De a poco, los momentos procesales se agotan. Y las salvaciones masivas de empresarios y exfuncionarios que se pregona desde lo más alto del poder, ya tienen menos despachos donde ser interpuestas. O por lo menos, se posponen a para otra instancia y quedan más libradas a la política que al derecho penal. En una resolución de 92 páginas, el juez Claudio Bonadio elevó a juicio la última parte más importante que quedaba aún en etapa de instrucción. De esta manera, toda la parte neuronal de la causa que se inició con la denuncia realizada el 10 de abril del año pasado ya quedó a instancias de un juicio oral. ¿Qué significa esto? Que los hechos que se ventilan, y que tiene que ver con la cartelización de la obra pública y el pago de sobornos en las áreas viales, energéticas o de transporte, quedaron probados por un juez que decidió procesar a más de 115 personas. No solo eso, cada una de esas elevaciones, ya tuvo, al menos, una confirmación de un tribunal de alzada, en este caso, la Cámara Federal. Esta vez marchó para el tribunal oral el expediente llamado "cartelización de la obra pública", donde se investigó las maniobras de entrega de licitaciones de Vialidad Nacional a una treintena de empresas constructoras que, a su vez, pagaban retornos vía la oficina de Ernesto Clarens, un financista que trabajó de la mano de los funcionarios del organismo y que declaró en la causa como arrepentido. La lista de 51 procesados más está, nuevamente, encabezada por Cristina Elisabet Fernández, como se la nombra en Tribunales, por Julio Miguel De Vido, José Francisco López y Clarens, todos ellos por 174 hechos cada uno. Además, también están los jerarcas de Vialidad Nacional que entonces tenían funciones ( Nélson Periotti, Sandro Férgola, Sergio Passacantando y Germán Nivello. Los demás, 43 empresarios de la construcción como Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta (Electroingeniería); Carlos Wagner; Aldo Roggio; Hector Sánchez Caballero y Ángelo Calcaterra (Iecsa); Hugo Dragonetti, de Panedile; Fabián López, de CPC, la constructora de Cristóbal López, y José Cartellone, entre otros. De esta manera, según el recuento que hace el juez, hay "78 personas imputadas, que confesaron haber formado parte y/o afirmaron la existencia de este esquema de corrupción estatal -tanto en relación a la concreción de los pagos ilegales como en la recepción y distribución de los mismos, en el seno de la administración pública nacional, y hasta la cúspide máxima-, al igual que aquéllos sujetos que admitieron haber integrado la estructura conformada para lavar parte del dinero ilícito recaudado por la organización. Sobre ese grupo de imputados, ha recaído auto de procesamiento, confirmado por el un tribual de alzada respecto de 63, cuando la totalidad de los procesados en estos expedientes, asciende a 115 personas. "Es decir que, más del 50% de los procesados, ha reconocido el mecanismo de recaudación ilegal de dinero, involucrando tanto a los empresarios particulares como a los funcionarios públicos", concluye el juez. Pero, quizá, la parte más importante de la resolución es aquella donde se repasan algunos de los ejemplos en los que se logró establecer la trazabilidad del dinero y en los que consta que efectivamente, hubo retiros de dólares, o pesos, y que se desconoce el destino final de esos billetes. 1. Grupo Roggio: entre marzo de 2008 y septiembre de 2009, se extrajeron US$2, 041 millones de sus cuentas bancarias; en tanto que, entre enero y julio de 2009, un ejecutivo de la firma cobró 549 de los 583 cheques pagados por ventanilla, respecto de la firma "Benito Roggio e Hijos SA. ", por un monto total de $ 22.236.000 (US$6.045.336). 