—Hay muchos países que han pedido a la ONU y a otras organizaciones internacionales que les ayuden a resolver casos como este —señaló el periodista argentino residente en Miami. —Usted recordó el ataque que en 2005 mató al ex primer ministro libanés Rafiq Hariri y otras 21 personas, que fue investigado por el Tribunal Especial para el Líbano en los Países Bajos. ¿Qué tuvo ese caso que le hizo pensar en la utilidad del recurso a un tribunal supervisado por la ONU para el caso Nisman? —El caso del Líbano fue un solo caso de una investigación que estaba trabada. Pero hay muchos otros. En Guatemala, el crimen organizado había asesinado a tanta gente y había tanta impunidad que hace mas de diez años el presidente invitó a la ONU a supervisar las investigaciones criminales, y se creó la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Fue una agencia nueva de las Naciones Unidas hecha específicamente para Guatemala, que se dedicó durante varios años exitosamente a investigar las redes de corrupción e impunidad en el gobierno, y ayudó a esclarecer muchísimos casos. El director de la CICIG era nombrado directamente por el Secretario General de las Naciones Unidas. Guatemala, recordó Oppenheimer, “pidió una comisión internacional supervisada por la ONU para investigar el escándalo que sacudió al país en el 2009, cuando el abogado Rodrigo Rosenberg fue asesinado tras dejar un videotape en el que acusaba al presidente Álvaro Colom y a su esposa de querer matarlo”. Dado que Colom lo negó, tras la muerte de Rosenberg y la difusión del video hubo manifestaciones para exigir la renuncia del presidente. “Nadie creía en el dictamen de los investigadores guatemaltecos que decía —por más absurdo que sonara— que Rosenberg había orquestado su propia muerte para derrocar al gobierno. La CICIG hizo su propia investigación, y demostró que el extraño asesinato efectivamente había sido encargado a través de terceros por el propio Rosenberg”, sintetizó. En el caso de Hariri, el tribunal asentado en La Haya acusó en 2011 a cuatro miembros de Hezbollah, y sumó un quinto dos años más tarde, por la masacre: Hussein Hassan Oneissi, Salim Jamil Ayyash, Assad Hassan Sabra, Hassan Habib Merhi y Mustafa Amine Badreddine. Juzgados en ausencia durante un año, fueron condenados. Pero aunque durante el proceso los pedidos de captura de Interpol no lograron dar con los sospechosos, muchos testigos recibieron amenazas y uno de los investigadores murió asesinado. Precisamente Hezbollah, recordó Oppenheimer, estaba también en el centro de la investigación de Nisman, quien “había concluido anteriormente que el grupo terrorista, respaldado por Irán, había sido responsable del ataque a la AMIA”, escribió en su opinión política semanal. —En ocasiones la jurisdicción internacional es objetada: ¿qué oposición podría despertar en el caso Nisman, y cómo la refutaría usted? —¿Objetada por quién? Los países piden ayuda técnica y/o supervisión extranjera todo el tiempo para resolver casos criminales que no logran esclarecer —desestimó Oppenheimer—. Además del Líbano y Guatemala, Francia lo hizo tras el ataque terrorista a la revista Charlie Hebdo y México cuando pidió la ayuda de peritos forenses argentinos para tratar de esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Como dije en mi columna del Miami Herald, si el presidente Fernández realmente quiere que se esclarezca la muerte de Nisman, que pida una investigación supervisada por la ONU, o la Organización de Estados Americanos (OEA) u otro organismo internacional creíble.
