Convencida de la puesta en marcha de “un golpe institucional” contra la Justicia, Elisa Carrió pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que como primera medida intervenga en defensa del sistema de protección de testigos e imputados de la Argentina. En una nota enviada ayer a la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Carrió requirió que el histórico organismo interamericano “solicite informes y efectúe un seguimiento regular y extendido en el tiempo” sobre ese programa que debería proteger a los arrepentidos de las causas por corrupción. La nota está firmada por Carrió, y sus diputados Mariana Stilman, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Mónica Frade, Héctor Flores, Marcela Campagnoli, Ruben Manzi, Alicia Terada, Leonor Martinez Villada, María Lucila Lehmann, Laura Castets, Javier Campos y Paula Oliveto. La CIDH hizo en 1979 su histórica visita en que recogió, por primera vez, denuncias sobre desaparecidos en plena dictadura militar. Si la CIDH acepta el pedido, el Gobierno deberá defenderse de estas acusaciones en ese foro internacional. El pedido se hizo en momentos en que a nivel internacional hay campañas en defensa de los llamados “whisteblowers”, los denunciantes de irregularidades como el condenado soldado norteamericano Chelsea Manning quien filtró documentos a Wikileaks. Si bien Carrió no hará apariciones públicas hasta el fin de la cuaresma por la Semana Santa por sus convicciones religiosas, sus colaboradores intentan con esta y otros medidas frenar el “golpe institucional contra la Justicia” que a su criterio impulsa la Cristina Kirchner. Carrió dijo a sus colaboradores que el “golpe institucional contra la Justicia, incluye la reforma jubilatoria (sobre todo los por cambios en la ley de suplencia de jueces), el desmantelamiento del programa de protección de testigos, el video del presidente Alberto Fernández hablando de la teoría del lawfare, el proyecto para intervenir la justicia de Jujuy, más la iniciativa de senadoras K para terminar con las prisiones preventivas y el caso D'Alessio". Esta semana, el ex testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, también denunció a la CIDH cómo se violaron sus derechos de imputado-colaborador con la filtración del acuerdo que había alcanzado con la Justicia. El primer arrepentido en salir del programa de protección de testigos, apenas el kirchnerismo ganó las elecciones de diciembre pasado, fue el financista Leonardo Fariña. En la carta, Carrió -quien el 1° de marzo deja de ser diputada pero no se retira de la política- sostuvo que Cristina “procura su impunidad mediante la vulneración de derechos esenciales de los testigos e imputados que requieren protección de su integridad y de la seguridad de sus familias”. “Estamos frente a un claro proceso de desactivación del Sistema de Protección de Testigos e imputados colaboradores, que se encuentra actualmente, a cargo de una Dirección Nacional que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación”, agregó". Destacó que “Cristina Kirchner, se encuentra imputada en más de una causa por corrupción (con sendos procesamientos en su contra y con un juicio oral en pleno trámite ); y por tal, tiene un claro interés en que dichas causas no prosperen”, al igual que otros altos ex funcionarios de su anterior. Luego, subrayó en la carta que “resulta obvio, que no debe quedar ni en sus manos ni en manos de sus socios políticos, la suerte y el cuidado de los testigos e imputados colaboradores que han declarado en contra de sus intereses o de los intereses de otros ex funcionarios investigados”. Advirtió que el programa quedó en manos del viceministro de Justicia y ex número dos de la AFI Juan Martín Mena, procesado en la causa del encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA y así “los testigos e imputados estarán sometidos a un razonable temor sobre el futuro de su seguridad personal y familiar, así como sobre su libertad ambulatoria. Circunstancias éstas que sin dudas, repercutirán y seguramente, los condicionará, ante sus futuras declaraciones. ” Luego contó que el acuerdo confidencial con Vandenbroele fue filtrado por el Gobierno al medio K El Destapeweb “con el claro fin de exponerlo y quebrar su voluntad”. “No es casual que los casos respecto de los cuales se publicó y se difundió información secreta , son justamente de aquellos arrepentidos que declararon en contra de los socios políticos del Presidente Fernández”, agregó. “A todas luces, dicha exposición amedrenta y pone en riesgo a testigos que han sido claves en el desarrollo e investigación de causas de corrupción de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y “alecciona a todos aquellos que quieran imitar su proceder de colaborar con la justicia en ese tipo de causas”, agregó la nota a la CIDH. Recordó que el ex presidente Mauricio Macri firmó el decreto 795/2019(5) -que no llegó a instrumentarse- por el cual creó la Agencia Nacional De Protección a Testigos E Imputados. Paralelamente, “nuestra fuerza ha impulsado un proyecto de ley para modificar la ley vigente disponiendo el traspaso del Programa al ámbito del Poder Judicial ; institución que podría pasar a ser letra muerta con el nuevo gobierno, al menos en lo relacionado con delitos de corrupción”. El decreto 795/2019 daba mayor jerarquía e independencia, al director a cargo de la Agencia Nacional de Protección de testigos, y creaba un Consejo Consultivo integrado por el Presidente del Tribunal de Casación, el Procurador General y el Secretario de Seguridad. Sin embargo, el decreto de Macri 795/2019 ha sido derogado por el decreto 168/2020 del presidente Alberto Fernández. 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