Constitucionalistas, diputados y periodistas repudiaron hoy la creación de “tribunal ético de juzgamiento de Lawfare" que analizará la conducta de jueces, fiscales y periodistas que investigaron casos de corrupción de los gobiernos de Cristina Kirchner, Lula Da Silva y Rafael Correa, y Dilma Rousseff y luego dictará "una sentencia" contra los culpables. El tribunal, que sesionará en Madrid, estará presidido por el abogado de la titular de las Madres de Plaza de Mayo y del dueño de Electroingeniería, Eduardo Barcesat e integrado por el exjuez español Baltazar Garzón. La “sentencia” del tribunal ético se conocerá en noviembre del 2020. Entre los investigados de la Argentina estarán, entre otros, el juez Claudio Bonadio, pero también periodistas como Daniel Santoro, Jorge Lanata y Luis Majul. El diario Perfil informó que el tribunal será integrado, también, por Renata Avila, William Bourdon, Herta Däubler-Gmlin, Gabriel Chamorro, Valeska Teixeira y Ayo Obe. El anunció de creación de este tribunal, basado en la idea de “la Conadep del periodismo” provocó una polémica y tuvo mucha repercusión en las redes sociales. El kirchnerismo ya montó un simulacro de “CONADEP del periodismo” a través del informe que hizo la Comisión Provincial de la Memoria sobre periodistas en la causa en que se investiga al falso abogado Marcelo D'Alessio. El informe fue pedido por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla para determinar si las notas del periodista Daniel Santoro podía constituir operaciones de acción psicológica, el mismo método que usó el ex represor Ramón Camps cuando investigó durante la dictadura a la Opinión de Jacobo Timerman. El constitucionalista Daniel Sabsay opinó que “un tribunal creado por voluntad de quienes se proclaman sus miembros y deciden su jurisdicción y competencia, es una farsa para tapar las causas por corrupción”. “Claro que teniendo en cuenta quienes son sus autores es de temer que la destrucción institucional esté en marcha. Esperemos que el Presidente Alberto Fernández lo desestime”, agregó Sabsay. Por su parte, el presidente de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofre, dijo que "un Tribunal Ético de alcance internacional donde algunas personas funcionen como jueces, otras como víctimas y otras como victimarios es una idea que pone en crisis y debilita las decisiones de los Tribunales de Justicia verdaderos, que deben actuar legitimados en cada una de las jurisdicciones democráticas donde actúan". "También es sorprendente que no se piensa en ninguna aceptación voluntaria de esa “suerte de Tribunal Ético”, ya que viene impuesto por un grupo de personas auto- legitimadas que se erigen en jueces éticos de otras", agregó el conocido abogado penalista. "Los Tribunales éticos actúan entre pares y mediante mecanismos previos de aceptación y funcionamiento. Todo este anuncio tiene más valor publicitario que práctico y se asemeja más a un “escrache internacional” que a un juicio que busque la verdad de algún conflicto", agregó Wortman. A su turno, el diputado de Cambiemos, Luis Petri, dijo que “Barcesat y Baltazar Garzón arman un "tribunal ético" contra el Lawfare para lavar culpas y “condenar” a periodistas, fiscales y jueces”. “Después decían que Dady Brieva hablaba a título personal y que era imposible una CONADEP contra el periodismo. Fueron más allá Además de ser una farsa y simulacro de juicio para construir el relato de persecución, la conformación de este Tribunal “ético” viola nuestra Constitución Nacional cuando establece que en el país nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, como en la dictaduras”, agregó el diputado Petri. Por su parte, Marcelo Longobardi, dijo en radio Mitre que “este tribunal es una farsa que rodea al ridículo”. “La política tiene muchas dimensiones y ahora descubrimos una nueva dimensión que es el simulacro“, sostuvo Longobardi al tiempo que juzgó la decisión como “una suerte de farsa teatral que pretende juzgar a personas” y consideró que “para muchos se parece a la CONADEP del periodismo pero como hay jueces involucrados va mas allá”, concluyó. A su vez, el periodista venezolano y director del equipo de investigación Armandoinfo, Ewald Scharfenberg, dijo que “el prochavismo se está armando con el concepto de "lawfare" para neutralizar las independencias del poder judicial y de la prensa”. En declaraciones a Radio