¿Cómo te enteraste? La pregunta se repitió ante cada consulta para confirmar la información. Es que el asunto se manejó bajo estrictísima reserva en lo más alto del poder: el presidente Alberto Fernández contrató a un abogado penalista para denunciar al dueño de un portal periodístico que había publicado dos notas supuestamente ofensivas sobre la primera dama Fabiola Yañez. El titular de la Agencia Nova, Carlos Casalongue -reiteradamente apuntado por sus polémicas publicaciones y maniobras cercanas al chantaje-, será indagado el próximo lunes por "violencia de género mediática". Las publicaciones que enojaron a la pareja presidencial ya no están en Internet. El abogado Juan Pablo Fioribello fue el elegido por Fernández la semana pasada, para llevar a los tribunales al supuesto ofensor de su mujer. Según pudo saber Clarín, Fioribello firmó la denuncia junto a su socio Mariano Lizardo, y luego se presentó con Fabiola Yañez ante la fiscalía general de la Ciudad para ratificarla personalmente. El letrado, conocido en el ambiente penal como un duro, logró notificar a Casalongue de la denuncia: cientos de intentos previos al suyo habían fracasado en este paso clave para que una causa pueda avanzar. El fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques impulsó el caso, que conduce la fiscal Daniela Dupuy. Una versión indicaba que el domicilio del empresario mediático fue allanado y que le habrían secuestrado equipamiento informático, pero fuentes judiciales lo desmintieron: afirman que sólo se envió allí a un equipo del cuerpo de investigaciones judiciales, que hizo un despliegue logístico para dar con Casalongue y notificarlo de la denuncia de la primera dama y otra anterior, por motivos similares. Ante la consulta de este diario, Fioribello respondió amablemente pero se negó a realizar ninguna consideración, y se remitió al contenido de la denuncia. "Dejemos trabajar a la Justicia, y que la Fiscalía avance con las medidas que considere convenientes. Por el momento no haré ningún tipo de declaración". Hermetismo absoluto. El lunes por la mañana, Casalongue también será indagado por una denuncia previa que le hizo la ex diputada Vilma Ripoll. "Por el tetazo que hacemos una vez al año en la puerta de la catedral, él nos dijo que éramos incogibles, que éramos horribles, unas barbaridades que me dieron asco. Entonces, le hicimos la presentación. Pero nunca lo pudimos encontrar. No hubo forma. Y tiene una relación fuerte con el poder político. Hace cualquier cosa y se mueve con total impunidad", dice la diputada a este diario. Efectivamente, la enfermera y referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores respondió a varias publicaciones del sitio web Nova, que se refirieron a ella y a las mujeres que manifestaron ante la catedral platense durante el último Encuentro Nacional de Mujeres en términos ultrajantes. "El termino incogibles utilizado en el titulo tiene un carácter claramente estigmatizante y denigrante hacia las mujeres", dice la denuncia de Ripoll por supuesta discriminación. "Con dicha expresión, refiere a mujeres que no seríamos dignas siquiera de gozar del sexo, de ser deseantes o deseadas por otro, y también pasibles de ser privadas de algo tan humano como es la sexualidad. Por ello, es de un grado de violencia que no se puede tolerar, enmarcado en lo que se denomina violencia simbólica, ya que el mensaje tiene un contenido dirigido a perpetuar estereotipos y la desigualdad hacia las mujeres". Un mes después, ante nuevas publicaciones ofensivas de Casalongue, Ripoll amplió su denuncia por "violencia mediática contra las mujeres" y "desobediencia", pues el empresario no cesó en sus ataques tras una orden de la fiscal Genoveva Cardinalli. "Consideramos que las manifestaciones denunciadas deben ser reprimidas. El denunciado, en lugar de asumir un rol de comunicador social responsable, incita públicamente a la agresión machista", advierte la ex legisladora porteña. Justamente ese rol es el que está bajo la lupa: ¿el levantamiento de las notas periodísticas que ofendieron a la primera dama es un acto de censura? ¿Hay que proteger la libertad de expresión frente a una intervención del poder político? ¿O es necesario distinguir a un medio de comunicación de otros sitios de difusión que eventualmente puedan usarse para difamaciones y extorsiones? ¿Cuál es el límite más allá del cual el periodismo y la política traicionan su función y deben responder ante la justicia? Este diario también intentó contactar al empresario Mario Casalongue, pero fue infructuoso. El titular del grupo Nova, cuyo portal tiene los auspicios de decenas de municipios bonaerenses y otros organismos oficiales, tampoco pudo ser ubicado para poder brindar su versión. COMENTARIOS COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS. ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE. Comentarios CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
