El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a sus pares a un acuerdo extraordinario que se celebrará el martes 29 de septiembre para tratar el recurso de per saltum interpuesto por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli con relación al desplazamiento que sufrieron de los tribunales en que actúan. Ante esa decisión, el presidente de la Nación emprendió una embestida verbal contra la Corte en general y contra Rosenkrantz en particular. Dijo, respecto de la convocatoria al acuerdo extraordinario, que era un escándalo. Llama la atención la superficialidad e ignorancia que trasunta el juicio de quien debería estar a la cabeza del Poder Ejecutivo, sobre todo si consideramos que se jacta de ser profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y solía difundir fotos en las que se lo veía dando clases o tomando exámenes, lo que por cierto no hacen quienes ejercen la docencia con auténtico compromiso con la educación y no como excusa para puestas en escena marketineras. Un abogado y profesor de Derecho debe saber que cuando se presenta un recurso ante un tribunal, este se halla obligado a tratarlo, es decir, a resolver en primer lugar si es admisible y corresponde a su competencia, y en caso afirmativo darle curso ("sustanciarlo") y, al final del camino, pronunciarse sobre el fondo del asunto. Lo único que hizo Rosenkrantz fue someter el recurso a la consideración de la Corte. Esta puede, antes que nada, admitir el per saltum o estimar que no se configuran los extremos muy excepcionales que permiten saltear una instancia, en cuyo caso recién entendería en el caso una vez que se interpusiera un recurso extraordinario federal contra el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, no hay escándalo alguno en la decisión de Rosenkrantz. Al contrario, se trata del mero cumplimiento de su deber. Escandaloso es que el presidente de la Nación pretenda interferir con declaraciones de muy baja estofa en la resolución de un asunto sometido a la Corte. Cuando esta se expida finalmente sobre el fondo, tendrá derecho como cualquier ciudadano a emitir su opinión sobre el fallo que dicte, pero su especial ubicación institucional debería llevarlo a hacerlo con prudencia y a emplear más argumentos jurídicos que bravatas de unidad básica. Sobre todo, porque lo que los jueces recurrentes le solicitan al más alto tribunal de la República no es otra cosa que mantener el criterio que ya expuso en la ya famosa Acordada 7 del 11 de abril de 2018, según la cual cuando el traslado de un magistrado se realiza para desempeñar funciones en un tribunal de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción nacional, con igual o similar competencia material, mediando el consentimiento respectivo, no requiere la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación conforme las exigencia del art. 99, inc. 4 de la Constitución Nacional. Una interpretación opuesta podría tener consecuencias funestas, ya que bastaría con que el Congreso, por mayoría simple, modificara, como lo hizo muchas veces en el pasado, la competencia de un tribunal o transfiriera parte de ella a otro nuevo, para que los jueces que lo integraban pasaran a estar virtualmente en comisión, con la necesidad de obtener un nuevo acuerdo del Senado. Si tal fuera el caso, la independencia judicial quedaría herida de muerte. La falta de respeto de Alberto Fernández a Carlos Rosenkrantz exhibe, además, su profunda distancia con una concepción republicana. Rosenkrantz no es un militante, aunque tuvo simpatías políticas por el radicalismo en su juventud y fue una figura de consulta para Raúl Alfonsín. Es un jurista de muy sólida formación: medalla de oro de la Facultad de Derecho, con maestría y doctorado en la Universidad de Yale, llegó muy joven a ser profesor titular de Teoría del Derecho. Ha sido profesor en algunas de las más reconocidas universidades norteamericanas. Y fue uno de los discípulos dilectos de Carlos Nino, cuya trascendencia en el ámbito jurídico traspasó largamente las fronteras de la Argentina. Al dejar la rectoría de la Universidad de San Andrés y su prestigioso estudio jurídico, no llegó a la Corte Suprema para enredarse en la politiquería, sino para cumplir la honrosa función de aplicar el derecho y custodiar la plena vigencia de la Constitución. Diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires (Pro-Juntos por el Cambio)
