El Gobierno decidió derogar el decreto que firmó el expresidente Mauricio Macri con los cambios en el programa de Protección de Testigos, que así permanecerá bajo el control del Ministerio de Justicia, a cargo de Marcela Losardo. El presidente Alberto Fernández ya firmó el decreto que se publicará mañana en el Boletín Oficial. Desde la Casa Rosada cuestionaron la decisión que tomó el exmandatario y destacaron que de esta forma "se vuelve a cumplir con la ley". "Macri firmó el decreto el 28 de noviembre, a días de dejar el poder. Tiene cero legitimidad", describió un hombre de máxima confianza del jefe del Estado. Losardo le llevó el tema en los últimos días al Presidente y definieron el inminente cambio. Desde mañana, entonces, el programa de imputados colaboradores de la Justicia será responsabilidad del subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto. En los considerandos del decreto, al que tuvo acceso LA NACION, el Presidente destacó que la Cámara de Casación había expresado su preocupación "por la compatibilidad de su aplicación en relación a las atribuciones constitucionales y legales" que tiene ese cuerpo. Y advirtió que "no se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia" para traspasar el programa que tuvo el mismo régimen de control "sin variación durante más de 16 años". A 12 días de dejar el poder, el expresidente Macri firmó el decreto que creaba la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados y anunció la conformación de un consejo consultivo integrado por el presidente de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal; el Procurador General de la Nación y el Secretario de Seguridad. El resultado de las PASO, cuando el candidato del Frente de Todos le sacó 17 puntos de ventaja a Macri, multiplicó los pedidos de algunos testigos protegidos en causas de corrupción que involucran a exfuncionarios kirchneristas para reubicar el programa. En ese listado aparecen José López, Oscar Centeno, Alejandro Vandenbroele y Laura Muñoz. Al momento de la firma del DNU durante la administración de Macri había 225 testigos y 97 familiares. En su gran mayoría, los arrepentidos pidieron ingresar por causas de narcotráfico, secuestros extorsivos y trata de personas. El programa cuenta con medidas de protección como custodia personal o domiciliaria. Además, puede proporcionar alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, ayuda económica por no más de seis meses, asistencia para la reinserción laboral y el suministro de documentación que acredite identidad a nombre supuesto.
