La polémica por los retrasos en la terminación y colocación del equipamiento de los hospitales de Bicentenario de Laferrere (Néstor Kirchner) y Rafael Castillo (René Favaloro) continúo ayer con la circulación de un informe reservado de Cambiemos que habla de supuestos sobreprecios y eventuales juicios. Además, el informe destaca que los contratistas del hospital de Laferrere fueron una unión transitoria de empresas (UTE) constituida por Isolux, Supercemento y Tecnipisos. Mientras que el de Rafael Castillo está a cargo de de la UTE conformada por Esuco S.A. y Centro Construcciones. Directivos de Isolux, Supercemento y el presidente de Esuco, Carlos Wagner, están procesados en la causa de los cuadernos de las coimas. Es más Wagner, está acusado de ser uno de los organizadores de un sistema de pago de sobornos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El jueves el Gobierno y la oposición polemizaron por estos retrasos en la terminación de esos y otros 5 hospitales del bicentenario que anunció Cristina Kirchner en el 2008 y de las unidades sanitarias llamadas UPA de la gestión bonaerense de Daniel Scioli. El debate lo abrió el presidente Alberto Fernández, quien luego de recorrer La Matanza esta semana, dijo que los macristas “pensaban que no hacían falta más hospitales”. Luego el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el jefe de gabinete de Axel Kicillof y la titular de la ANSES Luana Volnovich acusaron al macrismo y a la ex gobernadora María Eugenia Vidal por los atrasos. La polémica tiene que ver con la eventual necesidad de tener más camas de internación para el caso de que aumenten los contagiados por el coronavirus. Los hospitales del Bicentenario fueron financiados por el PAMI, ejecutados por las municipalidades, construidos en territorios provinciales y debían ser controlados por el gobierno nacional. Entre 2015 y 2019 la supervisión estuvo a cargo del ex ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio. El informe de Cambiemos no se dará a conocer hasta que termine la epidemia, sin embargo, fuentes de la oposición contaron parte de su contenido. En el 2010, se estimó que la obra del hospital de Laferrere iba a ser de $ 150.066.159, pero luego la municipalidad pidió redeterminaciones de precios por otros $ 140.450.803. Luego hizo otro pedido por otros 13 millones. Es decir, casi el doble del presupuesto original. La obra debía haber estado finalizada en el 2012, según el contrato. En marzo de 2016, la Dirección Nacional de Planificación y Ejecución de Proyectos realizó una auditoría en la que se constató un avance físico real del 69, 71% de la obra, encontrándose la obra con "una sobre certificación de 13, 10%" respecto de los números de la municipalidad. Es decir, que se pagó un precio mayor al realmente construido. En sendas cartas documentos, la municipalidad de La Matanza rechazó las observaciones del gobierno nacional. Luego la obra no contó con presupuesto para el año 2018, asignado por el Ministerio de Salud Nación, porque el gobierno de Vidal decidió priorizar la puesta en valor de 80 hospitales provinciales ya existentes. A mediados del 2018, el gobierno de Macri dio por rescindido el convenio con la municipalidad que entonces dirigía la actual vicegobernadora Verónica Magario. Sostuvo que era por “el amplio vencimiento de los plazos temporales en la presentación de certificados, rendiciones de cuentas e informes de avance de obra, y la sobre certificación de la obra”. Además, intimó al Municipio a que dentro del plazo de 10 días de recibida la misma reintegre el adelanto financiero de 3, 6 millones de pesos bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. En cuanto a rendiciones de cuenta, el Municipio “sí rindió cuentas sobre la totalidad de los desembolsos transferidos por Nación”. Pero el 2 de diciembre del 2019, ocho días antes del traspaso de Gobierno, se enviaron las actuaciones al entonces Secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública para “meritúe la promoción de las acciones judiciales que pudieran corresponder conducentes a que se reintegren las sumas debidas”. La pelea por la obra del hospital de Rafael Castillo tiene una génesis parecida al de Laferrere. El presupuesto adjudicado originalmente a la UTE de 134 millones de pesos. Pero luego la Municipalidad hizo redeterminaciones de precios por $137 millones más, llevando el costo a $ 278.334.506, más otro redeterminación de $ 4.279.760, que fue observada por el gobierno nacional. Se adjudicó en el 2010 y debía terminarse en 24 meses. En marzo de 2016, la Dirección Nacional de Planificación y Ejecución de Proyectos del gobierno nacional constató un avance físico del 80, 90% de la obra, encontrándose "una sobre certificación de 6, 28%" respecto de los documentos presentado por la comuna. Esta obra tampoco contó con presupuesto para el año 2018 asignado por el Ministerio de Salud Nación por las mismas razones que el anterior. El convenio se canceló y el gobierno nacional reclamó la devolución de $ 2.251.735. Pero un informe técnico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos sostuvo que a esa fecha “no es posible corroborar con un grado razonable de certeza si el avance físico alcanzado se correspondía con el presentado en la certificación obrante al momento en que se habrían confeccionados los Informes de Auditoría Técnica, esto es, el mes de marzo del año 2016” y que “tampoco se han localizado los documentos originales debidamente suscriptos de dichos informes”. Al igual que en el caso del hospital de Laferrere, se advirtió que se debía decidir si se iniciaba un juicio para la devolución de ese dinero, pero con el cambio de gobierno no se sabe, hasta ahora, que pasó aunque sí se informó que hubo un acuerdo con las empresas contratistas. COMENTARIOS COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS. ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE. Comentarios CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
