Otra vez las fuerzas de seguridad colombianas acusadas de "trabajos sucios". Antes fueron los "falsos positivos" (matar campesinos para hacerlos pasar por bajas guerrilleras para obtener beneficios y ascensos) o mentir en el número de bajas de insurgentes. Ahora, unidades del ejército de Colombia están acusadas de interceptar ilegalmente los teléfonos y correos electrónicos de magistrados de altas cortes, políticos y periodistas, según una investigación periodística revelada por la revista Semana de Bogotá. "Unidades del Ejército se han dedicado en el último año a desplazar a sus unidades móviles y utilizar sus equipos de última generación para saber en qué andan algunos periodistas, políticos, magistrados, e incluso coroneles, generales y comandantes de otras fuerzas", afirmó la revista. Entre los afectados habría magistrados de la Corte Suprema, congresistas de distintas vertientes políticas, gobernadores y reporteros de Semana que el año pasado recibieron amenazas. Uno de los objetivos era la magistrada Cristina Lombana, quien hasta mayo tuvo a su cargo el caso en curso contra el ex presidente y senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos que podría llevarlo a juicio. Uno de los militares involucrados afirmó que se les ordenó entregar la información sobre Lombana "directamente a un reconocido político del Centro Democrático", el partido de gobierno, liderado por Uribe. La publicación además señala que las irregularidades llegaron a oídos del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien por ello habría pedido la baja del comandante del Ejército, general Nicacio Martínez. Martínez, cuestionado por violaciones a los derechos humanos, dejó el puesto el 27 de diciembre alegando razones personales y en medio de elogios de Duque. "Salió porque él me esgrimió a mí razones personales que entendí", afirmó el presidente. Marínez fue reemplazado por el general Eduardo Zapateiro Altamirada, quien fue vinculado por familiares del jugador de River, Juan Fernando Quintero, de estar involucrado en la desaparición de su padre, hace 24 años, cuando "Juanfer" tenía apenas dos años. Según Semana, el ex comandante ordenó la entrega de dos equipos de espionaje a dos coroneles, uno activo y otro retirado, que no habrían sido utilizados para misiones oficiales. No es la primera vez que las autoridades de Colombia afrontan señalamientos por seguimientos o interceptaciones ilegales. El desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que dependía de la presidencia, se vio envuelto bajo el gobierno de Uribe (2002-2010) en un escándalo nacional por escuchas ilegales a magistrados de la Corte Suprema, opositores y periodistas. En una entrevista con Semana publicada el 4 de enero, la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, aseguró que los magistrados del tribunal encargado de velar por la Carta Magna creían estar "chuzados". Senadores opositores como Roy Barreras o Iván Cepeda han hecho denuncias en la misma línea. El gobierno de Iván Duque afirmó este lunes que desconocía que militares estuvieran realizando escuchas ilegales a políticos, periodistas y jueces, y pidió sanciones ejemplares contra los uniformados que sean hallados responsables por la justicia. Acompañado del alto mando militar, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, expresó el rechazo del gobierno "a cualquier tipo de persecución, seguimientos o interceptación ilegal en el país". "Solamente se tuvo conocimiento de esos hechos cuando se leyó el artículo (periodístico) que es hoy de conocimiento público", declaró el funcionario en rueda de prensa. El director de la revista, Alejandro Santos, afirmó este lunes que a mediados de diciembre habló con Trujillo sobre una investigación que Semana estaba haciendo sobre interceptaciones ilegales del ejército. "Yo le confirmo que sí estamos investigando temas de 'chuzadas' pero no le doy detalles (. . . ) y él arranca una investigación interna en su momento", aseguró a RCN Radio. El ministro garantizó "transparencia" en el manejo y las investigaciones que promueve sobre el presunto caso de espionaje. "De hallarse que sí hubo irregularidades, el gobierno exige que los responsables sean sancionados de manera ejemplar", enfatizó Trujillo. El fiscal general, Fabio Espitia, anunció la apertura de indagaciones y pidió al ministro que le enviara "inmediatamente" las investigaciones internas que su despacho ha realizado. "Es una información que la fiscalía no tenía, es una información que se conoce por los medios", afirmó Espitia en rueda de prensa. El senador de oposición Roy Barreras, uno de los blancos de las escuchas, desmintió lo dicho este lunes por el gobierno. "Señor Ministro: El Gobierno, el propio Presidente Duque y la @FiscaliaCol YA CONOCÍAN de estos seguimientos ilegales", escribió en su cuenta de Twitter. Barreras agregó que personalmente denunció "estos hechos" al mandatario en julio de 2019 y llevó la denuncia a la fiscalía en agosto. Asimismo, cuestionó que el responsable de Defensa sostenga que solo supo de las escuchas ilegales cuando leyeron la investigación periodística. Y recordó que en su momento el gobierno también quiso ocultar la muerte, en un bombardeo militar, de ocho menores reclutados por guerrilleros disidentes de las disueltas FARC, que firmó la paz en 2016. Barreras dio a conocer esas muertes en un debate contra el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, lo que precipitó su renuncia antes de ser sometido a una moción de censura en el Congreso. Fuente: AFP, EFE y Clarín COMENTARIOS Comentarios CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
