Organizaciones norteamericanas, que representan a una diversa gama de empresas en el sector de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), se unieron en un comunicado dirigido a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para advertir sobre el riesgo de una “desinversión masiva” si se implementa el DNU 690/2020 firmado por Alberto Fernández, a través del cual fueron declarados “esenciales” los servicios de telefonía celular y fija, Internet y televisión paga. De acuerdo con las empresas y cámaras firmantes, la decisión del Presidente “creará limitaciones que impedirán la competencia y la innovación necesarias para un sector de las TIC dinámico y en crecimiento”. Al mismo tiempo, advirtieron que “el Gobierno está impulsando una ley que estaría fuera de sintonía con los estándares internacionales, sujeta a desafíos bajo las reglas del comercio global y que pondría en peligro nuevas inversiones en el sector de las TIC en el momento en que más se necesitan”. Por estos motivos, le pidieron al Congreso que “reconsidere” la votación sobre esta medida “para permitir que el gobierno y la industria continúen un diálogo para lograr una solución viable”. “El sector privado está comprometido a seguir trabajando de manera constructiva hacia una solución que respalde el empleo, la inversión y el crecimiento sostenible e inclusivo”, expone el escrito. El documento fue firmado por el Consejo de la Industria de Tecnología de la Información (ITI), Consejo Empresarial Argentina-Estados Unidos (USABC), y Cámara de Comercio de Estados Unidos. Además de declarar como “servicios públicos esenciales” a la telefonía celular y fija a los servicios de Internet y a la TV paga, el decreto dispuso el congelamiento de los precios hasta el próximo 31 de diciembre. Las empresas del sector tampoco podrán aumentar las tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado, decisión que ya no será exclusiva de las compañías. El texto del DNU 690/2020 establece cambios a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Incorpora un artículo en el que se otorga el “carácter de servicio público en competencia” para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus licenciatarios. Además determina que la autoridad de aplicación, es decir el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), “garantizará su efectiva disponibilidad”. Establece que los precios de estos servicios públicos “esenciales y estratégicos” y “los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados” por el ENACOM. El texto determinó que el organismo establecerá en la reglamentación “la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad”.
