Este jueves a las 20 se realizará una cacerolazo nacional en rechazo de que los presos reciban el beneficio de la prisión domiciliaria bajo la excusa del coronavirus. La protesta fue convocada por redes sociales. En las últimas horas, la adhesión al reclamo contra las excarcelaciones creció en Facebook, Twitter y Whatsapp y sumó el apoyo de familiares de víctimas de delitos graves, referentes del feminismo que se opusieron a la liberación de acusados por delitos sexuales, y dirigentes políticos oficialistas y opositores. Ayer, el descontento se adelantó a la convocatoria original y se pudieron escuchar cacerolazos en barrios de la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Distintas organizaciones hicieron conocer su repudio. El Observatorio de Víctimas de Delitos repudió “la política de liberación y búsqueda de impunidad de detenidos por jueces que utilizan la pandemia del Covid-19 como pretexto”. El colectivo Actrices Argentinas rechazó la posibilidad de que, en el marco de la pandemia de coronavirus, se le conceda el beneficio de prisión domiciliaria a acusados o sentenciados por “femicidios, abusos, violaciones, violencia familiar o de género”. El repudio también se hizo escuchar en defensores de derechos humanos, como la referente de Abuelas de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, a raíz del otorgamiento de la prisión domiciliaria a un condenado por crímenes de lesa humanidad. ““Que les den lavandina y limpien su calabozo. Si los tienen bien aislados no tienen por qué bajarles la condena”, sostuvo a Infobae en relación a la prisión domiciliaria en favor de Carlos Capdevila, un médico que ofició de partero en el centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). A través de su cuenta de Twitter, el presidente Alberto Fernández intentó desmarcarse de las decisiones judiciales, pero indicó que las cárceles es “un ámbito propicio para la expansión” del contagio de COVID-19. “En el mundo muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo”, comentó, y ejemplificó que “algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia". Y afirmó que esa atribución, en el país, depende de los tribunales. “Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”, sostuvo el mandatario. Y atribuyó a una “malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales”. Hasta el momento, en la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación de un número estimado de 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías, según fuentes de la Procuración bonaerense consultadas por Infobae. Si se tiene en cuenta que hasta el 22 de abril la cifra ascendía a 800, el número se duplicó en un lapso de siete días. El motín de Villa Devoto, el desencadenante La controversia en torno a las excarcelaciones de los detenidos escaló desde del motín ocurrido en el penal federal de Villa Devoto, donde cientos de presos encabezaron una protesta para que se les otorgue prisión domiciliaria, a raíz del riesgo sanitario que implicaría la penetración de la COVID-19 en los pabellones. El conflicto -que dejó una mesa de diálogo- desató una polémica nacional, al poner en evidencia la decisión del Poder Judicial de avanzar en el otorgamiento de excarcelaciones para los presos que están en prisión preventiva. Un fallo del Tribunal de Casación Penal de la Provincia, firmado por el juez Víctor Violini, dispuso el 9 de abril pasado ordenar el arresto domiciliario de todos los presos “en riesgo de contagio por coronavirus”, en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por 19 defensores generales bonaerenses. La medida fue en favor de al menos 400 personas de cárceles bonaerenses, donde el hacinamiento en las prisiones duplica a la capacidad de los establecimientos. La resolución de Violini advierte que se haga lugar este tipo de beneficios a quienes estén detenidos por “delitos leves o en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias". En el caso de los crímenes graves, se instruye que se debe ponderar el “aislamiento sanitario” en las cárceles para quienes sean población de riesgo y que se garantice la integridad psicofísica de las víctimas de los delitos cometidos. Las decisiones judiciales causaron revuelo en el campo opositor. En el PRO, advirtieron que las excarcelaciones son avaladas por el Gobierno nacional y pone en riesgo la seguridad de la sociedad y no respeta el derecho de las víctimas. “En 4 años recuperamos asesinos de la calle para que no sean un peligro para la sociedad y ahora los quieren liberar a todos…”, lamentó Patricia Bullrich. En la misma tesitura se expresó la Unión Cívica Radical (UCR), que directamente se dirigió al presidente de la Nación: “Esperamos que Alberto Fernández no permita una epidemia de delitos”. “Se pretende la liberación de delincuentes, vulnerando los derechos de las víctimas de los crímenes que dichos condenados cometieron”, denunciaron en un texto rubricado por Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la UCR, por Mario Negri, presidente del bloque radical en Diputados, y por Luis Naidenoff, titular de la bancada en el Senado.
