El cobro ilícito del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte de agentes y funcionarios se transformó en pocas semanas en una verdadera pandemia en el Chaco. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) inició de oficio una investigación que sacó a la luz los primeros casos en Villa Río Bermejito y Enrique Urién. Pocas horas atrás, se habrían conocido más casos en la localidad chaqueña de Juan José Castelli. La investigación avanzó en la localidad chaqueña a pesar del silencio de su intendente y mano derecha del gobernador Jorge Milton Capitanich, el representante del Frente Chaqueño Pío Oscar Sander. La ciudad, de apenas 27 mil habitantes, tendría varios funcionarios locales entre los beneficiarios del IFE. Entre los investigados se encuentran la concejal Belén Cejas, quien fue una de las que lideró la campaña chaqueña “Coqui Gobernador”, a favor de Capitanich durante el 2019; la secretaria de Producción de Sander, Yéssica Kloster, una de las principales herramientas políticas del sector del campo dentro de la municipalidad castelense; Natalia Aguilar, secretaria de Obras Públicas local; el coordinador municipal, Germán Delgado; y la secretaria de Hacienda, Belén Kass. De comprobarse las acusaciones, estarían sujetos a la inhabilitación para ejercer cargos públicos y otro tipo de sanciones. El propio fiscal general Gustavo Leguizamón aclaró recientemente que es “absolutamente ilícito” que agentes y funcionarios públicos cobren el Ingreso Familiar de Emergencia. (www.REALPOLITIK.com.ar)
