La nombrada secretaria Fernanda Miño fue definida como “una villera para urbanizar las villas", según el comunicado distribuido por la organización de Grabois. Vive en la villa La Cava, donde nació, se crió y se compromete a seguir viviendo. De hecho, desde 2017 es concejal en San Isidro, banca que abandonará para hacerse cargo de su nueva responsabilidad, y fue precandidata a intendente del Frente de Todos en las PASO de San Isidro. Además, forma parte del Frente Patria Grande y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y es parte de la mesa nacional de Barrios Populares, “una plataforma que nuclea referentes de villas y asentamientos de distintas provincias del país y organizaciones, desde la ONG Techo para mi País hasta la CTEP". Miño es catequista y comenzó su militancia social ligada a la Iglesia Católica y, según se informó, luego de donar el patio de su casa, construyó junto a otros vecinos un centro barrial para niños y adolescentes en La Cava. García Monticelli, por su lado, es considerada entre la dirigencia social como una “militante de Grabois paladar negro” y, como tal, trabajó intensamente en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), cuando, con el impulso del ex vicejefe de Gabinete de Cambiemos Mario Quintana, se relevaron 4.416 barrios humildes en el país. Ese relevamiento fue la base que le sirvió a Miño y Monticelli para realizar un Plan Maestro de Integración Sociourbana que se propone, “con lujo de detalles, las obras necesarias para introducir servicios de electricidad, agua potable, cloacas, alumbrado y pavimentación”, según informaron en el Frente Patria Grande. También contempla "construir nuevos centros educativos y de salud, programas de reciclado y recolección de residuos, entre otras actividades productivas que involucran la generación de puestos de trabajo en la economía popular”. El Ministerio de la Economía Popular fue un reclamo en el que coincidieron todas las organizaciones sociales antes de que asumiera Alberto Fernández, a pesar de sus diferencias internas. Sin embargo, al constituirse sólo una Secretaría, que quedó en manos de Emilio Pérsico, la gente de Grabois no tuvo ningún lugar en el Gobierno, lo que provocó el disgusto del dirigente social, que expresó públicamente un sinnúmero de críticas a la política social del oficialismo. “No estoy de acuerdo con lo que están haciendo con la tarjetas alimentarias. Hay comercios de barrio que no tienen posnet y esto lleva a concentrar el consumo en el supermercadismo, que es bastante monopólico, y a marcas que tienen espacio de privilegio en las góndolas. O sea, favorece a productos de monopolios y multinacionales que son las que tienen espacios de privilegio en los supermercados”, criticó Grabois la semana pasada. En rigor, la preocupación de Grabois es coincidente con la de todos los movimientos sociales, que temen que con las tarjetas alimentarias se disuelvan las cooperativas que manejan los comedores escolares, que es la base territorial de sus organizaciones. “Cuando hay que hacer política social, en la foto aparecen los funcionarios con los intendentes y a nosotros nos dejan siempre afuera”, se lamentó un dirigente que no pertenece al grupo de Grabois, pero coincide con sus críticas, aunque no quiere decirlas en público, por lo menos todavía. Temen, además, que también las obras públicas estén concentradas por los intendentes y sólo lleguen con cuentagotas a las organizaciones sociales, como ya sucedió antes. Seguí leyendo: El apoderado de los hijos de Cristina Kirchner será el titular de la Inspección General de Justicia El Presidente manifestó su preocupación por un accidente de tránsito y publicó una foto con Hebe de Bonafini
