresar a los cargos para los que tienen acuerdo, resultará que todo lo actuado por el Consejo de la Magistratura, el Senado, el Presidente de la Nación y los jueces y fiscales de instancias inferiores, siempre de acuerdo a la norma, queda supeditado al capricho de una Corte que, en nombre de la República, se adjudica más poderes que los que establece la Constitución Nacional. Todo cimentado sobre la legitimidad que otorgan cero votos. Si, por el contrario, falla a favor de los tres jueces que habían sido trasladados a dedo por Mauricio Macri, le darán un golpe mortal al esquema jurídico. Con ese antecedente, todos los cargos vacantes podrían cubrirse a dedo, prescindiendo de los concursos y del acuerdo del Senado, echando por tierra el procedimiento previsto por los constituyentes. En cualquiera de los casos, los cinco supremos se habrán arrogado más facultades que las que ya tienen, que no son escasas: un sutil avance sobre las instituciones. “No había ninguna urgencia”. En el gobierno no dudan de que el apuro que mostró el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y al que se plegaron los otros jueces del cuerpo es la prueba que delata el carácter político de la decisión que tomaron. El hecho de que cuatro de los cinco asistieran al Palacio en lugar de acordar de manera telemática, tal como venían haciendo, también se leyó en el mismo sentido. Después de todo, la decisión ya estaba tomada y el debate de hoy en el cuarto piso pasó por la forma de comunicarla. “Las maniobras de presión surtieron efecto. Resulta sorprendente que la Corte vea gravedad institucional como para usar el per saltum en esta cuestión pero no hicieron nada durante los cuatro años que el Poder Judicial fue avasallado, persiguieron jueces, se afectaron derechos ciudadanos e incluso se atentó contra el sistema democrático a través de la persecución a opositores, el espionaje ilegal y un show de escuchas telefónicas que se filtraban de la propia Corte”, le dijo a El Destape el secretario de Justicia, Juan Martín Mena. Desde la oposición, los responsables de los tres partidos que conforman Juntos por el Cambio celebraron la intervención de la Corte Suprema. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que “la decisión del per saltum genera certezas” y el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo que “la decisión de la Corte da un respiro democrático a nuestras instituciones”. Elisa Carrió, a su modo, lo hizo en un tuit, donde escribió que “la república está muy, muy, muy feliz”. La importancia que le dieron en ese sector al per saltum se vio reflejada en la cantidad de dirigentes de primera línea que se apresuraron a celebrarlo en los medios amigos y las redes sociales, siempre repitiendo la letanía del republicanismo y la independencia de poderes. Se sumaron al carromato los jefes de bloque Maximiliano Ferraro, Cristian Ritondo y Mario Negri, de la cámara baja, demás de Luis Naidenof y Martín Lousteau, del Senado. También opinaron Esteban Bullrich, Hernán Lombardi, Maricel Etchecoin, y siguen las firmas. Por el contrario, desde el oficialismo fueron cautos y esperan el fallo que defina la cuestión de fondo, aunque se suponía que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, sentara posición luego de evaluar el asunto con el Presidente. En la Casa Rosada no esperaban el resultado y deberán reajustar los próximos pasos antes de mover las fichas. Se agravó en el entorno de Alberto Fernández la preocupación por la excesiva influencia de ciertos factores de poder en el máximo tribunal. Es probable que esta decisión deje huellas. En el gobierno destacaban un dato: desde el año 2012, cuando la herramienta del per saltum se instituyó por ley, el máximo tribunal sólo recurrió a ella en dos ocasiones, y las dos veces fue para defender privilegios de la corporación judicial. La primera había sido en 2013, cuando se trató la modernización de la justicia que proponía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La segunda fue hoy. Alberto Fernández tomó nota de que la Corte Suprema redobló la apuesta; ahora mueven las blancas.