2. Electroingeníería: en 2008, se adquirieron y luego se extrajeron US$1.817.000 y 1.838.000 euros; en 2011, se transfirieron US$8.150.000 a cuentas bancarias en los Estados Unidos, bajo el concepto de inversiones de portafolio, sin que tales fondos hayan sido informados en rubros que representen el concepto por el cual se generaron. El 1° de diciembre de 2008 se adquieren 337.000 euros, y al día siguiente se registra un pago de Ferreyra a Roberto Baratta; el 12 de diciembre de 2008 se extraen US$2.000.000 y el 15 hay un pago de Ferreyra a Baratta; el 13 de octubre de 2010 se extraen de las cuentas de la empresa US$3.000.000, y en esa misma fecha, se registra un pago por una suma idéntica, de Jorge Neira a Baratta. Todos estps hechos fueron probados en la causa, al menos para el juez de instrucción. 3. Grupo ODS: entre abril de 2009 y junio de 2010, se adquirieron y luego se extrajeron US$980.000. 4. Decavial: entre 2009 y 2011, registra una diferencia entre la divisa extranjera adquirida y lo expuesto en sus estados contables, de US$5.471.598, cuyo destino se desconoce. En ese período, registra compras de dólares efectuadas dentro de las 48 horas posteriores a los pagos realizados por Vialidad, por un monto total dé US$15.728.700. Ese día se retiraron en efectivo US$11.685.000. 5. Esuco: el 2 de septiembre de 2010, la Unión Transitoria de Empresas "Esuco-Riva" adquiere US$250.000; el 22/09/2010 se retiran por ventanilla U$S 237.050. El destino final se desconoce pero llamativamente esea misma fecha se registra un pago de Wagner a Baratta. 6. Panedile: el 09 de junio de 2010 se extraen US$1 millón -por intermedio de Hugo Alberto Dragonetti (hijo)-, y en esa misma fecha, se registra un pago, por orden del procesado Hugo Alberto Dragonetti, a Baratta. El 1 de junio de 2009 se realizó un pago ilegal por US$313.300. Esa fecha, Dragonetti compróUS$313.500 según datos del Banco Central. Se quedó con 200 dólares. 7. Albanesi: el 30 de agosto de 2013 se extraen $400.000 de la cuenta personal de Armando Loson, entonces número uno de la empresa. En esa misma fecha, se registra un pago del empresario a Nélson Lazarte, uno de los ayudantes de Baratta. El 10 de septiembre de ese año, a su vez, se retiran $400.000, y en esa misma fecha, se registró un pago entre los mismo personajes. ; y con fecha 29/06/2015 se extraen $ 120.000. Además, el 100 % de los cheques debitados entre el 18 y 23 de julio de 2013 de la cuenta empresarial, por un monto de $450.000, podrían guardar relación con los pagos realizados con fecha 18 y 25 de julio de 2013, ambos efectuados por Loson a Lazarte. 8 . Chediack: el 16 de septiembre de 2011 hubo un pago ilegal por $1.428.675. Casualmente, ese día se retiraron de la cuenta de la empresa, en efectivo, U$S320.000. El dólar cotizaba $4,165, lo que arroja un número final de $1.332.800. Casualidades financieras. La causa tomó cuerpo de la mano de las declaraciones y las pruebas colectadas, mucho más allá de lo que anotó el chofer Oscar Centeno y luego verificó y denunció La Nacion. Para ilustrar, sirve una cita de Bonadio sobre los dichos de Aldo Roggio, uno de los empresarios más poderosos del país. El histórico constructor dice que fue extorsionado y que los casos por él reconocido fueron exigencias indebidas e Íntimidatorias de funcionarios que lo amenazaban permanente de que podían demorar y hasta anular el pago de los certificados de obras pendientes o sufrir otros males económicos. La defensa jamás niega los hechos, sino que dice que no sería el delito de cohecho el que se encuadra en la conducta. "Además, en el escrito se sostiene que Aldo Roggio no pretendió obtener ningún favor indebido de la administración pública sino que en realidad él recibió presiones de agentes del Estado para "colaborar" con aportes. Concluyen que su asistido fue víctima de una intimidación extorsiva que lo colocó en rehén" de los funcionarios públicos y que no tuvo un auténtico ejercicio de libertad", refiere el escrito de elevación a juicio en la página 49. Así se llegó la prueba de la causa de corrupción más grande de la historia, que con 115 procesados ya espera que se lleve adelante el juicio oral. Mientras tanto la política prefiere decir que se trata de persecusión y los pagadores y recaudadores, que son presos políticos.
