La dirigente de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, denunció este martes ante la Justicia que la revisión de traslados de jueces inventado por el kirchnerismo es “un mecanismo encubierto de remoción de jueces” prohibido por la Constitución y responsabilizó de la maniobra a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Luego de haber cumplido más de cinco meses de estricta cuarentena, Carrió empezó a subir su perfil en los últimos días. Se estima que hay más de 60 jueces que han sido trasladados desde el gobierno de Carlos Menem hasta ahora. En una ampliación de su denuncia ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo a la que accedió Clarín, Carrió señaló “las maniobras son planificadas y ordenadas por la actual Vicepresidenta de la Nación por lo que los hechos puesto en vuestro conocimiento no deben ser analizados individual y aisladamente sino como una maniobra orquestada, a efectos de lograr la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y su círculo de confianza”. La denuncia de Carrió, formulada a través de su diputado Juan López, en el fuero penal federal es paralela a la causa abierta por los líderes de Juntos por el Cambio en el fuero en lo contencioso administrativo federal donde se reclamó la nulidad de la prórroga del protocolo de funcionamiento virtual de la cámara de Diputados y la polémica sesión del martes de la semana pasada. El pedido de un amparo de los líderes del interbloque quedó radicado en el juzgado 1 de éste último fuero que está vacante y subrogada el juez Javier Lavié Pico. Carrió había denunciado el viernes ante Casanello que “el acto de fuerza” a través del cual el kirchnerismo hizo sesionar el martes a la Cámara de Diputados es el primer paso hacia “la suma del poder político” de parte del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La ampliación se presentó en una causa que tiene Casanello. Carrió denunció, a fines del mes pasado, el rechazo de la mayoría K del Senado de la precautelar de la jueza María Biotti sobre los casos de Bruglia y Bertuzzi. A estos casos se sumó la del juez Germán Castelli, quien también recurrió a la Corte con un pedido de per saltum. Elisa Carrió junto a la bancada de la Coalición Cívica. Elisa Carrió junto a la bancada de la Coalición Cívica. En el nuevo escrito, se advirtió que “esta revisión de los traslados efectuados, sin recurrir al procedimiento judicial pertinente, deviene en un mecanismo encubierto de remoción de magistrados, contrario a lo establecido por la Constitución Nación”. Para Carrió “todos los actos que se realicen como consecuencia directa de la resolución 183/2020 del Consejo de la Magistratura se encuentran viciados de nulidad absoluta”, en alusión a la revisión de los traslados que se inició en ese organismo por el voto de la mayoría K más el de la diputada lavagnista Graciela Camaño. “No pueden dejar de señalarse las graves consecuencias institucionales derivadas del dictado de dicha Resolución, de los Mensajes del PEN y del tratamiento que el Senado está dando de los pliegos en cuestión, todo con una celeridad que no se advierte en otros asuntos más relevantes para la actualidad nacional”, agregó. Este conjunto de actos disparados “a partir de lo actuado por el representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, son un manifiesto avance sobre la estabilidad de los jueces federales que tienen a su cargo la tarea de investigar al poder político, afectando así de manera directa la independencia del Poder Judicial”, destacó. Carrió puntualizó que se busca “desplazar a tres magistrados federal sin seguir los procedimientos previstos por la Constitución Nacional y las leyes”. A su criterio, todas estas maniobras “configuran un plan organizado para intimidar al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial – en especial al fuero federal-, con el objeto de garantizar la impunidad de ex funcionarios del gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de ella misma y de empresarios vinculados”. Incluyó, el intento de desplazar al jefe de los fiscales provisorio, Eduardo Casal. Los ataques a esos magistrados “siempre fueron dirigidos a poner en duda su intervención en las causas en la que es investigada Cristina Fernández de Kirchner y se han enmarcado en el argumento que vienen esgrimiendo públicamente algunos dirigentes afines a la Vicepresidenta, el lawfare, una supuesta guerra judicial contra Cristina Kirchner, algunos de sus funcionarios y miembros de su círculo de confianza”, que comenzó en febrero de 2019 con el Operativo Puf. Carrió recordó que en el 2015 Anabel Fernández Sagasti y Cristina Fernández de Kirchner, entonces diputada de la Nación, que presidía la Comisión de Juicio Político y presidenta de la Nación, hostigaron al entonces juez de la Corte Suprema Carlos Fayt. “Incluso, Anabel Fernández Sagasti impulsó un expediente en esa comisión de la Cámara de Diputados para hacerle un examen médico al juez. Lo hacía para poder desplazarlo de su cargo en la Corte Suprema así lograba que la entonces presidenta Cristina Kirchner se libre de un juez independiente y cuente con una nueva vacante en el máximo tribunal”, añadió. Sagasti, actual presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado, “llegó a avanzar en el armado de una subcomisión, que la oposición se negó a integrar, y que funcionó con audiencias secretas citando a incluso a médicos neurólogos. Una maniobra ilegal para amedrentar al juez de la Corte”. Las entonces Presidenta y diputada “no lograron sus objetivos por la firmeza del Dr. Fayt y porque el oficialismo supo finalmente que no iba a contar con el número en el pleno del cuerpo legislativo para avanzar. El modus operandi actual es muy similar pero ha llegado aún más lejos”, finalizó Carrió. COMENTARIOS COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS. ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE. 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