La asunción de un nuevo gobierno de signo opuesto en la Argentina no alteró los objetivos trazados en Washington. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) continúa su avance en las pesquisas contra exfuncionarios kirchneristas, sus cómplices y sus operadores que invirtieron o movieron fondos por Estados Unidos, el Caribe, Panamá, Uruguay y la Argentina, según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes en ambos países. Las investigaciones, que acumulan testimonios, documentos y registros bancarios y societarios, siguen en manos de agentes del FBI que integran la Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars, por sus siglas en inglés) a cargo de la llamada Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia. Aunque radicado ahora en Colombia, uno de los máximos responsables de las pesquisas sobre la Argentina es el agente especial del FBI Jared Randall, quien antes se abocó a la investigación de resonancia mundial conocida como FIFAgate, viajó luego a Buenos Aires y ahora también se aboca desde Bogotá a pesquisas transnacionales sobre corrupción, lavado y otros delitos vinculados a Venezuela. "Como premisa general, la decisión es avanzar en silencio mientras se evalúa si avanzan las investigaciones locales y se sanciona a los responsables. Estados Unidos se mantiene a un costado si las instituciones funcionan y solo se involucra si quedan impunes los delitos con ramificaciones en este país", planteó una fuente con conocimiento interno sobre cómo suele moverse el Departamento de Justicia en investigaciones con impacto bilateral o multilateral. "¿Cuántos brasileños vio sentados estos años ante una Corte estadounidense? Pocos o ninguno. ¿Por qué? Porque la Justicia brasileña mostró un interés real por avanzar en el Lava Jato. ¿Y cuántos venezolanos afrontan acusaciones en Estados Unidos durante el mismo período? Muchos. ¿Por qué? Por la impunidad reinante en Venezuela", se preguntó y respondió a sí misma la fuente. Las investigaciones del FBI vinculadas a la Argentina se concentran en Miami y en Washington, donde los agentes buscan reconstruir quién es quién en el entramado internacional de los negocios con dinero sucio, como también comprender cómo se mueven los jueces y fiscales argentinos que los investigan o deberían investigarlos, según confirmó LA NACION. Esas investigaciones abarcan algunos nombres ya conocidos en la Argentina, como el del financista Ernesto Clarens, quien se acogió al régimen del "arrepentido" en la causa de los cuadernos, que instruye el juez federal Claudio Bonadio, quien en junio de este año ordenó el decomiso de un departamento y una embarcación de Clarens en Estados Unidos. Otro nombre que sirvió de disparador para los sabuesos del FBI es el de Daniel Muñoz, fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner, con inmuebles en Miami y en Nueva York. Entre ellos, dos apartamentos en el legendario Hotel Plaza, frente al Central Park de Manhattan. Tras esos nombres, otros pronto comenzaron a sumarse. Por el lado de Muñoz, el de su socio en la Argentina Gustavo Dorf, "compadre" a su vez del expresidente de Boca y operador judicial de Mauricio Macri Daniel Angelici. Dorf tiene un puñado de acciones en la firma estadounidense Onyx Protective Group Inc. controlante a su vez de Onyx Armor, la gran proveedora de telas y chalecos antibalas en los distritos que controló Cambiemos entre 2015 y 2019. A través de Clarens, la lupa del FBI también se extendió al empresario patagónico Jorge Aidar Bestene, quien ya figuró en los radares de los sabuesos de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). Durante años hurgaron en el posible pago de sobornos en las negociaciones previas al otorgamiento de la concesión del yacimiento Cerro Dragón. Clarens y Aidar Bestene son viejos conocidos. En la Argentina aparecen vinculados, por ejemplo, a la firma Panter SRL, a cargo de la explotación del Paseo de la Infanta hasta que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) decidió no prorrogarles la concesión. Pero las ramificaciones de Clarens que sigue el FBI llegan hasta las costas de Venezuela. Y en particular, a los negocios que un empresario argentino selló con el régimen bolivariano. Se trata de Juan José Levy, quien ya afrontó una investigación judicial en la Argentina que quedó empantanada cuando la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico revocó su procesamiento a la espera de información oficial que debía llegar de Caracas, que nunca contestó. Clarens y Levy son dos eslabones de una cadena que une Buenos Aires con Caracas y que también incluye al abogado Horacio Díaz Sieiro y al exsecretario privado del entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido José María Olazagasti, quien se convirtió con el paso de los años en el enlace clave para la "diplomacia paralela" con Venezuela en tiempos del chavismo en el país caribeño. Las carpetas del FBI incluyen también a Val de Loire, la enigmática sociedad offshore que durante años controló una tajada de Hipódromo de Palermo SA (Hapsa) sin que se lograra determinar quién era el socio oculto que acompañaba al socio mayoritario y visible, Federico de Achával. ¿Ese socio faltante era el propio De Achával, que lo niega? ¿Era Cristóbal López, quien también lo niega? ¿O algún exfuncionario kirchnerista que llegó a cobrar una comisión millonaria cuando López acordó con la catalanes de Cirsa su ingreso accionario en el Casino flotante de Puerto Madero?
