Era oficial de la Guardia Nacional y jefe de inteligencia, el dueño del terror. Cursó estudios en la Escuela de las Américas, llegando a estar en la nómina de la CIA durante las negociaciones por el Canal. Tenía información sobre el gobierno cubano y, más tarde, sobre el gobierno sandinista, llevando apoyo logístico a los contras. Pero también era doble agente, pasaba información a Cuba y armas al Sandinismo y al FMLN salvadoreño. Lo hacía por su cuenta según algunos, a espaldas del Presidente Torrijos. La muerte de este último en 1981, en un sospechoso accidente de aviación, permitió a Manuel Noriega llegar a la cima. Ya entonces General—y dictador a partir de 1984, pero nunca presidente—concentró el poder político, la represión y el dinero en sus manos. Fue pionero de un tipo de régimen que sería más conocido en este siglo: una dictadura aliada al crimen transnacional. Un orden político sostenido y financiado por negocios ilícitos, a la postre un conglomerado criminal en control del aparato del Estado. Es que era “triple” agente en realidad, hombre del Cartel de Medellín y socio en sus negocios: narcotráfico y lavado. Por añadidura, ello incluía a las FARC. En noviembre de 1987 una resolución del Senado de Estados Unidos suspendió la ayuda económica y militar a Panamá, precipitando el default de la deuda externa y produciendo una contracción del producto del 20 por ciento. En febrero de 1988, el Departamento de Justicia lo imputó por doce cargos. “En lenguaje simple, Noriega utilizó su posición para vender Panamá a los narcotraficantes”, dijo entonces el Fiscal—United States Attorney de Miami—que formuló la acusación. En las elecciones de mayo de 1989 las fuerzas opositoras ganaron por un margen de tres a uno. El vencedor fue Guillermo Endara, pero Noriega declaró la nulidad de las elecciones y se mantuvo en el poder por la fuerza. Ello precipitó la crisis política y, en diciembre de ese año, la invasión de Estados Unidos lo depuso, capturó y llevó a Miami a enfrentarse a un tribunal. El resto es historia conocida. En abril de 1992, Noriega fue hallado culpable de ocho cargos, narcotráfico y lavado de dinero entre ellos, siendo la primera vez en la historia americana que un jurado condenó a un Jefe de Estado extranjero. Fue sentenciado a 40 años de prisión en julio siguiente. Regresó a Panamá en 2011 para cumplir una sentencia adicional de 20 años por la desaparición de opositores. Murió en 2017 producto de una hemorragia tras una cirugía. El día de su condena, el entonces Secretario del Departamento de Justicia—Attorney General—dijo: “Este es un mensaje importante para los capos de la droga: no hay refugio seguro para ellos, su riqueza y su poder de fuego no podrán protegerlos para siempre”. Es relevante hoy. El pasado 26 de marzo el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra altos funcionarios del chavismo y ofreció recompensas por información útil para su captura. Allí están acusados el propio Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y varios más de la primera línea del régimen, son 14 en total. El expediente detalla la asociación de la dictadura venezolana con el Cartel de los Soles y las FARC disidentes en lo que se caracteriza como “narcoterrorismo”. Los paralelos con Noriega son ineludibles. Los cargos son similares y varios de ellos originan en el mismo distrito judicial. La Fiscal del caso en Miami, Ariana Fajardo Orshan, fue más que elocuente, hablando en primera persona durante la presentación. Hizo referencia a las mansiones, yates, aviones privados y los zapatos de Prada y Ferragamo. “La fiesta está llegando a su fin”, concluyó. El ventilador ha sido encendido, por ello las derivaciones del caso son impredecibles. Es necesario entender cómo funciona el sistema americano. Una vez que se judicializa un caso, deja de ser político; la política va detrás de la justicia. La independencia judicial existe, algo difícil de comprender para el anti-liberalismo. Esta acusación tiene diez años de trabajo detrás, no se habría formulado sin pruebas. De ahí que varios quieran acogerse al beneficio de la delación premiada. Habrá negociaciones con ellos, pero no habrá vuelta atrás con el proceso. Piénsese en Odebrecht, que entabló un acuerdo con autoridades judiciales en Estados Unidos y Suiza por 3.500 millones de dólares en multas. Ello por haber sobornado a funcionarios de una docena de gobiernos en África y América Latina por casi 800 millones de dólares. Radicado en el distrito Sur de Nueva York, 77 ejecutivos de Odebrecht se acogieron a cooperar con la justicia bajo la figura de arrepentimiento. Se especifica en estos acuerdos que los arrepentidos deben colaborar con el juzgado y la oficina del fiscal en todo lo que se les indique, incluyendo divulgar la identidad de los funcionarios sobornados. Es un ejemplo y son monedas comparado con las cifras del saqueo chavista y el volumen del narcotráfico, además de sus crímenes de lesa humanidad. Con lo cual los incentivos para la delación son exponencialmente más grandes. Por ello el “indictment” del Departamento de Justicia preocupa en grande al gobierno de Pedro Sánchez. Es por el caso de Hugo Carvajal, jefe de la inteligencia venezolana entre 2004 y 2014 e incluido entre los 14 acusados. Son varios los que no quieren que hable. Aparentemente, Carvajal controlaba una ruta de narcotráfico que llegaba a Galicia, no es un desconocido en España. Estando bajo custodia del Centro Nacional de Inteligencia en Madrid desde abril pasado, se fugó, curiosamente, cuando llegó un pedido de extradición de Estados Unidos en noviembre. La DEA sabe donde está y el gobierno español sabe que el gobierno de Estados Unidos lo sabe. La fuga en cuestión no es creíble. Ocurre que Carvajal también fue instrumental en la relación de Podemos con Chávez y en el financiamiento que se originaba en Caracas. De ahí el interés del Vicepresidente Pablo Iglesias en conservar e incrementar su influencia en el CNI, lo cual no se ajusta del todo a la letra constitucional. En Madrid también tienen claro que se ha encendido el ventilador y que lo que salga puede llegar al otro lado del Atlántico. Otro dato relevante, otra similitud. El Secretario de Justicia citado aquí arriba, cuando Noriega fue condenado en 1992, era William P. Barr. Es el mismo de hoy.
