La trama de la causa por supuesto espionaje ilegal macrista incluye un narcotraficante que llamativamente se entrega, informes secretos de la AFI autorizados por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena para realizar “tareas de vigilancia cercana” a Cristina Kirchner y otros dirigentes y peleas de competencia entre jueces. Todo combinado con la presión de la vicepresidenta que se presenta como querellante y ordena a sus operadores apuntar al ex presidente Mauricio Macri. La causa de Lomas es una de las cinco por espionaje que los K abrieron contra el macrismo. El expediente 141.377/2020 que tiene el juez Villena se desprendió de una causa por narcotráfico contra Sergio "Verdura" Rodríguez, quien tras tres indagatorias, confesó las supuestas órdenes que recibía de un ex agente de la AFI Facundo Melo. Llamativamente, “Verdura” no habló para acogerse a la figura del arrepentido, pero a sus familiares que estaban imputados en el caso les dieron prisión domiciliaria. Villena, que es el juez federal 1 de Lomas de Zamora, debería haber extraído testimonio de la confesión de “Verdura” y, por lo menos, entregarle la nueva causa al juez federal 2, Juan Pablo Auge, según dijeron a Clarín el abogado defensor de Melo, Fernando Sicilia y varios querellantes de Cambiemos. En cambio, se la quedó con el argumento de que Melo reside en Lanús y que en su celular se encontraron mails de un grupo de la AFI que se autollamaba “supermariobross”. En la tercera indagatoria, “Verdura” afirmó que Melo le habría pedido que en 2018 llevara un paquete con trotyl a la casa en la Capital del entonces secretario de Relaciones Internacionales del ministerio de Defensa y ex SIDE, José Luis Vila. Melo lo desmiente. Mientras tanto, el abogado Sicilia y fuentes de la querella consultadas por Clarín, afirmaron que el propio juez Villena había autorizado por escrito a la AFI macrista a hacer "tareas de vigilancia cercana" sobre Cristina, Macri, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli, y los diputados Graciela Ocaña y Waldo Wolf, entre otros, por amenazas de grupos antisistema o anarquistas durante el G20 y otros eventos internacionales que tuvieron lugar en Argentina entre el 2017 y el 2018. Nadie pide que no se investigue y eventualmente no se procese a aquellos que violaron la ley de Inteligencia 25.570, sino que se respete el llamado principio del juez natural. La primera autorización de Villena a la AFI –después habrá que investigar su preciso alcance- se dio en la causa 82.441 del 2017, luego de que se le describieran amenazas por la cumbre presidencial del G-20, la reunión de la OMC y los juegos olímpicos de la juventud de parte de grupos antisistema como “Los Lobos Solitarios” o “Black Bloc”, anarquistas, Hezbollah, ISIS, Cruz Negra, entre otros, y tras un requerimiento de instrucción del fiscal subrogante, Néstor Mola. No solo se autorizó “tareas de vigilancia cercana” de la AFI sobre esos personajes públicos, sino acceder a todas las cámaras de seguridad de la CABA, a las llamadas al 911 y los controladores de patentes de autos, entre otras medidas comunes cuando se reúnen líderes mundiales como Trump o Putin. También el juez autorizó a expulsar a un botsawano que se sospechaba integraba aquellos grupos antisistema. El informe secreto también describe la reciente colocación de una serie de bombas caseras en Buenos Aires (contra el juez Claudio Bonadio e Indra, por ejemplo), Mendoza, Córdoba y Chubut y afirma que en domicilio de un ciudadano norteamericano fallecido se encontraron elementos para construir artefactos explosivos. La parte referida a la vicepresidenta enumerada en el informe secreto de la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani señala, según dos fuentes judiciales consultadas por este diario, textualmente que “el 30 de julio se tomó conocimiento de información que indicaba la posibilidad de que personas antisistema organizadas planifiquen acciones en su contra con potencial repercusión mediática, con aparente intención de difundir, ideas anarquistas para crear un clima de desestabilización e inseguridad en las postrimerías de los juegos olímpicos de la juventud”. Este evento tuvo lugar en octubre de 2018. Más adelante, en otro de una serie de informes secretos de más de 200 páginas, la AFI macrista afirmó “se llevaron a cabo tareas de la especialidad en las inmediaciones de las locaciones donde se consideró que podría resultar como factible la posibilidad de que se lleven adelante las acciones en cuestión, pero luego de realizado el debido análisis se pudo descartar el riesgo del indicio en estudio”. Estos documentos son clave porque la vicepresidenta denunció que la presencia de espías en un auto de la AFI estacionado a metros del Instituto Patria –el 7 de agosto de 2018- y detectado por un policía de tránsito, fue parte de maniobras de espionaje ilegal. En cambio, el ex director de Operaciones de la AFI, Alán Ruiz –detenido en la causa paralela a la central que lleva adelante el juez Juan Pablo Auge- dijo que la presencia allí era “para prevenir atentados”. Aquí la Justicia deberá determinar si fueron tareas para la seguridad de Cristina o , en realidad, una cobertura, para hacer espionaje político. Lo mismo hace el informe para los otros posibles “objetivos” de los atentados. Por ejemplo, sobre Wolf puntualiza que entre el 23 de julio y 2 de agosto se “realizaron tareas de la especialidad” en las inmediaciones de su domicilio. La causa principal de Villena está en secreto de sumario, aunque los operadores de Cristina y los medios K difunden diariamente su contenido, y dicen que el informe está numerado hoja por hoja. Villena imputa por espionaje ilegal a Ruiz, Araque, Melo y “el turco” Sáez y sospecha que la ex directora del área de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, y el secretario privado de Macri, Darío Nieto, recibían los informes producidos por los espías. Así las querellas de Cambiemos creen que el magistrado busca direccionar la investigación para imputar a Macri, a Arribas y a Majdalani. Esta semana, la cámara federal porteña decidió que la causa por intimidación contra el ex funcionario Vila siga siendo investigada por el juez federal porteño Sebastián Ramos y el fiscal Guillermo Marijuan. Y el viernes, este fiscal porteño pidió quedarse con toda la causa de Villena porque la mayoría de los hechos que investiga ocurrieron en la capital. Así la batalla judicial se trasladará ahora sobre las cámaras federales de la Capital y La Plata –en cuya jurisdicción actúa Villena- las cuales decidirán, en definitiva, qué juez tendrá la competencia definitiva sobre estas brasas políticamente ardientes. COMENTARIOS COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS. ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE. Comentarios CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
