El kirchnerismo avanzó esta semana en su ofensiva para sacarle a la Corte la oficina de escuchas (llamada formalmente Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones, DICOM) que realizó más de 140 mil intercepciones telefónicas legales entre el 2016 y este año. El 70 por ciento fue en causas por narcotráfico, otro porcentaje importante con secuestros extorsivos y casi ninguna en causas por corrupción. El jueves, Cristina Kirchner logró que el Senado anulara dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) del ex presidente Mauricio Macri y si la Cámara de Diputados hace lo mismo en las próximas semanas, le quitará la oficina de escuchas a la Corte y se la pasará a la Procuración General de la Nación, donde quiere nombrar al juez federal Daniel Rafecas. Se trata de los DNU 256/15 por el cual se transfirió el DICOM y el DNU 102/17 por el que se extendió el plazo de vigencia de los mandatos de las autoridades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO), los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. Fuentes judiciales afirmaron a Clarín que si en las próximas semanas la Cámara de Diputados confirma la nulidad de esos dos DNU se abre la posibilidad de que procesados en causas por corrupción y por delitos comunes en que esos audios se hayan usado como prueba “pidan la anulación de los juicios” por el principio de la “prueba contaminada”. Además, podría dejar a las justicias provinciales “sin esta herramienta judicial” porque se abriría un debate sobre si “la Procuración General de la Nación puede manejar una herramienta pedida por fiscales provinciales que tienen el rol de acusar y no ser el actor imparcial de una causa como los jueces”, explicaron las fuentes y lo confirmó el senador radical Luis Naidenoff. El traspaso “abre una ventana a que revisen la actuación de la DAJUDECO pero no hay nada que ocultar. Otro problema va a ser qué dirá la Corte sobre la validez de sus acordadas y que pasará con los 260 empleados que ahora dependen del poder judicial”, agregaron las fuentes. La DICOM es la antecesora de la tristemente célebre OJOTA (Oficina de Intervenciones Judiciales de la SIDE) la cual, tras el crimen del ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman en enero de 2015, la entonces presidenta hizo sacársela a la AFI y dársele a la Procuración General de la Nación cuando ésta estaba en manos de la fundadora de “Justicia Legítima” Alejandra Gils Carbó, como medida de "transparencia". Según las acordadas 2/2016 y 30/2016 de la Corte, la DAJUDECO es el único órgano encargado de interceptar comunicaciones requeridas por magistrados de todo el país. Las órdenes de captación de comunicaciones se hacen efectivas “sin intervención humana de los miembros de esa oficina y sin tener acceso ni conocimiento del contenido”. Cuando un juez nacional o provincial ordena una intercepción de un número telefónico –no se conoce el nombre del dueño de la línea- se graban las conversaciones en un CD y luego se lo entrega al magistrado. Este decide luego si la AFI o alguna fuerza de seguridad federal será la encargada de la desgrabación de su contenido. Las intervenciones son efectuadas por 30 días como plazo máximo, que puede ser prorrogables por el juez en base a argumentos de peso. En junio 2019, la Corte firmó por unanimidad una acordada en la que defendió a la DAJUDECO antes las quejas por la filtración de las escuchas a los ex funcionarios K presos en Ezeiza y que participaron del Operativo Puf contra la causa de los cuadernos de las coimas, recordó la responsabilidad penal de la difusión de las pinchaduras por parte de los funcionarios públicos y pidió a los jueces que limiten el uso de esa herramienta en sus investigaciones. También, requirió a que la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso "certifique" que la AFI de Mauricio Macri no hacía espionaje ilegal con esta herramienta. La acordada del máximo tribunal contiene una enumeración de "Principios Rectores" en la gestión de las escuchas telefónicas que deberán ser respetados por todos los órganos judiciales. La DAJUDECO tiene actualmente 260 empleados desplegados en oficinas situaciones en todas las capitales provinciales y tiene su sede central en avenida de Los Incas al 3.800 la cual fue, el ante año pasado, visitada por primera vez por periodistas. Antes, tenía 100 empleados de la AFI, donde en el 2015 ingresaron decenas de militantes de La Cámpora, y 100 de la Procuración. En el debate del jueves