Jai, Sabsay resaltó “la falta de sustento legal de la formación de un tribunal para aplicar la doctrina del “Lawfare”. El Lawfare es un brulote en el que bajo el mote de `guerra judicial´ se niega todo un proceso” contra la corrupción. “Es algo absolutamente disparatado porque carece de las características más elementales de lo que es la creación de un tribunal y la administración de justicia” sentenció el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Sabsay destacó: “En éste caso son los mismos futuros integrantes los que crean e integran ese tribunal, seguramente atribuyéndose características tan excepcionales y superadoras que nadie puede discutir, lo cual lo hace más ridículo y los transforma en personajes dignos de broma y mofa”. “Hasta los tribunales inquisitorios (de la Iglesia Católica) no eran los mismos inquisidores los que se nombraban. La autoproclamación no tiene antecedentes”, recordó. Dicho tribunal conformado por diferentes personalidades pareciera decir: “Nosotros somos los sabios más allá de toda duda, que además vamos a juzgar sobre las distintas cuestiones, ya decimos a quienes vamos a juzgar con lo cual antes de toda investigación ya está efectuada la condena”, añadió. “A mi me recuerda los procesos en Plaza de Mayo durante el gobierno de Kirchner a los periodistas, colocando fotos en el fondo de inodoros por ejemplo de Magdalena Ruiz Guiñazú, Joaquín Morales Solá, Pepe Eliaschev y otros, y allí se los escupía y orinaba estigmatizándolos”, añadió. Destacó que “ahora lo hacen de otra manera pero indirectamente es lo mismo poniendo el dedo acusador y disuadiendo al decir, cuidado, te voy a hacer lo mismo que a Lanata, Majul o Santoro que ya viene siendo atosigado”. Sabsay remarcó: “Como ven que el juicio en Dolores contra el periodista Santoro no tiene fundamento, lo someten a éste tribunal tan grotesco”. “Aparte ellos deciden la competencia internacional para incluir a varios presidentes de Latinoamérica instalándose como jurisdicción internacional autoproclamada en España, y no sé qué tipo de apoyatura tienen del gobierno español ya que están usurpando un lugar que nadie les ha concedido sin un tratado internacional que haya creado un tribunal. Es todo una locura, un disparate. Esto será tomado a risa y espero que el gobierno argentino no esté detrás porque sería una gran pena” reflexionó Sabsay. Subrayó la contradicción de que “los argentinos del tribunal están implicados en las cuestiones que van a revisar. Por ejemplo, la figura del Dr. Barcesat es desde ya polémica ya que se trata del defensor entre otros de Hebe de Bonafini en la causa del programa “Sueños compartidos” donde la presidenta de las madres de plaza de Mayo no se había presentado ante el juez por considerar el proceso como “una persecución””. “Barcesat de constitucionalista no tiene nada, y hasta a un alumno de leyes que desconozca la base de la separación de poderes, cómo se organiza la justicia o como se integra la titularidad de los juzgados, uno lo aplaza” expresó Sabsay. Este abogado de Hebe de Bonafini escribió un documento que envió a Perfil sobre los objetivos del tribunal: "El lawfare, o guerra judicial, que sería su significado en lengua castellana, es una práctica de persecución y destrucción de adversarios o enemigos políticos, empleando como arma a los procesos judiciarios”. “La invención de esta práctica persecutoria, gestada en la academia militar estadounidense, es la de perseguir a los opositores mediante mecanismos que no generen la mala prensa que tienen los atentados, asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, torturas, etc. que han sido empleados a lo largo de la historia de la dominación social ejercida por potencias hegemónicas”, añadió Barcesat. En declaraciones a Perfil, Barcesat recordó que “yo había intervenido como fiscal en un juicio ético del 200/2001 por responsabilidades de la dictadura y en 2003 en la facultad de Derecho en uno similar por crímenes de delitos económicos, sociales y culturales. Ahí fui juez” “La idea será recoger testimonios, documentación, analizar causas, entrevistar a los detenidos y luego emitir sentencia ética y darla a conocer. La organización tiene su sede en Madrid, está previsto sobre fines de noviembre en Madrid mostrar los resultados”, finalizó. . COMENTARIOS Comentarios CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
