La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dirigida por Mauricio Macri realizó espionaje sistemático a todo el arco político y social. El juez federal Alejo Ramos Padilla procesó a Pablo Pinamonti, por espionaje ilegal a cientos de militantes y gremialistas desde 9 bases de la AFI. También citó a indagatoria al ex director de la AFI, Gustavo Arribas, y a la número 2, Silvia Majdalani. Crujen los sótanos de la democracia y el ex presidente Mauricio Macri podría ser citado en cualquier momento ante los juzgados federales de Dolores, Mar del Plata o Lomas de Zamora, donde se investigan sendas causas de espionaje ilegal desde el Estado. En una resolución de casi 400 páginas, el juez federal Alejo Ramos Padilla procesó sin prisión preventiva al ex jefe del “Proyecto AMBA” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Pablo Pinamonti al considerarlo responsable de espionaje ilegal y acopio de información personal de cientos de militantes políticos, organizaciones sociales, gremiales, y hasta integrantes de merenderos populares, que fue obtenida con métodos ilegales violando la Constitución y la Ley de Inteligencia durante su gestión a cargo de 9 bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires durante 2017. Ramos Padilla le trabó un embargo a Pinamonti por 10 millones de pesos, prohibió que saliese del país y le secuestró sus pasaportes. Al mismo tiempo amplió el procesamiento contra el ex jefe de la base Ezeiza de la AFI, el comisario retirado de La Bonaerense, Ricardo Bogoliuk, quien ya está procesado y con prisión preventiva en el marco de la causa por los delitos cometidos por la banda paraestatal del supuesto agente de la DEA estadounidense, Marcelo Sebastián D’Alessio. Ramos Padilla también citó a indagatoria al ex director de la AFI, Gustavo Arribas y a la antigua “señora 8” de la agencia, Silvia Majdalani para el 29 y el 30 de septiembre y les fijó una caución de 20 millones de pesos a depositar en un plazo máximo de tres días. Si los imputados no cumplen con la manda del juez, Ramos Padilla podría ordenar sus detenciones preventivas, que en su resolución enmarca de a acuerdo a la jurisprudencia de los tribunales de Alzada y la Corte. En tanto, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé espera indagar a Arribas y a Majdalani el 8 y 9 de octubre. El secretario privado de Macri, Darío Nieto está citado para el 6 de octubre. Augé y los fiscales creen que Nieto habría tenido un rol presuntamente secundario en la trama de espionaje ilegal, aunque quieren escuchar sus explicaciones sobre el nexo de la Casa Rosada de Macri con los 22 espías orgánicos de la AFI dirigidos por el ex jefe de Operaciones Especiales Alan Ruiz, que enviaban mensajes telefónicos y almorzaban con la secretaria presidencial Susana Martinengo a metros del ex presidente. Procesamiento a Pinamonti- Llamado a Indagatorias Arribas y Majdalani by NuestrasVoces on Scribd Otros de los imputados en el expediente que instruye el juez Ramos Padilla fueron el ex jefe de la Policía Bonaerense Daniel Alejandro Salcedo y Antonio Vicente Melito. Ambos presuntos nexos entre Pinamonti y los jefes de las bases provinciales de la AFI. Antes de ser empleado del espionaje macrista, Salcedo fue contratado como perito de parte por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Ahora Salcedo está acusado de violar la Ley de Inteligencia junto al comisario Bogoliuk y sus jefes directos en la AFI, Arribas y Majdalani. En el mes de octubre será el turno de las indagatorias de cada uno de los ex jefes regionales de la AFI en Morón (Haedo), San Martín, Quilmes, La Matanza, Pilar y Ezeiza. Se trata de Pedro Oscar García, Alicia Susana Nocquet, Andrés Máximo Maisano, Gustavo Emilio Carreiras y José Luis Fiorentino. El juez Ramos Padilla concluyó que estaría probado que todos ellos habrían actuado de forma ilegal, recabando información de personas por su sola pertenencia política. Una de las mayores obsesiones de la AFI macrista fue la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los partes de inteligencia ilegal apuntó las chapas patentes de los autos particulares, camionetas, y ómnibus de los manifestantes en