Los 3 millones de jubilados que realizaron aportes previsionales en su etapa laboral activa cobrarán en promedio un 37% menos de lo que les correspondería si se hubiese aplicado la ley de Movilidad para el trimestre marzo-mayo, con extremos como una ganancia del 11, 7% para el haber mínimo y una quita del 57, 2% para los superiores y una reasignación de recursos que representará para el Estado nacional un ahorro mensual de $5.586,7 millones. Los datos surgen de sendos análisis de la consultora Econométrica y del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que manifestaron opiniones divergentes en relación con el anuncio de aumentos en las jubilaciones formulado el viernes por el presidente Alberto Fernández, el director de la ANSES, Alejandro Vanoli, y la directora del PAMI, Luana Volnovich. Al respecto, el director de Econométrica, Ramiro Castiñeira, sostuvo que las jubilaciones “no dependen del Poder Ejecutivo sino de una ley” y que con los incrementos anunciados “pasamos de la reparación histórica” a “la licuación histórica”. “Más allá de que el Congreso haya suspendido la aplicación de la ley, la última palabra la va a tener el juez. Y el juez ya ha dicho que esto es una violación a la propiedad privada”, manifestó el economista a Infobae, además de señalar que, si se excluye a los pasivos beneficiados por leyes especiales, de un universo de 6, 6 millones de jubilados hay aproximadamente 3 millones que realizaron aportes y 3, 6 millones que accedieron mediante moratorias previsionales. Por el contrario, CEPA, si bien presenta un informe en el que reconoce que la modalidad adoptada por el Gobierno implica “una reducción del monto de jubilaciones agregadas de unos $5.500 millones” en relación con el aumento general del 11, 56% dispuesto por la ley suspendida, sostuvo que “no se puede hablar de ajuste sobre los jubilados” ya que el incremento promedio de “casi 8%” es similar a la inflación que la entidad proyecta para el trimestre marzo-mayo. En una previsión de las demandas que podrían realizarse, Castiñeira señaló en su cuenta de twitter que “licuar las jubilaciones arriba de la mínima entre 2002-2006 gatilló una lluvia de juicios contra el Estado”, aunque distinguió entre esa “lluvia” y la “garúa de sentencias y un mero goteo de gasto público para su pago”. “Los pocos que cobraron lo hicieron 10 años más tarde vía reparación histórica, o quedó de herencia”, lamentó. Tomando como referencia el incremento del 11, 56% que hubiese correspondido aplicar según la ley de Movilidad suspendida en diciembre, Castiñeira presentó cuatro realidades diferentes de acuerdo con los aumentos anunciados de una suma fija de $1.500 más 2, 3%: . Los jubilados con aportes tendrán en promedio un aumento del 7,3%, lo que implica una quita del 37% respecto de la suba del 11, 56%. . Los pensionados con aportes tendrán un aumento del 9,8%, con un recorte del 15%. . Los jubilados con moratoria recibirán un incremento del 12, 7% . Por último, los pensionados con moratoria una suba del 12, 9% En el desagregado según el nivel del haber jubilatorio, Castiñeira precisa que aquellos que cobran el haber mínimo tendrán una mejora del 11,7%, ya que el aumento combinado de $1.500 más 2, 3% les representa un incremento del 13%. A medida que se incrementa el haber jubilatorio, el porcentaje efectivo de aumento disminuye, ya que el componente de suma fija representa una proporción menor. Para aquellos que perciban el equivalente a 2 jubilaciones mínimas ($28.136) el ajuste combinado será un equivalente al 7,6%, con una pérdida del 34, 2% en relación con lo que hubiesen cobrado con la aplicación de la ley. En el caso de los que cobren el equivalente a 3 haberes mínimos, la suba será del 5, 9% y la quita del 49,5%, en tanto para los que cuenten con una jubilación equivalente a 4 mínimas el aumento será del 5% y el recorte del 57, 2%. “Si se quiere un sistema de reparto donde todos tengan una jubilación mínima independientemente del aporte realizado, esa deberá ser una norma explícita, para no estafar más a nadie. Pasamos de la reparación histórica... volvemos a la licuación histórica”, sentenció Castiñeira en su cuenta de twitter. Al respecto, planteó en declaraciones a Infobae que “la base del sistema es aportar y cobrar en función de lo aportado, pero de repente te dicen que todo eso es un verso. No se sabe de cuánto va a ser el próximo aumento, vuelve la discrecionalidad”. Por el contrario, CEPA puntualizó que “no resulta menor” discutir “cómo se aplica la suma fija y el complemento variable sobre los segmentos de jubilaciones” y en ese sentido destacó que “una mayor mejora, en términos relativos, para los jubilados de menores ingresos favorece aún más al consumo, el principal componente de la actividad económica”. Por esa vía, CEPA llega a la paradoja de sostener que “no se puede hablar de ajuste sobre los jubilados”, aunque a la vez admite que “considerando esta estructura de distribución de jubilaciones, el aumento implicaría una reducción del monto de jubilaciones agregadas de unos $5.500 millones”. “El incremento de un monto fijo de $1.500 más 2, 3% implica un incremento de casi 8% de aumento respecto del monto agregado de jubilaciones previas, es decir, no habría pérdida de poder adquisitivo si se considera una estimación de inflación de 8, 04% para el trimestre marzo-mayo de 2020”, sostuvo, para agregar que en el caso de la jubilación mínima el aumento anunciado representa “unos $200 adicionales” sobre lo que se hubiese dispuesto con la ley de Movilidad. A diferencia del cálculo de Econométrica, la entidad dirigida por Hernán Lechter aseguró que “el aumento para los primeros tres quintiles (el 60% de los casos) superaría la fórmula de la movilidad anterior, el cuarto quintil quedaría al nivel de la inflación estimada por CEPA y solo el 20% quedaría por debajo de la inflación”. Seguí leyendo: Abogados previsionalistas cuestionaron el aumento para las jubilaciones y ya preparan las primeras demandas Qué jubilados se benefician y cuáles se perjudican con el nuevo sistema de aumentos
