Existe un alto consenso de que la escasez de dólares comerciales ha sido una de las principales limitaciones al crecimiento económico de la Argentina. Varias interpretaciones históricas señalan el “estrangulamiento” de divisas como causa de los ciclos de “stop and go” (algo así como “parar y arrancar”) que recurrentemente aquejan al país. Pero la Argentina es también uno de los países del mundo que más desalienta las ventas al exterior mediante “retenciones” (técnicamente, “derechos de exportación) impositivas, que recaen fundamentalmente sobre el sector con mayor capacidad de generación de divisas: el campo y la agroindustria. La renovada batalla en torno de las retenciones es un nuevo capítulo de esa vieja paradoja: presionadas por las bases, las entidades de la Mesa de Enlace del campo iniciarán el lunes un paro de comercialización que se extenderá hasta el jueves, mientras el Gobierno y sus voceros y aliados elevan el tono de sus acusaciones. Pero es justamente como “parásitos” es que el campo ve a quienes lo exprimen con impuestos. “Actualmente, el 77% del ingreso del productor termina en manos del Estado, con el 23% restante el productor debe pagar todos los costos de producción, además de volver a invertir y vivir. Esta es una de las razones por las cuales hace más de diez años estamos estancados en los niveles de crecimiento”, señaló Matías Lestani, Responsable del Departamento de Análisis Económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades que integran la Mesa de Enlace. Los derechos de exportación, consagrados por el “Código Aduanero” sancionado en 1980 por la dictadura del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, son una rara avis a nivel mundial. La página estadística del Banco Mundial buscó información sobre 200 países y halló información sobre 96 de ellos, de los cuales en la absoluta mayoría de los casos estos derechos representan 0% o menos de 1% de la recaudación total. En ese ranking, sólo países como las Islas Solomón, Costa de Marfil, Kazakstan, Kazijistán, Guinea Bissau, Rusia, Bielorrusia recaudaban en 2017 por ese concepto un porcentaje superior al de la Argentina y por ítems exóticos como la exportación de elefantes, metales preciosos o recursos extractivos superabundantes. Para la Argentina, el Banco Mundial informaba que la proporción fue de 6,5%, en 2017. Sin embargo, según Juan Manuel Garzón, investigador del Ieral de la Fundación Mediterránea, en 2019 las retenciones ya significaron el 9, 5% de la recaudación total: aportaron 328.000 millones, de los cuales 279.000 millones (85%) provinieron del campo, más de 200.000 millones de ellos del complejo de la soja y sus derivados industriales. Los complejos cerealeros (maíz, trigo y sus derivados) y oleaginoso (girasol, maní) aportaron unos 45.000 millones y otros productos del agro, como carnes, lácteos, vinos, hortalizas y legumbres, $29.800 millones. Esto es, el rubro más pequeño del agro, aportó por retenciones un pelín menos que el incipiente sector del software y servicios profesionales y 60% más que las exportaciones de la llamada “industria manufacturera”. En dólares, las retenciones aportaron durante ese período poco más de 130.000 millones, de los cuales aproximadamente 100.000 provinieron del campo. Con todo, las retenciones son apenas uno de los impuestos que deben pagar los productores agropecuarios, para acercarse a esa exacción del 77% en promedio que precisa Lestani. “Bumper Crop”, como se presenta en Twitter un productor muy respetado por otros productores y observadores del campo, señala que mientras en Estados Unidos un “farmer” paga tres impuestos (15% de impuesto a las Ganancias al gobierno federal, 9% de impuesto a las ganancias al gobierno estadual y un impuesto local cuya alícuota varía según donde esté localizado), su contraparte argentina paga retenciones de hasta 33% sobre su ingreso bruto (no sobre su ganancia, que de hecho puede no existir o incluso ser negativa, esto es, una pérdida), 35% de Ganancia Mínima Presunta, más la tasa de Ingresos Brutos provincial, que paga en cada etapa de su proceso productivo (con lo cual su tasa efectiva es mucho mayor a lo que sugiere su alícuota teórica, pues tiene “efecto cascada”), más Impuesto Inmobiliario, Impuesto a los Combustibles, Impuesto al Cheque, Impuesto de Sellos, amén de que al no existir ajuste por inflación paga más de lo que debería en función de sus ingresos “reales” y no tiene el recurso de hacer una “amortización acelerada” del capital que debe constantemente renovar. El vecindario ¿Cuál es la situación de los países vecinos? Lestani precisa algunas particularidades al respecto. En Uruguay, los productores de leche, arroz, frutihortícolas y ganaderos de menos de 1.000 hectáreas reciben la devolución del IVA en las compras de gasoil (insumo esencial para las actividades agrícolas), además de gozar de regímenes tributarios simplificados. La mayor parte de los insumos agropecuarios están exentos de IVA. En tanto, los productores cuyo activo no supere los USD 1, 6 millones están exentos del “Impuesto al Patrimonio” y el Impuesto a las Ganancias sobre el agro recae mayormente sobre la venta de Bienes Agropecuarios, con una tasa máxima de 2, 5 por ciento. En Brasil, competidor mundial de importancia, en la década del noventa se eliminaron los impuestos a la exportación, lo que resultó en una expansión del área de producción y un aumento de la inversión que contribuyeron a llevarlo al podio de los exportadores de alimentos del mundo, con una cosecha de más de 240 millones de toneladas y ventas externas de más de 100.000 millones sólo en alimentos. Cuando en Brasil hubo un amago de reimplantar las retenciones a la exportación la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) logró reunir un amplio espectro legislativo que se opuso bajo el lema: “Los productores de Soja son la Locomotora” y así pararon la iniciativa. Gustavo Oliverio, de la Fundación Producir Conservando, recordó trabajos del economista Juan José Llach donde se observa claramente que la presión fiscal total de la Argentina es de las más altas del mundo, con el agravante de que los llamados “impuestos distorsivos” (aquellos que afectan artificialmente las decisiones de asignación de recursos) representan en la Argentina el 11, 1 % del PIB, mientras que en Brasil solo el 6, 6% y en Chile y Uruguay son menores al 1%. Volviendo al caso específico de las retenciones, un trabajo realizado por Garzón en octubre pasado, partiendo de los datos del Banco Mundial, actualizando los de Argentina y asumiendo que no ha habido cambios importante de política tributaria en otros países del ranking de “retencionistas”, nota que ya en 2019 se acercaba al podio mundial, superada por solo por las Islas Solomon, Rusia, Costa de Marfil y Kazajistán. Con el aumento de retenciones que por decreto instituyó el gobierno de Alberto Fernández en diciembre pasado más el reciente retoque de 3 puntos más a la soja, el principal cultivo del campo argentino, el país ya superó a Kazakistán y Costa de Marfil, para subirse al podio de aquellos cuyo ingreso fiscal más depende de este impuesto contrario a la generación de divisas. Mientras, el campo y el Gobierno marchan a otra confrontación. Los precios internacionales ya no son lo que eran en la rebelión chacarera de 2008 y la economía argentina se acerca a cumplir dos años de recesión. Difícilmente un nuevo enfrentamiento contribuya a superarla.