uno de los actos en Ezeiza –donde el jefe de la base de la AFI era Bogoliuk-, además de realizar una insólita calificación del discurso de CFK, con adjetivación incluida en “apocalíptico”. En total, unas 32 organizaciones sociales, 16 partidos políticos y 23 gremios fueron espiados por la AFI macrista antes y después de las elecciones legislativas de 2017. Incluso la AFI espió e infiltró las manifestaciones por Santiago Maldonado en la Provincia y completó un relevamiento en las redes sociales e Internet que señaló a los autores de las consignas que pedían la aparición con vida de Santiago Maldonado en agosto de 2017. La AFI macrista espió ilegalmente a Unidad Ciudadana, locales barriales del PRO, el Frente Un País que lideró Sergio Massa junto a Margarita Stolbizer, unidades de militantes de Nuevo Encuentro con fichas incluidas, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Entre las organizaciones sociales espiadas están La Cámpora, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y Quebracho; aunque también la AFI infiltró a la Agrupación Unidos por los Niños de Villa Golf, la ONG Cuidemos a los Chicos y la Organización Madres del Trueque. El espionaje se extendió como una mancha venenosa desde partidos políticos opositores hasta simples merenderos donde cada día iban a comer 138 niños y niñas. En su aspecto metodológico de tenaz persecución, intrusión de la vida privada y fichaje sistemático de los militantes usando fuentes con agentes civiles en los territorios, más el patrullaje cibernético, el mecanismo se asemeja al de la Policía que dirigió el represor Ramón Camps en plena dictadura militar y sus socios civiles. A tal punto que el juez Ramos Padilla mencionó varias veces en su resolución el esquema de la vieja Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPA). Según el magistrado, los espías quisieron “influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad”. El caso de Pinamonti es antológico. Se trata de un personaje clave en la trama del espionaje macrista, quien luego del Proyecto AMBA pasó al área de Jurídicos de la AFI. Ramos Padilla afirmó que las respuestas de su primera indagatoria el 3 de julio pasado fueron “falsas”. Había dicho que nunca realizó espionaje político ni violó la Ley de Inteligencia y la Constitución. Algo que según la prueba colectada sería una evidencia fáctica indubitable. Algunos ejemplos: a) la AFI ordenó seguir, fotografiar y espiar a los trabajadores de la Asociación Bancaria de la ciudad de Chivilcoy, que estaban realizando una protesta en 2017; b) los agentes de la AFI en la base de Morón espiaron y realizaron un parte de inteligencia ilegal sobre el comedor Todo por los Chicos donde cada día iban a alimentarse unos 138 niños y niñas. Investigaron a Juana Guzmán, a cargo del merendero por entonces, y señalaron que “una vez recibió ayuda del Estado”; c) fotografiaron, identificaron y ficharon a militantes de Nuevo Encuentro en la provincia de Buenos Aires con un relevamiento detallado de gran parte de sus locales; d) hicieron fichas personales de todas y todos los organizadores y participantes de la “Cumbre de los Pueblos” en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2017; e) la AFI que dependía directamente de Macri espió a (todas) las organizaciones sociales, con la excusa del Proyecto AMBA. Usaron bases con 70 agentes especialmente contratados que se sumaron a las delegaciones de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. En uno de los partes de inteligencia ilegal ordenaron “realizar prospectiva de hechos insurgentes”, pidiendo todos los datos de militantes y la estructura del partido “Miles” de Luis D’Elía. La narrativa de la extrema derecha que se subleva en sucesivas marchas en pleno auge de contagios y muertes por la pandemia de Covid-19, busca desgastar al Gobierno Constitucional. Y lo que es peor: el principal partido de la oposición, Juntos por el Cambio, que argumenta defender “la libertad” y “la República”, cuando gobernó no sólo dejó tierra arrasada y fundió la Argentina, sino que implementó la doctrina de Camps de fichaje masivo de ciudadanos y ciudadanas por sus ideas políticas. Nunca más. Comentarios