pasado, el ex director de la AFI y senador del Frente de Todos Oscar Parrilli puso como argumento la filtración a los medios de las famosas escuchas en que la vicepresidenta le decía al ex director: “Soy Cristina, pelotudo” y que había que "salir a apretar a los jueces" que tenían sus denuncias contra el ex director de la SIDE Antonio Stiuso. Parrilli tuvo el teléfono intervenido en una causa por el encubrimiento del traficante de efedrina Ibar Pérez Corradi mientras se mantuvo prófugo en Paraguay. En esa discusión en la cámara alta se usaron varios argumentos que podrían servir para pedir nulidades de los juicios en que se usaron escuchas del DICOM. Por ejemplo la senadora K Anabel Fernández Sagasti dijo que durante el gobierno de Macri se creó “esta nueva “legalidad paralela” que hizo el expresidente, no solamente, como usted sabe –y de lo cual fue víctima–, se filtraron escuchas, se persiguió y se estigmatizó a opositores, sino que hay otra gravedad: se puso un dispositivo legal, que tiene que estar destinado a cuidar a los argentinos y a las argentinas del delito organizado, para un sistema de espionaje a opositores, empresarios y ahora nos anoticiamos de que también a los propios miembros del gobierno que acompañaron a Mauricio Macri”. A su turno, el senador Parrilli afirmó que el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti y al camarista Martín Irurzun, entre otros, “son los responsables de haber montado esa agencia de inteligencia que permitió este tipo de intromisiones y, además, que esas escuchas después fueran llevadas a los medios”. “Hay una denuncia penal en manos del juez Canicoba Corral que vamos a pedir que se reabra para ver quiénes fueron los responsables de esas filtraciones”, agregó el ex titular de la AFI. Antes de retirarse del recinto el presidente del bloque de senadores de Cambiemos, Naidenoff explicó que, desde el punto de vista legal, “no pueden las escuchas estar en manos del Ministerio Público Fiscal”. “Los fiscales acusan y solicitan medidas de prueba y son los jueces los que ordenan las medidas probatorias”, agregó el también abogado. En este caso, “ante una medida de restricción, cuando en la Argentina se ha implementado el sistema acusatorio, donde el fiscal puede pedir pruebas que vulneren garantías constitucionales –por ejemplo, el allanamiento; por ejemplo, una escucha; por ejemplo, una extracción de sangre compulsiva–, no puede el propio Ministerio Fiscal, en definitiva, en las escuchas que le otorga el juez, tener bajo su poder semejante herramienta judicial. Porque, en definitiva, es la Corte el mejor órgano encargado y, por eso, nosotros hemos hecho la transferencia a la Corte”, finalizó Naidenoff. En el bloque opositor también se preguntaron por las consecuencias jurídicas de la nulidad de los DNU. “Una cosa es que el Senado rechace un DNU y otra, desde el punto de vista jurídico es que el Senado y Diputados anulen un DNU”. “Es un antecedente peligroso porque mañana un abogado puede esgrimir en una causa que si el DNU fue nulo también fue nula la actuación de la oficina de escuchas”, dijo una fuente parlamentaria consultada por este diario. En los pasillos de la Corte se dijo que “llamó la atención que el Senado no pidió ningún antecedente de la DAJUDECO y que por qué el presidente Alberto Fernández no derogó el DNU de Macri con otro DNU como hizo en otros casos”. En el máximo tribunal la DAJUDECO “siempre fue un peludo de regalo” que nadie quería y ven ahora sobre todo el problema administrativo sobre quién dirigirá la oficina durante la transición y qué pasará con los 260 empleados. Y recordaron que esa oficina está “por suerte financiada por fondos del Tesoro Nacional en estos momentos de crisis financiera”. Sin la oposición que se retiró en señal de repudio y con 42 votos afirmativos, los senadores K anularon el jueves el decreto que Macri había emitido en 2015 y que transfirió el DICOM y el otro DNU que puso la DAJUDECO bajo el control de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. Ahora la piedra caliente pasó a la Cámara de Diputados, donde el kirchnerismo ya puede someter la media nulidad –por así llamarla- del DNU pero seguro esperará a ver si tiene los votos necesarias para la ratificación. COMENTARIOS COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS. ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE. Comentarios CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. 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