El mensaje de Alberto Fernández a las empresas líderes respecto de que será “implacable” con los aumentos de precios marcó la antesala de las negociaciones para la renovación de Precios Cuidados. En diez días la Secretaría de Comercio Interior convocará a las compañías que participan del programa para definir las listas que regirán durante un nuevo trimestre. La fecha prevista para el inicio de la segunda etapa es el 6 de abril. La postura de las autoridades será habilitar ajustes mínimos, y solo en los casos en que las empresas puedan demostrar incrementos de costos que los justifiquen. En promedio las subas quedarán en un rango del 2 al 3 por ciento. Para el conjunto de las compañías involucradas en Precios Cuidados, las ventas se duplicaron en relación al nivel que traían hasta fin del año pasado y colaboraron con la desaceleración de la caída del consumo masivo en general, que pasó de derrapar entre 6 y 9 por ciento a registrar bajas interanuales de entre el 2 y el 4 en este momento. La inflación de febrero para el rubro alimentos volverá a superar el promedio general. Se ubicará en torno al 2, 5 por ciento, contra un índice de precios al consumidor que quedaría en 1, 5 o 1, 6 por ciento. Será el menor nivel en dos años. Desde enero de 2018 que la inflación no empezaba con 1. El gobierno de Cambiemos pasó más de la mitad de su mandato con alzas superiores al 2 por ciento, con picos del 6, 5. Sin embargo, la pulseada con los formadores de precios está en un momento clave. La Secretaría de Comercio mantiene reuniones permanentes con empresas y cadenas de valor para desarticular subas que conspiren contra la imprescindible recuperación del mercado interno. La titular de esa dependencia, Paula Español, encabezó un encuentro tenso días atrás con los distintos actores del sector carnes. Los incrementos en ese rubro son constantes y lideran el IPC. En los últimos doce meses, la carne picada común se encareció 78, 3 por ciento, el asado lo hizo un 71, 7 por ciento, el kilo de cuadril subió 63, 1 por ciento y el de paleta, 62,3, según los registros del Indec. Las devaluaciones siderales en el gobierno de Mauricio Macri y el fomento de las exportaciones a China, sin resguardar el consumo interno, explican en gran medida ese comportamiento hasta principios de año. Pero desde que el tipo de cambio se estabilizó y la demanda del gigante asiático cayó por la crisis del coronavirus, lo que interpretan en el Gobierno es que la continuidad de los aumentos forma parte de la puja distributiva con sectores empresarios, en especial grandes frigoríficos, que buscan apropiarse de los aumentos de jubilaciones, asignaciones y salarios. Otro foco de conflicto se da con el precio del azúcar. La empresa líder en el sector es Ledesma, que rechazó su participación en Precios Cuidados y en enero fue principal responsable de un ajuste del 14, 7 por ciento. Si bien el alza obedeció mayormente a la finalización de la rebaja del IVA para algunos productos de la canasta básica, que había dispuesto Macri en la campaña electoral, fue una de las compañías que menos absorbió la restitución impositiva. En el último año, además, el azúcar trepó 70, 9 por ciento. En ese sentido, el Gobierno analiza con preocupación el comportamiento de firmas líderes de la agroindustria en medio de la emergencia económica. El regreso de la confrontación con la Mesa de Enlace por el alza de retenciones a los grandes productores de soja va en la misma línea. Atribuyen al nuevo lockout de 96 horas motivaciones políticas, pero también la resistencia de un sector tradicional del poder económico a la imposición de reglas donde los que más ganan sean los que más aportan. Aunque no participan abiertamente en las entidades del campo que lanzaron la medida de fuerza, las mayores alimenticias del país acompañan por lo bajo el rechazo al incremento de los derechos de exportación, por ser también grandes jugadores de la producción agropecuaria. En los últimos años, esos sectores empresarios encontraron su representación política en Cambiemos. De allí su aceptación a la suba de las retenciones cuando la dispuso Macri y la reacción destemplada ante el alza que ahora implementa el Frente de Todos. “Vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir, aquellos que exportan, que su aporte sea mayor”, fue lo que dijo el entonces Presidente cuando anunció un incremento equivalente a 4 puntos de las retenciones a la soja, sin segmentación entre productores grandes, medianos y chicos, su reposición para el trigo, el maíz, el girasol, el sorgo y las producciones de economías regionales, y también para un segmento de bienes industriales que hasta ese momento estaban exentos. “Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar. Pero les tengo que pedir que entiendan, que es una emergencia y necesitamos su aporte”, insistió Macri, y encontró el respaldo de la Mesa de Enlace. Esa actitud tan distinta de las corporaciones agropecuarias con el gobierno anterior y el actual expone su posicionamiento político. También deja en evidencia que los sectores concentrados tienen mayor agilidad para defender sus intereses que sectores populares. Cuando en el gobierno de Cristina Kirchner se debatía por la incidencia de los subsidios a los servicios públicos, eran reiteradas las quejas de núcleos de clase media para pagar más. En lugar de defender esa porción de salario indirecto que representaba la política de subsidios, argumentaban que era injusto afrontar facturas tan bajas. Lo mismo expresaban en relación a Fútbol para Todos, aceptando el argumento de que si se cortaba el beneficio de la televisación abierta se construirían más jardines de infantes, como prometía Cambiemos. El tiempo demostró que lo que se le saca a las mayorías populares no vuelve en obras ni en servicios. Los grandes sojeros, a su vez, defienden sus márgenes de ganancia aunque tengan que paralizar el país. Es una lección que no conviene olvidar.
