La disputa entre los gobiernos nacional y porteño tendrá esta semana una nueva escalada. Mientras se espera una definición sobre la reducción de los fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, la Casa Rosada pondrá en marcha mañana un operativo para recuperar los inmuebles que la Nación cedió a la Capital en los últimos tres meses de la presidencia de Mauricio Macri. Se trata de 31 escrituras, firmadas entre el 19 de septiembre y el 10 de diciembre de 2019, por un total de casi $16.000 millones. Las operaciones involucran, entre otras cosas, la transferencia de inmuebles, y parcelas ferroviarias en Palermo y Caballito, como forma de pago por compromisos asumidos por la Nación con la Ciudad. En lo que se presenta como el inicio de una batalla judicial entre las dos jurisdicciones, Alberto Fernández ordenó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), órgano administrador de los bienes del Estado nacional, la revisión de todas las operaciones realizadas entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019, que implicaron la cesión de inmuebles y terrenos a la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo de esa revisión, según afirmó el Presidente en un decreto que se publicará mañana, es "deslindar responsabilidades administrativas, civiles o penales", ante la detección de "vicios que puedan implicar su nulidad", así como "eventuales hechos o actos ilícitos". Las escrituras de transferencia está en pleno proceso de inscripción, por lo que la Nación intentará impugnar esas operaciones. La novedad se conoce en medio de la disputa entre la Nación y la Ciudad por el anunciado recorte de los fondos de coparticipación. El Presidente advirtió que avanzará en breve en la retracción de parte de los recursos que la Nación le cedió a la Capital en 2016, durante los primeros meses de la presidencia de Macri. En un movimiento que involucrará a los gobernadores en la discusión entre la Nación y la Ciudad, Fernández dispuso también dar intervención al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, un organismo creado por ley en 2018 e integrado por los ministros de economía de todas las provincias, para evaluar si se infringió el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. El artículo 15 bis de esa norma (ley 25.917), promovida por el gobierno de Macri para ajustar los gastos provinciales, prohíbe "cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos" durante los últimos dos trimestres del año de fin de mandato. De acuerdo con la mirada del gobierno de Fernández, en esa prohibición incurrió la administración de Cambiemos con el decreto 740/19, publicado el 28 de octubre de 2019, un días después de que Macri perdió las elecciones presidenciales. Fernández también avanzará mañana en la derogación de ese decreto. El decreto de Macri facultó a la AABE a "dar en pago" bienes inmuebles del Estado nacional, "a fin de cancelar deudas y/o afrontar compromisos de asistencia económico financiera y/o extinguir cualquier otra obligación pecuniaria que haya asumido el Estado nacional con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Después del dictado de ese decreto se aceleraron las operaciones para transferir bienes inmuebles de la Nación a la Ciudad. En noviembre de 2019, por ejemplo, Playas Ferroviarias de Buenos Aires (PFBA) -una sociedad del estado cuyo principal accionista es la Anses (95%)- pagó a la Ciudad obras futuras por adelantado cediendo parcelas por casi US$30 millones, según el valor de las obras que se realizarán. Lo hizo en el marco de un convenio marco de colaboración para el desarrollo de las playas ferroviarias en Palermo, Caballito y Liniers, firmado en 2018. Ese mismo mes, se transfirieron siete inmuebles por $8500 millones, en el marco de un convenio de 2017 por el que el Estado nacional se había comprometido a pagar las obras de elevación de determinados tramos de los viaductos de los ferrocarriles San Martín y Mitre. PFBA aprobó las transferencias, pese a que la comisión fiscalizadora de la sociedad advirtió que se estaba violando la regla de fin de mandato, destacan en el gobierno nacional. En los considerandos del decreto de Fernández que derogará el decreto de Macri, se afirma que la afectación de bienes inmuebles al pago de obligaciones "desnaturaliza la función de la AABE", "vulnera elementales normas en materia de competencias" y que "resulta manifiestamente improcedente e inconveniente para el interés público", en especial porque las operaciones se realizaron por el monto de la tasación oficial. Esto último, se afirma en el decreto, privó al Estado nacional de obtener ofertas superiores.
