La comisión asesora del presidente Alberto Fernández comenzó a discutir hoy la manera en que debe ser designado el procurador general de la Nación y si su mandato debe ser hasta los 75 años, como hasta ahora, o tener un límite. Actualmente la ley prevé que el procurador, jefe de todos los fiscales, debe ser designado con el voto de los dos tercios de los senadores presentes, pero otra alternativa que se debate en el seno de la comisión es si puede ser elegido por mayoría simple. Este es un punto clave, porque uno de los problemas que tiene el Gobierno es que aún no reúne los dos tercios de los votos necesarios en el Senado para designar al juez federal Daniel Rafecas como procurador general de la Nación. De todos modos, si llegara a prosperar esta idea de cambiar las mayorías para la designación del procurador, pasando de dos tercios a mayoría simple, Rafecas ya les dijo a sus colaboradores que él se bajará de la postulación y que busquen a otro. El juez federal, según comentaron sus allegados, tiene la firme convicción de que modificar los dos tercios sería regresivo, un retroceso institucional, porque esa mayoría agravada hace a la independencia que debe tener el procurador del poder político. Aunque Rafecas no vería con malos ojos modificar la duración del mandato del jefe de los fiscales y que -en lugar de que su cargo sea hasta los 75 años- pueda durar siete años, de modo que no coincida con un solo período presidencial. Ese cargo está actualmente ocupado de manera interina por Eduardo Casal, como el procurador fiscal ante la Corte más antiguo, en reemplazo de Alejandra Gils Carbó. Un sector del kirchnerismo, busca promover el juicio político de Casal para que pueda asumir en su lugar el tercero en la línea sucesoria de la procuración, Víctor Abramovich. No obstante estas iniciativas, el Gobierno mantiene firma la candidatura de Rafecas como el procurador general que propone Alberto Fernández Más allá de esta coyuntura actual, la comisión se reunió hoy, entre las 11 y las 14, para debatir los puntos del decreto presidencial relacionados con el Ministerio Público Fiscal, cuya cabeza es el procurador general, y el Ministerio Público de la Defensa, cuyo máximo representante es el defensor general. Puntuales, se encontraron por zoom los 11 integrantes de la comisión, coordinada por Fabián Musso. La sesión se abrió una exposición del exministro y exjuez del Juicio a las Juntas Carlos Arslanian sobre el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, uno de los temas por reformar que propuso el Presidente en el decreto, mediante el cual convocó al comité de especialistas. El abogado hizo una descripción de los organismos extrapoderes y un diagnóstico de su organización. El coordinador Musso iba tomando nota, pues de cada uno de los encuentros se labra un acta. El decreto, en cuya redacción participó Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner e integrante de la comisión, propone en el punto 4 analizar en este tema los siguientes asuntos: -La conveniencia, o no, de modificar el actual régimen legal de designación de sus titulares y la posibilidad de que sus mandatos sean temporarios. -Evaluar si incorporar o no a su estructura la Oficina Anticorrpución y la Unidad de Información Financiera. -Sumar a los colegios públicos de abogados a la Defensoría General -Incorporar la perspectiva de género en la elección de fiscales y defensores. Arslanián hizo una exposición y se abrió la rueda de exposiciones. El primer punto es el más controvertido y la oposición viene advirtiendo que se trata de un atajo y un retraso institucional. No obstante, los entonces legisladores Federico Pinedo (macrista); el radical Àngel Rozas, el entonces jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto; y el peronista salteño Rodolfo Urtubey) habían presentado en 2017 -tras la renuncia de Gils Carbó- un proyecto de ley para promover este cambio y limitar el mandato del procurador general. No prosperó porque no lo avalaba ningún jurista. Pero Arslanian, vehemente, se mostró en desacuerdo con modificar el régimen actual por el cual se necesitan los dos tercios de los votos de los senadores para elegiral procurador. Lo mismo opinaron Andrés Gil Domínguez y Raúl Gustavo Ferreyra, entre otros expositores. De todos modos, la reunión de hoy fue insuficiente para agotar el tema y el próximo martes se reanudará el debate sobre el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. El propio Gil Domínguez aportó un dictamen que había realizado por encargo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, en el que se oponía a los cambios y defendía la idea de un procurador sin vencimiento en el cargo. Su idea parte de haber analizado la intención de los constituyentes de 1994 y de haber hablado con ellos. "Estos temas van a ser los de más discusión: si tiene que tener plazo o no la duración del mandato y la forma de designación", dijo un integrante del comité a LA NACION. Pero parece poco probable que cambie el actual estándar y lo que podría ocurrir es que se mantenga la idea de la necesidad de los dos tercios para elegir añ procurador general de la Nación. Por su parte, el especialista Ferreyra, otro de los especialistas, defendió la idea de mantener los dos tercios para la designación, aunque se mostró partidario de limitar el mandato a seis años. "El Ministerio Público es un órgano extrapoder, creado por la Reforma de 1994, en el artículo 120 de la Constitución nacional. Y propició que para la designación del procurador general y del defensor general, las cabezas del órgano, debe haber la misma mayoría agravada que la contemplada para los jueces de la Corte Suprema, es decir, dos tercios de los miembros presentes del Senado, en un proceso abierto, de diálogo, que garantice la comprensión, perspectiva y equidad de género". dijo Ferreyra. No se trata de un tema cerrado y seguirá siendo objeto de más opiniones de los especialistas. Respecto de la transferencia de los organismos de control a la Procuración, hay antecedentes que permiten emparentar la Unidad de Información Financiera con la Procuraduría Especializadas en Delitos Económicos y la Oficina Anticorrupción con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Incluso se puede pensar en que se mantenga en el ámbito del Ministerio de Justicia la parte de la OA que recoge y revisa las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios y pase al Ministerio Público Fiscal el área de investigación. El debate está abierto y hay diversas posturas, em las que incide, además, la idea de autarquía de este tipo de organismos, para que esas dependencias sean independientes, aun económicamente y que sus titulares no queden a tiro de un decreto presidencial. No hubo desacuerdos en cuento a la necesidad de comprometerse en buscar mecanismos que garanticen la paridad de género en la composición de los Ministerios Públicos, donde es ostensible la mayoría masculina, más en algunos fueros que en otros. Éste es el tercer zoom que tienen los especialistas, que empezarán a trabajar oficialmente el martes. El clima de los debates es excelente, ordenado, todos están con los micrófonos apagados y piden la palabra para no encimarse. Hasta algún chiste matiza los intercambios. Los especialistas acordaron tener 24 reuniones ordinarias, martes y sábados, de 11 a 13, y tres extraordinarios, con la participación de la Corte Suprema de Justicia y organizaciones vinculadas a la Justicia. Entendieron que lo mejor es que el presidente Fernádez invite a la Corte a participar y así se lo hicieron saber. Pero en la Corte aún hoy no había llegado ninguna invitación. Los jueces están sentidos porque no se los convocó y hay malestar con el Gobierno. Se hizo evidente cuando solo la jueza Elena Highton de Nolasco fue a la Casa Rosada el día de la presentación del comité asesor. Los jueces por separado habían sido invitados por Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia. A los jueces no les pareció adecuado. Ahora mismo, incluso, hay algunos magistrados que dicen que si son invitados individualmente no piensan concurrir.
