La ofensiva kirchnerista por lograr la liberación de Milagro Sala aterrizó en el Senado con un proyecto del peronista jujeño Guillermo Snopek que pide la intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Jujuy por el plazo de un año a partir de la sanción de la ley. La iniciativa habilita a la administración de Alberto Fernández a designar un interventor federal "a fin de garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino". Además, declara "en comisión" a los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, lo que les quitaría a los magistrados la estabilidad constitucional inherente a los cargos en los que fueron designados por la Legislatura provincial. De hecho, el proyecto faculta al interventor federal "a suspender en sus funciones o remover a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de Jujuy". Si bien no nombra el caso de Milagro Sala, la mención de eventuales reclamos internacionales contra el Estado nacional está en línea con los reclamos realizados por connotados dirigentes kirchneristas, que impugnan la legalidad de la detención de la dirigente social, que enfrenta varias causas por hechos de corrupción y ya fue condenada en dos expedientes. Uno de los primeros en reclamar la intervención del Poder Judicial jujeño fue el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni. También se sumaron al pedido otros referentes del kirchnerismo, como el periodista Horacio Verbitsky. Todos consideran "arbitraria" la detención de Sala. La iniciativa fue presentada ayer, por lo que todavía no tiene giro a comisiones y el único firmante es Snopek, un dirigente peronista que mantiene un histórico enfrentamiento con el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales. El senador ya había anunciado su intención de avanzar con la intervención el año pasado, por considerar que había "connivencia absoluta del Poder Judicial con el gobernador Morales y la Legislatura provincial". En aquella oportunidad, Snopek había formulado su reclamo a raíz del allanamiento ordenado a una legisladora de la oposición que había criticado al mandatario provincial. Según el proyecto, el interventor tendrá la misión de "adoptar las medidas que considere necesarias a fin de que el Poder Judicial de Jujuy garantice la plena observancia de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional".
