Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, dos funcionarios del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de San Isidro, fueron procesados con prisión preventiva acusados de ser los organizadores de una asociación ilícita y de la tenencia de estupefacientes para su comercialización. Además, se trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1000 millones de pesos. Así lo resolvió la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en una resolución de 466 páginas firmada hoy donde, además de Jarisch y Santivitale, procesó a otros 13 imputados, entre ellos diez uniformados de la policía bonaerense. De los 15 procesados, 14 continuarán detenidos con prisión preventiva. El único de los investigados que fue excarcelado es Matías Pedersoli, un abogado de 35 años que se puso a disposición de la Justicia el jueves pasado, después de estar tres semanas prófugo y se convirtió en imputado colaborador. El presunto jefe de la asociación ilícita, según un dictamen del fiscal federal Fernando Domínguez, es el suspendido fiscal Claudio Scapolan, que hasta el 24 del mes pasado estaba al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, aunque la acusación en su contra tiene relación con su trabajo al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial. Scapolan no fue detenido porque, como fiscal, tiene fueros. Su declaración indagatoria fue postergada en dos oportunidades. El 1° de este mes, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, después de una solicitud realizada por el procurador general Julio Conte Grand, le otorgó a Scapolan una licencia de 90 días sin goce de sueldo. Según un dictamen del fiscal Domínguez, la asociación ilícita supuestamente liderada por Scapolan se dedicaba a extorsionar a familiares de personas condenadas en causas por narcotráfico: les exigían dinero a cambio de no detenerlos. Además, una de las imputaciones que se le adjudica a "la banda del fiscal" es el robo de un cargamento de cocaína en poder de una organización de narcotraficantes. Se habrían quedado con una cantidad estimada entre 520 y 560 kilos de estupefacientes, con un valor cercano a los US$ 2.800.000. Noticia en desarrollo
