La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sigue avanzando en los controles de las operaciones ajustando aún más los precios de transferencia. La nueva norma, orientada a grandes empresas como las multinacionales, pone bajo la lupa del organismo las operaciones de comercio exterior entre empresas vinculadas. El objetivo declarado es el de regular la “fuga de capitales”. Días atrás la AFIP decidió retomar una política que había sido desarticulada por la administración de Cambiemos y volvió a activar el área de la Dirección General de Aduanas (DGA) que está a cargo de fijar y monitorear los precios de referencia para las importaciones y exportaciones. El objetivo detrás de una subfacturación es pagar menos impuestos por la mercadería vendida. En vigencia de medidas de administración del mercado de cambio, la subfacturación de exportaciones puede además funcionar como un mecanismo para retacear el ingreso de divisas al país. Ahora la AFIP sigue avanzando y refuerza sus herramientas de control y fiscalización de operaciones internacionales y pone en práctica una nueva normativa que contempla mecanismos para acotar el margen de acción en materia de precios de transferencia de los grandes contribuyentes. La resolución general firmada por Mercedes Marcó del Pont establece los requerimientos de información que deben cumplir a la hora de realizar operaciones de comercio exterior con empresas vinculadas y transacciones con sujetos de países no cooperantes o de baja o nula tributación. La normativa también dispone herramientas para evitar desvíos en las transacciones vinculadas a la investigación y desarrollo. Una práctica habitual en algunos grupos económicos es la de localizar contractualmente un principal en una jurisdicción conveniente, y remunerar la investigación y desarrollo realizada en países como Argentina en base a gastos en salarios más un margen. La resolución general introduce la posibilidad de analizar si en la práctica el sujeto local participa en la toma de decisiones estratégicas, a los fines de determinar si debería participar en las ganancias de dicha investigación. La decisión del organismo implementa un aspecto de la normativa vigente que estaba pendiente de reglamentación desde finales de 2018 y es de especial relevancia en materia de fiscalización. La Resolución General 4717/2020 complementa la decisión de avanzar sobre la fiscalización de la información sobre activos de argentinos en el exterior remitida por la OCDE y la implementación del un registro de beneficiarios finales de las empresas (los verdaderos dueños). Dentro de las novedades de la resolución general sobre precios de transferencia se incluyeron herramientas para, por ejemplo, limitar algunos instrumentos utilizados para la elusión de impuestos y, en el caso de la Argentina, la fuga de capitales. La normativa prevé mecanismos para limitar los posibles abusos que pudieran ser cometidos a través de operaciones entre firmas vinculadas al momento de deducir gastos de las empresas en concepto de marketing, publicidad y promoción. A su vez, en línea con las recomendaciones del Plan de Acción BEPS (contra la erosión de la base y el desvío de utilidades, por sus siglas en inglés) de la OCDE-G20, la normativa también requiere a los grupos económicos con ingresos anuales superiores a los 2 mil millones de pesos a presentar los llamados “Informes Maestros” donde deberán desglosar ingresos, beneficios, impuestos y otros atributos de cada grupo por cada jurisdicción fiscal (informes país por país). La Aduana coordina junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo la definición de los nuevos los valores criterio de importación y apunta a ampliar el alcance a más productos. Esta semana hubo una reunión de la que también participaron autoridades del Banco Central de la República Argentina. Desde la Aduana criticaron a la gestión de Cambiemos como responsable de la desregulación y de haber vaciado la oficina que sirven para detectar operaciones de subfacturación y sobrefacturación en el comercio exterior. Seguí leyendo:
